La Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) fue una banda fascista que operó durante el tercer gobierno peronista. Obró como antesala de la dictadura porque hubo una planificación desde el Estado que incluyó «zonas liberadas» para exterminar a parte de lo mejor de los luchadores obreros, estudiantiles, populares y dirigentes de la izquierda de aquella época. Fueron más de 1.500 asesinatos, 600 desapariciones y centenares de atentados. El PST, nuestro partido antecesor, sufrió en carne propia este accionar con 16 muertos, al igual que cientos de compañeros de otras organizaciones.

La Triple A fue la expresión más cruda de una política reaccionaria que incluyó un progresivo recorte de las libertades democráticas durante el gobierno peronista, listas negras, intervención universitaria, patotas sindicales, la Juventud Sindical Peronista, la CNU, el Comando de Organización de la JP y otras bandas conexas. Los decretos de «exterminio» en 1975 habilitaron la utilización del Ejército en la represión que luego pegó un salto con la dictadura.

Los gobiernos que se sucedieron en estos 38 años de democracia burguesa se negaron explícitamente a investigar hasta el final a la Triple A. La información que se obtuvo y divulgó ha sido mérito de periodistas (1) y sectores de derechos humanos y de izquierda, que se movilizaron y desnudaron sus organigramas y entrelazamiento con la policía, la burocracia y el aparato del estado. Producto de ello algunos de sus miembros pasaron por la cárcel, pero ninguno recibió el castigo que correspondía.

El manto de impunidad apunta a encubrir a sus responsables políticos: el PJ, la dirigencia de la CGT y, sobre todo, el mismísimo General Perón, ideólogo y creador de esta herramienta represiva. Cada vez que el tema se ventiló en los juzgados, la causa terminó cajoneada.

Como entre 2007 y 2008, en vida de Kirchner, cuyo discurso estaba barnizado con las banderas de los derechos humanos, se incriminó a Isabel Perón y parecía que se iba a poder avanzar. Pero el gobierno pactó con la burocracia y el aparato pejotista y luego de empapelar las paredes con la leyenda «No jodan con Perón», todo quedó en la nada.

La responsabilidad del General

La literatura y las investigaciones realizadas suman suficiente evidencia de la responsabilidad de Perón y la intervención orgánica del PJ en la génesis y el accionar de la banda criminal.

Pese a que suele afirmarse que la Triple A comenzó a actuar después de la muerte del General, la cronología criminal lo desmiente. Tampoco es real que la responsabilidad política se agote en el ministro López Rega o a lo sumo en Isabel Perón. Cuando «el Brujo» fue tumbado por una huelga general, se encontró un arsenal en su Ministerio de Bienestar Social. Sería infantil suponer que Perón desconociera tamaña parafernalia. La teoría del «cerco» sanitario tendido alrededor de Perón fue sostenida por sectores de la izquierda peronista hasta que el propio general los llamó «imberbes» y los echó de la Plaza de Mayo.

La propuesta de Perón de crear un somatén -grupo paramilitar catalán que luego daría origen a las falanges franquistas- está bien descripta en El presidente que no fue, libro de Miguel Bonasso. Lo mismo la masacre de Ezeiza, cuyo responsable el teniente coronel Osinde fue designado por el propio Perón y confirmado de inmediato como responsable de las relaciones militares, trabajando en colaboración con López Rega.

Tal vez la muestra más palmaria del dedo de Perón en la génesis de la AAA, es la llamada «Orden secreta». Cinco días después del asesinato del burócrata José Ignacio Rucci, secretario de la CGT, en octubre de 1973 el Consejo Superior Peronista bajo la batuta del entonces presidente Perón genera su «Documento reservado», luego conocido como «Orden secreta». En una reunión con gobernadores, burócratas sindicales y funcionarios, habilita a las patotas a que actúen contra «los marxistas» y define que hay que «impedir por cualquier medio» la proliferación de las corrientes políticas y gremiales clasistas.

La confluencia de elementos de las fuerzas policiales y de seguridad, militantes de organizaciones peronistas de derecha como el CNU y el C de O y de las patotas armadas de los sindicatos están en el origen de la Triple A. Van gestando un comando central, financiado, armado y dirigido desde el Ministerio de Bienestar Social por López Rega, con el visto bueno de las patronales que quería «limpiar» de activistas sus empresas.
Estas bandas empiezan a accionar en común y a subordinarse a las Fuerzas Armadas. Dos ejemplos de ello son el llamado Operativo Independencia en Tucumán y la operación conjunta contra la heroica huelga de 60 días en Villa Constitución. Así los sectores operativos de la Triple A terminan integrados totalmente a los «grupos de tareas» de la dictadura, compartiendo el objetivo común de liquidar a una generación de luchadores obreros y populares.

Socios en la impunidad

El pacto de silencio para preservar la responsabilidad de Perón y de burócratas sindicales y dirigentes políticos aún en actividad, no sólo involucra al PJ y su Movimiento Nacional Peronista. La UCR, cuyo líder de la época Ricardo Balbín, denunciaba al activismo combativo como «guerrilla industrial», y demás sectores de derecha acuerdan en sostener la impunidad. Y por supuesto la burocracia sindical de todo pelaje.

Si realmente existiera voluntad política de avanzar se podrían reactivar los procesos para esclarecer toda la verdad sobre la Triple A y castigar a todos los responsables. Esclareciendo de una vez las responsabilidades políticas de la creación de la AAA, las listas de implicados, quiénes dieron las órdenes y quiénes las ejecutaron. Y se debería disponer la inmediata apertura de todos los archivos de la época, tanto de la ex SIDE como de los servicios de inteligencia policiales y militares, así como de los ministerios y sindicatos. Haciendo públicas todas las «órdenes secretas» dictadas entonces.