Con Sergio Massa como voz de mando, el Frente de Todos se dispone a suspender por 180 días la Ley de Alquileres. ¿La razón? Un fracaso rotundo de la iniciativa aprobada en 2020. A pesar de los puntos que propician cierta estabilidad para los inquilinos, la Ley cuestionada habilitó aumentos por encima del 50%. Por otra parte, el lobby inmobiliario pide que se termine con una normativa que «distorsiona» el mercado atentando contra la oferta. La voz del gobierno se inclina por la defensa de los terratenientes de las ciudades. Se vuelve urgente una ley que contemple las necesidades de las mayorías trabajadoras y se avance en un plan de construcción de viviendas populares.

Escribe: Nicolás Zuttión

Nuestro país convive con múltiples crisis de manera simultánea. La social, que se refleja con un índice de más del 40% de la población en la pobreza, la económica con una inflación interanual que pasa los 50 puntos y una deuda que toma con pinzas los futuros de las mayorías sociales; otra sanitaria, con un presupuesto deteriorado por el ajuste de Guzmán y una pandemia que azota al sistema sanitario entre flujos y reflujos de contagios por la pandemia del Covid-19. Sin embargo, el mapeo de los factores que determinan el estado de Argentina no termina acá, también existe una crisis de la vivienda que, según registró el Censo Nacional de 2010, alcanza a más de 3,5 millones de personas.

La semana pasada, el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, tomó la iniciativa ante el descontento que despertó la Ley de Alquileres. El ex intendente de Tigre, en un acto por el Día de la Construcción, afirmó: «(…) en el Gobierno anterior, el Congreso sancionó, no con mala fe, sino buscando una solución a un problema, una ley que fracasó, y que pretendía asegurar a inquilinos y propietarios». Veamos a qué llama fracaso Massa.

La truncada Ley de Alquileres

En medio de la crisis de contagios del año pasado, el Senado nacional aprobó la nueva Ley de Alquileres que disponía de algunas mejoras para los inquilinos con respecto a los propietarios. Entre esas salvedades se encontraban:
· la obligación de un contrato mínimo de 3 años;
· una cláusula que sólo permitía el cobro de un mes de adelanto y un mes de depósito;
· la exención del pago de impuestos (ABL, ARBA) y expensas extraordinarias para el inquilino, y
· la posibilidad de presentar diferentes formas de garantías para poder alquilar.
Sin embargo, este mejoramiento de la situación de los inquilinos no representó una repuesta integral al verdadero martirio que sufren las 9 millones1 de personas que se encuentran alquilando en nuestro país. Algo que empeoró aún más con la nueva fórmula2 de cálculo para el aumento anual del alquiler. Si bien se esperaba corrija la libre decisión del locatario de disponer la suma por su cuenta, la nueva fórmula propuesta por la Ley de Alquileres arrojó aumentos por más del 50%. Un porcentaje que, para la mayoría de los asalariados, supera lo conseguido por las magras paritarias que se han dado en el año3.
Con este panorama, alquilar profundizó el tormento que significaba previamente. Como lo demuestra una medición realizada en junio de 2020 por Inquilinos Agrupados4, el 49% de los inquilinos tiene problemas para pagar el alquiler, mientras que el 67% de los mismos admitió estar endeudado o recibiendo alguna ayuda familiar para poder pagar5.
De todas formas, este no es el fracaso que preocupa a Massa, continuemos.

Lobby inmobiliario

La preocupación que manifestó el gobierno en voz de Massa, no parte de lo anteriormente expuesto, sino de la situación que denuncian las inmobiliarias y los propietarios. Los mismos que al imponerle estas medidas parciales, quitaron sus inmuebles del mercado provocando una alta demanda de viviendas y consecuentemente una suba en los valores para poder alquilar.

Como respuesta ante las presiones de estos sectores, la decisión del Frente de Todos reside en querer volver atrás y «congelar» por 180 días la ley vigente. Un retroceso que eliminaría los puntos progresivos que fueron enumerados y retrotraería la situación a principios de 2020 donde regían los artículos del Código Civil. Ergo, una desregulación completa sobre los alquileres donde las inmobiliarias puedan volver a cobrar los meses de adelanto y depósito que quieran. Un nuevo regalo para los sectores concentrados que ven a la (timorata) actual ley como una medida que «Por exigir demasiado, hicieron que se ofrezcan menos propiedades, o bien que se hagan contratos por fuera de la ley»6.

Volver a la etapa previa, es dejar al libre albedrío de los terratenientes de las ciudades un problema mayúsculo que compete a la mayoría de los trabajadores. El conjunto de las inmobiliarias machaca con volver al falso «consenso libre entre las partes», para poder imponer nuevamente todas las condiciones que le plazca a la hora de cerrar un contrato. Lo que para Massa sería la posibilidad de que los propietarios vuelvan a «desarrollar el negocio».

Una salida al problema

El episodio que ocurrió el año pasado en Guernica, que tuvo su correlato este 2021 en CABA en el barrio Carlos Mugica (ex Villa 31), manifiesta que ninguna de las dos principales coaliciones gobernantes del régimen político tiene propuestas en defensa de las necesidades de las mayorías populares. Como lo reflejan los episodios mencionados, tanto el Frente de Todos con Kicillof y Berni a la cabeza, como Larreta en representación de Juntos, imprimieron como respuesta ante la necesidad de un pedazo de tierra para vivir, una represión estatal que selló la grieta en defensa de los intereses concentrados.
Desde el MST en el FIT-Unidad, creemos que es urgente plantear medidas y soluciones que ataquen estructuralmente al problema de la falta de vivienda.

En primer término, es necesario avanzar a una nueva ley de alquileres pero que tome como eje los intereses de los inquilinos. El proyecto de Ley de alquiler social7, presentado por Alejandro Bodart en la Legislatura porteña en 2015, es una iniciativa a plasmar a nivel nacional. Con la contemplación de una garantía más un subsidio variable del Estado al inquilino, que funciona también como un reaseguro para el propietario en cuanto a la certeza del cobro del alquiler, más un fuerte impuesto a la vivienda ociosa, para terminar con las maniobras de las inmobiliarias obligándolas a sumar más unidades de alquiler al mercado, así se podría lograr un abaratamiento de los alquileres.

Pero nuestra solución no termina acá, si no que es integral. Conjuntamente a lo dicho hay que avanzar en la puesta en marcha de un plan de obras públicas que garantice cuanto antes la construcción de viviendas para las mayorías trabajadoras y populares que hoy, en el capitalismo, tienen negado el derecho a la vivienda. Para lo propuesto es obvio que hay que tocar intereses, entre ellos, el de los organismos de créditos y los acreedores privados de la deuda externa. Poniéndole fin a ese saqueo ilegal e ilegítimo, y diciéndole no a un nuevo acuerdo con el FMI, se podría hacer realidad el derecho básico a la vivienda digna.

1 Este dato se desprende de un estudio realizado por la Asociación Civil Inquilinos Agrupados.
2 El nuevo cálculo se calcula entre el resultado arrojado por el índice de inflación (IPC) y los aumentos de salarios (RIPTE).
3 Según un trabajo realizado por el portal Ámbito, sólo 7 acuerdos salariales en el país superaron el 50%. Fuente: Ranking de paritarias 2021: ¿por cuánto cerró cada sindicato?
4 Inquilinos Agrupados: cada vez más inquilinos se endeudan para pagar el alquiler.
5 A pesar de haber transcurrido más de un año del estudio, es una tendencia que persiste en el país.
6 Declaraciones de Mariano García Malbrán, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi) para Página 12.
7 Ley de alquiler social (09/04/15).