La Ley de Presupuesto, cuyo proyecto presentó el ministro Guzmán el martes 15, es un instrumento legal que debe sancionar el parlamento y que es un indicativo de hacia dónde dirigirá sus inversiones y sus gastos el Estado nacional y como obtendrá los recursos para financiar esos gastos e inversiones.

Escriben: Carlos Carcione y Nicolás Zuittón

Además de hacer predicciones para justificarlo, entre otros el proyecto presentado pronostica la inflación anual en 29%, el precio del dólar al final de 2021 en 101 pesos, y hace también una predicción del crecimiento económico, en este caso indica que habrá un crecimiento del 5,5%. Otro pronostico llamativo y de dudoso cumplimiento es que ya no habrá pandemia. Es decir, no está contemplado en el proyecto de ley sostener gastos en salud o destinados a apoyo social a las familias, al contrario, en términos reales la inversión o gasto social y en salud baja.

Así, las partidas van dirigidas hacia las aéreas en que el gobierno de Alberto Fernández tiene que atender como seguridad, gastos sociales, gastos económicos y pago de deuda entre otras. A grandes rasgos el proyecto señala que el monto total de gastos superará los 8 billones de pesos. Mientras que los recursos alcanzarán algo más de 6 billones de pesos y cuyas principales fuentes son impuestos que paga la totalidad de la población, como el IVA, por lo tanto son impuestos regresivos porque tienen proporcionalmente más peso en los ingresos de los trabajadores que en los de los empresarios. Y por otra parte el impuesto a las ganancias que también pagan los asalariados. Tampoco hay ningún cambio progresivo en este proyecto, en cómo recaudará sus recursos el Estado. Por el contrario, se conoció luego de presentado el proyecto, que el gobierno estaría estudiando una baja de las retenciones a las exportaciones agrícolas. Y tampoco se contempla en el documento ningún impuesto a las grandes fortunas. Otro paso en la profundización de la desigualdad.

El proyecto de presupuesto nacional 2021 que el ministro Guzmán presentó en la Cámara de Diputados refleja la hoja de ruta del gobierno. Condicionado por las negociaciones con el FMI, que por lo que dicen la letra y los números, el proyecto da a entender que ya estarían acordadas, es en sí mismo un instrumento de ajuste que no incentiva ni la reactivación económica ni la recuperación del nivel de vida de los trabajadores.

Qué dice y cuál es la realidad

Haciendo abstracción de lo que sigue ocurriendo en el mundo y el país, el presupuesto no contempla la continuidad de la pandemia, de tal modo que en el proyecto presentado se reduce el gasto en salud, aproximadamente en un 9% si se lo compara con la partida del 2020. Y el argumento es que no es comparable la situación de las necesidades de este año con el próximo. Es decir que no se contempla ni el mejoramiento de la infraestructura de salud ni la incorporación de personal de salud, que durante todo el desarrollo de la pandemia quedó en evidencia no solo que es insuficiente sino que además recibe salarios miserables.

En lo que hace a gastos de seguridad social, el recorte es todavía mayor, cercano al 15%, aquí entra la eliminación del Ingreso Familiar de Emergencia y todavía no está claro cómo será el método de cálculo para las jubilaciones y pensiones.
En educación, por ejemplo, aunque se considera un aumento de las partidas, no toma en cuenta el ajuste provocado en el 2020.

Mientras tanto, a pesar del discurso de que habría un desahogo en los pagos de deuda, el ítem de Servicios de Deuda Pública sigue siendo superior por mucho a los gastos sociales, alcanzando al 1,5% del PBI proyectado. Esto representa el cuádruple de lo destinado a la construcción de viviendas. Que por cierto no tiene objetivos en el proyecto de ley enviado al parlamento.

Por otra parte lo destinado a Seguridad y Defensa, como ya lo anunció el presidente Fernández, también crece en términos absolutos.

Bajo un discurso de prudencia y números supuestamente racionales se oculta una política de ajuste a la baja para atender las necesidades más urgentes de los trabajadores.

Pero estos ajustes podrían empeorar si tomamos en cuenta que el pronóstico de inflación del 29% es difícil de no superar. Lo mismo que el crecimiento económico del 5%, que estaría lejos de recuperar la caída del 2020 proyectada en 12%. Esto significa que no hay políticas activas para revertir la desocupación que según el INDEC ya está ubicada en el 30% de la población en condiciones de trabajar.

El condicionante de la deuda. Al contrario de lo que sostiene el presidente Fernández y su ministro Guzmán, este presupuesto está condicionado por el acuerdo de postergación de los pagos de la deuda con los bonistas y por las negociaciones con el FMI. Independientemente de que se haya reducido para este año, la carga de los pagos en el presupuesto pone un límite a las políticas necesarias para establecer un crecimiento económico suficiente para recuperar los niveles previos a la pandemia. Esta es otra consecuencia de pagar o renegociar una deuda fraudulenta y que fue usada casi totalmente para la fuga de capitales de los sectores más privilegiados de la sociedad. La renegociación lo único que logró y logrará es hipotecar el futuro de la actual y la próxima generación. Por eso el no pago de esa deuda odiosa sigue estando planteado como tarea.

Otro sistema impositivo, progresivo. Al contrario del actual sistema impositivo que expolia a los trabajadores y los pequeños propietarios, es necesario un cambio de raíz de las fuentes de los ingresos para las inversiones y gastos del presupuesto. La aplicación de un fuerte impuesto a las grandes fortunas sería un paso en la dirección de implementar políticas de la reactivación económicas.

Un plan de obras públicas. El drama del déficit de viviendas ya lo pusimos en números en otro artículo de este número, pero enfrentar ese déficit con un verdadero plan de obras de construcción de las viviendas con objetivos y plazos concretos y de obras públicas que lo acompañe, no solo resolvería el déficit, sino que resolvería con una política de impacto inmediato gran parte de la desocupación actual.

Si este tipo de medidas no se toman, si no se resuelven los graves problemas que sufren los trabajadores y los sectores populares, estamos frente a un 2021, de luchas justas y legítimas por las necesidades que está sufriendo el pueblo trabajador.