En tiempos en que en muchos países la violencia se vuelve moneda corriente para intentar acallar a los pueblos, nuestra lucha tiene más vigencia que nunca. Es que la violencia institucional, la violencia del poder, es lo que alienta la violencia social, incluida la violencia machista. Con 223 asesinatos por odio de género en los seis primeros meses del año, en nuestro país se comete un femicidio cada 27 horas y un travesticidio cada 96 horas.

Cuando allá en 2015 despertaba el feminismo al grito de Ni Una Menos para luchar contra la violencia machista, buscamos los responsables de que lo personal fuera político y encontramos al principal: el Estado. Analizamos quiénes legitiman cada acción violenta que padecemos, que a menudo tratamos de resolver en soledad y que a veces nos llevan a la muerte. La respuesta no fue una sorpresa: las instituciones del sistema. El gobierno que no destina plata para combatir la violencia, la justicia y la policía patriarcales, el Senado dinosaurio, las iglesias católica y evangélicas que atacan la “ideología de género”, todos formateados por prácticas misóginas y de odio hacia las mujeres y las disidencias. Entonces empezamos a organizarnos, sabiendo que había leyes para actuar:

• Ya desde 2006 teníamos la Ley 26.150, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
• “Para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, desde 2009 tenemos la Ley 26.485 que incluye todos los dispositivos necesarios.
• A fines de 2015 logramos la aprobación de la Ley 27.210 para garantizar el patrocinio jurídico gratuito.
• Y el año pasado, conquistamos los subsidios para hijes de víctimas de femicidio con la Ley Brisa 27.452 y la capacitación en género de los funcionarios de los tres poderes del Estado con la Ley Micaela 27.499.

O sea, la mayoría del acceso a derechos que necesitamos ya tiene marco legal. ¿Pero por qué cada día que encendemos la tele o la radio nos horroriza un nuevo femicidio, como hace poco el de Brisa en Pilar? Y todos con historias que muestran la responsabilidad del Estado y sus instituciones.

La respuesta puede parecer obvia, pero si algo no falta son leyes. ¡Lo que falta es que el gobierno y el Congreso pongan presupuesto suficiente para garantizar la aplicación de esas leyes!

Y la plata está. El problema es que la destinan a otros fines. Si por ejemplo, en vez de pagar el año próximo 37.000 millones de dólares por intereses de deuda externa, esos fondos se destinaran a prevenir y combatir la violencia de género, ésta se reduciría sustancialmente. Por eso nosotres decimos No al FMI, padre de todos los ajustes que precarizan y violentan nuestras vidas (y las del mundo entero).

Otro enemigo de nuestros derechos que el Estado banca con la plata de todes es la Iglesia y la educación religiosa. Incumpliendo lo que prometió Marcos Peña meses atrás, no se reducirá lo que se va en sueldos y jubilaciones de obispos, curas y becas de seminaristas. Y los colegios religiosos siguen recibiendo miles de millones de pesos al año. Sostener esos privilegios implica desfinanciar nuestros derechos y encima pagar su campaña anti-“ideología de género” que favorece la violencia machista.

Por eso este 25N volveremos a exigir en las calles presupuesto de emergencia en violencia de género, el no pago al FMI, separar la Iglesia Católica del Estado y anular todos los subsidios religiosos. ¡Plata para nosotres y no para las instituciones anti-derechos es el camino para lograr Ni Una Menos!