Como dijimos al inicio de esta nota, la estructura impositiva del país es un reflejo de su estructura económica. Aun así, en comparación, en la Argentina la matriz de impuestos en general es bastante más regresiva que en otros países capitalistas e incluso imperialistas. Por eso la eterna queja empresarial sobre la «presión tributaria» son puras lágrimas de cocodrilo.

Por ejemplo, en los Estados Unidos el impuesto a la renta (Ganancias) aporta más de la mitad del total de los ingresos del gobierno federal. En Canadá el IVA es del 5%, mientras que el impuesto a la renta va del 15 al 33%. En Francia, el IVA es del 5,5% para los alimentos, gas, luz e higiene femenina y del 2,1% para los medicamentos…

Como parte de un nuevo modelo económico, entonces, que incluya no pagar la deuda externa, nacionalizar la banca y el comercio exterior y reestatizar las empresas privatizadas de servicios bajo control social, hace falta llevar adelante una profunda reforma en materia fiscal. Es preciso revertir la desigualdad actual e imponer una verdadera progresividad tributaria a fin de que paguen más los que más tienen y más ganan. Nuestra propuesta concreta de reforma se basa en los siguientes puntos clave:
Coparticipación. Para evitar la disputa interdistrital permanente(1) y a la vez recuperar la necesaria unidad de las políticas públicas en los sistemas de educación y de salud, ambos servicios deben volver a la órbita del Estado nacional, como parte de una mayor centralización fiscal.

IVA. Anularlo para todos los productos que componen la canasta familiar. Esta simple medida nos permitiría bajar de inmediato sus respectivos precios en un 21% o un 10,5% según el caso. ¡Esto sí que sería «poner plata en el bolsillo de la gente»!
Junto con eso, para ayudar a combatir la inflación, control social de los costos reales a las grandes empresas formadoras de precios.

Ganancias. Anular en forma definitiva el impuesto al salario y establecer una escala de tasas fuertemente diferenciadas, en especial para gravar las utilidades de los bancos, los grandes grupos económicos y las multinacionales.

Para combatir la elusión y la evasión, apertura de los libros contables de dichas empresas bajo el control de sus trabajadorxs y derogación del secreto bancario (Comunicación «A» 6624 del BCRA y art. 39 de la Ley 21.526 de Entidades Financieras).

Retenciones. Aumentarlas de manera sustancial para las exportaciones de las petroleras y mineras, como medida transitoria mientras se avanza en renacionalizar esos bienes comunes bajo control social. Prohibir la megaminería y el fracking.

En el campo, como parte de una reforma agraria que ponga fin al latifundio y recupere el monopolio estatal del comercio exterior, ampliar la actual segmentación: retenciones muy superiores para las agroexportadoras y, en cambio, nulas para los pequeños productores. Prohibir los agrotóxicos.

Renta financiera. Gravar fuertemente todas estas operaciones no productivas -como el reparto de dividendos empresarios, los plazos fijos de alto monto y la compraventa de acciones, bonos y/o títulos públicos-, que hoy en su mayoría siguen exentas de impuestos.
Juego. Elevar las tasas para todas las modalidades (loterías, apuestas deportivas, casinos -de mesa y/o máquinas tragamonedas- y bingos) y reestatizar bajo control social los juegos de azar, hipódromos y similares privatizados, en el camino de su progresiva reducción a cero.

Riqueza. Aumentar la segmentación de las alícuotas vigentes del Impuesto a los Bienes Personales y gravar con un fuerte y creciente impuesto especial a las grandes fortunas, máxime si se trata de propiedades y demás bienes en el exterior.

Inmobiliario. Unificar la titularidad y diferenciar mucho más la escala de alícuotas: tasa cero para la vivienda única y, en cambio, elevada proporcionalmente para los multipropietarios, grandes inmuebles urbanos y rurales, countries e inmuebles de lujo.
A su vez, ante el déficit habitacional, para ampliar la oferta de alquileres, bajar su precio y combatir la especulación inmobiliaria, duplicar la tasa del ABL de toda vivienda -excepto la propia- que permanezca ociosa por más de un año.

Seguridad social. Derogar todas las rebajas y detracciones concedidas sobre las contribuciones patronales y retrotraer los porcentajes a sus valores originales. Para evitar las maniobras, control de la ANSeS y el INSSJP (PAMI) por lxs jubiladxs y trabajadorxs.

Exenciones. Anular todas las de rango nacional, provincial y/o municipal que benefician a la Iglesia Católica y a los demás cultos religiosos, incluidas sus instituciones educativas (¡hasta una universidad privada de las más caras, como la UCA, no paga ABL!).

Derogar todas las exenciones otorgadas a empresas de software, tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y varios otros regímenes especiales de privilegio fiscal.

Por supuesto, aparte de qué sectores sociales los pagan, el otro factor decisivo de los impuestos es a qué objetivos el Estado destina los fondos recaudados. En ese sentido, por supuesto, rechazamos que el eje del presupuesto del Estado se destine a pagar a los bonistas extranjeros y la fraudulenta deuda externa en lugar de cumplir con la tan postergada «deuda interna» de las necesidades sociales.

P. V.

1 Hoy en la Corte Suprema de la Nación hay más de 60 causas judiciales en trámite por divergencias en la distribución de la coparticipación federal.