Escribe: Gustavo Giménez

Mientras una maniobra especulativa hace subir el precio del dólar y el riesgo país alienta un aumento incesante de los precios, para presionar que se cierre cuanto antes un acuerdo con el Fondo el gobierno prepara su programa plurianual para enviarlo al Congreso con las condiciones de ajuste que Georgieva y Lipton le exigen a Guzmán.

Las escasas reservas de libre disponibilidad rondan en U$S 2.900 millones, a las que habría que sumarles otros U$S 3.600 millones de posiciones en oro del Banco Central. El próximo 22/12 vencen otros U$S 1.892 millones de capital del fraudulento crédito tomado por Macri, los que serán pagados con los DEGs. Si tomamos los pagos pendientes hasta marzo la cifra se eleva a un escalofriante número de U$S 5.858 millones y los compromisos totales para 2022 y 2023 rondan impagables U$S 19.000 millones por año.

Todo se encamina a la firma del acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo. La última carta de Cristina es un claro apoyo al envío del presidente del programa plurianual al Congreso. Desde Cristina a Kicillof –que ha incluido en su proyecto de presupuesto 2022 la cifra de U$S 288 millones de dólares para cancelar pagos de una importante deuda contraída por Vidal –, hasta los burócratas de la CGT, se alinean detrás del acuerdo.
Múltiples reuniones con empresarios, como la realizada por Manzur, Beliz y Wado De Pedro con el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (CICyP), más el tratamiento del programa plurianual en el Congreso, en el cual esta descontado el voto de las bancadas de la derecha de Juntos por el Cambio, el apoyo de liberales y partidos provinciales, completan el cuadro.

Deuda impagable, terrible ajuste y más dependencia

El crédito por U$S 44.800 millones contraído por Macri es, como lo denuncia este gobierno en cada intervención, una gran estafa al país. No vimos un solo dólar, ya que como lo reconoció Macri gran parte del mismo fue a parar a los bancos comerciales que, junto a un núcleo de grandes empresarios se beneficiaron provocando una enorme fuga de capitales. Hay una causa penal, todas las pruebas y los listados ya los ofreció el Banco Central, pero…. «las deudas hay que pagarlas», señalan desde el gobierno. Entre los que se llevaron la plata hay que sumar a socios capitalistas de este gobierno, como señala Claudio Katz en un reciente artículo: «la transferencia del discutido crédito a paraísos fiscales involucra a varios grupos allegados al gobierno (Eskenazi, Petersen, Filiberti, Benedicto, Héctor Cruz Achával)» (1)

De ese crédito, el gobierno de los Fernández-Fernández ya pagó 4.604 millones de dólares y en diciembre pagará otros 1.900 millones. El próximo acuerdo de Facilidades Extendidas es a 10 años con 4 de gracia, lo que significa que en el 2026 deberemos pagar, si sumamos los vencimientos con el FMI más el pago a los bonistas, cifras que oscilan entre los U$S 12.000 y 16.000 millones.

El negocio es la usura. Las tasas de interés son exorbitantes, cuanto más pagamos más debemos. Pero aparte el FMI va a monitorear nuestra economía para quearse con el esfuerzo de los trabajadores y los bienes comunes del país. El modelo de crecimiento planteado es agudizar el extractivismo y primarización de nuestra economía para juntar los dólares para cubrir esos vencimientos. Por otro lado, como ya lo está haciendo Guzmán, cada vez se achicará más el gasto social. Jubilaciones a niveles de indigencia, baja en los salarios estatales y la asistencia social, deglutidos por una inflación que no deja de crecer, eliminación del gasto Covid cuando estamos por enfrentar una nueva ola la pandemia. Con el acuerdo de Facilidades Extendidas todo eso se va a profundizar con la excusa de achicar hasta llevar a 0 el déficit fiscal.

Una de las grandes exigencias, reclamadas por la derecha, los grandes empresarios y disimulada por este gobierno bajo la fórmula de que hay que revisar junto a la burocracia sindical los convenios laborales, es el ataque a conquistas históricas de los trabajadores como la estabilidad en el empleo y las indemnizaciones por despido.

Una estafa que nos impide avanzar

El país tiene actualmente una deuda pública (externa e interna) de U$S 343.000 millones. De esa cifra U$S 76.000 millones se deben a al FMI, el Club de Paris, el Banco Mundial y el BID, U$S 130.000 millones a bonistas privados y U$S 140.000 millones es deuda intrasector público.

Su origen y crecimiento es ilegitimo y odioso. Pegó un salto grande con la dictadura militar cuando Cavallo estatizó las deudas en dólares de los empresarios privados. La llevó a U$S 44.000 millones y fue creciendo geométricamente, gobierno tras gobierno. Lejos del relato del «desendeudamiento», los tres gobiernos K, la aumentaron en más de U$S 100.000 millones, quedando al fin del mandato de Cristina en U$S 254.000 millones, Macri la aumento en U$S 82.000 millones (con el crédito con el FMI incluido) y este gobierno, vía el endeudamiento en instrumentos financieros, la ha llevado a los U$S 343.000 millones de dólares actuales. ¡Alrededor de un PBI anual entero!

No hay forma de avanzar, desarrollar la economía, recuperar el salario, las jubilaciones, la inversión estatal en asistencia social, salud y educación, pagando esta usura ilegal, ilegitima y odiosa. La única forma es romper con el FMI y los buitres internacionales, destinar esos dineros a desarrollar la economía reactivando la obra pública como motor de la misma, como parte de un plan económico alternativo.

Al servicio de esto es fundamental desarrollar una gran movilización contra los amos imperiales y sus agentes locales, que se una con las luchas que están dando contra los ajustes de este modelo de capitalismo salvaje los pueblos de nuestro subcontinente latinoamericano.

 

(1)Art. «Tres posturas frente a la deuda» publicado en La Haine, 17/11/2021