El 22 de junio se confirmó la elevación a juicio para les 27 estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), procesados por participar de la lucha en defensa de la educación pública durante el 2018. La Justicia Federal avanza de manera irregular, sin juez firme y vulnerando el derecho a legítima defensa. La contra cara de esto son las decenas de organizaciones sociales, políticas, sindicales y feministas, docentes, estudiantes, artistas y figuras reconocidas que se han expresado por la absolución de les 27. Sólo se ha negado a hacerlo el propio Consejo Superior de la UNC.

Escribe: Lina Avila

Procesar estudiantes por llevar adelante tomas masivas de edificios en defensa de la educación pública es un escándalo poco habitual, que tiene por objetivo amedrentar al movimiento estudiantil para allanar el camino de las políticas privatizadoras. Este avance vulnera la autonomía universitaria, conquistada hace más de 100 años y pensada justamente para evitar la injerencia de instituciones reaccionarias en la vida de la universidad.

Se acusa de usurpación por despojo a les 27 estudiantes en un claro intento de criminalizar la protesta social. Al procesarles por esta causa, lo que la Justicia afirma es que les estudiantes tenían la intención de adueñarse del inmueble técnicamente usurpado. Ridículo por donde se lo mire, ya que de lo que se trató fue de una ocupación pacífica de decenas de edificios universitarios a lo largo del país. Han pasado ya 53 años desde mayo del 68 y, todavía hoy, la Justicia sigue sin entender eso de que las barricadas cierran las calles pero abren el camino. En 2018 nadie quería más que les estudiantes que la Universidad funcionara, justamente para que eso fuera posible, la tomaron y cerraron, porque era la única y mejor manera de defenderla de las garras del macrismo.

Un breve repaso de los hechos

En 2018 el gobierno de Macri inició un claro ataque a la educación superior, intentando imponer el Plan Bolonia, recortando incumbencias de los títulos universitarios y realizando la CRES junto a rectores de Latinoamérica, para darle impulso a su modelo privatista. Estos ataques habían recibido ya una primera respuesta, pero la chispa que encendió la masividad fue el conflicto docente por salarios dignos.

El segundo cuatrimestre de cursado no inició completamente. Desde la comunidad universitaria organizamos exposiciones, marchas, clases públicas, asambleas para apoyar el paro docente. Al calor del conflicto se avanzó en tomar decenas de edificios universitarios en todo el país. Córdoba fue el epicentro de esta rebelión universitaria, con asambleas en la mayoría de las facultades, siete tomas activas, entre las cuales estaba la del Pabellón Argentina y exigencias tanto al gobierno como al rectorado. Les estudiantes conquistamos una mesa de negociación para hacer escuchar nuestros reclamos.

CONADU y CONADUH aceptaron un aumento muy por debajo de lo que se podía conquistar, las conducciones de los centros de estudiantes en manos del kirchnerismo y el radicalismo abandonaron el proceso de lucha, dándole la espalda a miles de estudiantes que exigían una respuesta a sus reclamos. La denuncia presentada por el empresario dueño del bar del Pabellón Argentina que se quejaba de no poder acceder, fue aprovechada por el rectorado para presentar un acta a la Justicia con los nombres de les estudiantes representantes de las facultades que habían asistido a la Mesa de diálogo. ¿La excusa? Demostrar que no eran responsables de lo que pasaba en el Pabellón Argentina y que el mismo estaba en manos de les estudiantes con los que se estaba negociando.

Derechos y humanos

Las exigencias del estudiantado eran claras: plata para becas tanto integrales como de comedor, anulación del convenio con la policía que venía de balear dos jóvenes en Ciudad Universitaria, y la creación de nuevos protocolos contra la violencia de género, entre otras que aún hoy siguen sin respuesta. El juez Hugo Vaca Narvaja, supuestamente progresista e integrante de Justicia Legítima, junto a la fiscal Graciela López de Filoñuk consideraron, de manera unilateral, que el conflicto ya había terminado y que, por lo tanto, la toma era excesiva. Imputaron, así, a les 27 delegades que, habían participado de las mesas de diálogo con el rectorado. Cabe aclarar que muches de les delegades estudiantiles procesades por la toma del Pabellón Argentina nunca participaron de la misma. Se atacó conscientemente a la dirección genuina surgida desde las bases, ante la borrada de todos los centros de estudiantes.

El proceso avanzó rápido. Acusaron a les estudiantes haciendo que se enfrenten a una pena que puede ir de 6 meses a tres años de prisión. Si bien en caso de ser condenados difícilmente vayan a la cárcel, sí pueden ser expulsados de las facultades y, en caso de sumar algún otro delito excarcelable, sí deberían cumplir años de cárcel efectiva.
La criminalización pretende pisotear una tradición de lucha surgida en la revolución universitaria de 1918 y que la comunidad universitaria ha enriquecido en las peleas por el ingreso irrestricto, por la gratuidad, contra los arancelamientos, contra la Ley de Educación Superior y por más presupuesto.

Unidad para triunfar

En los últimos días la solidaridad con les 27 procesades ha crecido. Sindicatos, Consejos Directivos y organizaciones de todo tipo se han pronunciado por la absolución. El desafío ahora es unificar estos apoyos en acciones concretas para torcerle el brazo a la Justicia.
La virtualidad facilita la fragmentación política del movimiento estudiantil y vuelve prácticamente imposible el debate colectivo y la participación masiva.

Algunas corrientes sectarias y ultra marginales en la universidad, aprovechan esta situación para autoproclamarse como supuesta dirección del proceso. Como si, por repetirlo, alguna vez fuera a volverse cierto. Por supuesto que, su acción divisionista y ultra, lejos de ampliar el arco de apoyo lo restringe, llevando la lucha a una situación de aislamiento que sólo favorece los intentos de criminalización.

Para conquistar la absolución es necesario rodear de la máxima solidaridad a les procesades, convocando a todas las organizaciones que se reivindiquen democráticas, que estén en contra de la represión, de la criminalización de la protesta y del avasallamiento de la autonomía universitaria. Un primer paso sería convocar a sumarse a la campaña por la absolución a las decenas de organizaciones con las que convocamos a la importante movilización del 13 de junio. Y al igual que en ese momento logremos arrastrar a la pelea a espacios como La Bisagra, que conducen siete centros de estudiantes.

El desafío es lograr unir la mayor cantidad de espacios para ampliar el reclamo y fortalecer una campaña nacional que conquiste la absolución de les estudiantes. Una campaña donde quede claro que educarse y rebelarse no son delitos, son derechos.