Violando mecanismos constitucionales, Horacio Rosatti, que preside la Corte Suprema, asumió la presidencia del Consejo de la Magistratura con el aval de Juntos. Este aspirante a Bonaparte, había aceptado ser designado por decreto por Macri y, ante el repudio general, asumió luego votado por la bancada del peronismo en el Senado. Grave crisis entre poderes que funcionan a favor de los grandes empresarios. Hace falta otra justicia.

Escribe: Gustavo Giménez

Desde la reforma constitucional de Menem y Alfonsín en 1994, el Consejo de la Magistratura es el órgano que designa, controla y destituye a los jueces, administra el Poder Judicial y su suculenta caja. Según el kirchnerismo, esa reforma intentaba avanzar en democratizar la designación de los jueces. Pero Menem, al designar a su amigo, el inefable juez Nazareno, que ya presidía la Corte, como titular del Consejo, habría torcido esa intención. Por eso Cristina impulsó la ley que, en 2006, redujo el número de miembros del Consejo y sacó al presidente de la Corte como su titular, aunque dejando una mayoría proveniente del poder político.

En diciembre pasado, luego de 15 años, la Corte declaró inconstitucional la reforma de Cristina. La derogó, le puso un plazo al Congreso para dictar una nueva ley y restituyó la ley antes derogada. Dispuso que los nuevos integrantes, para llegar a los 20 originales, asumirían a la vez tras ser elegidos por su estamento(1). Como el Congreso no llegó a sancionar una nueva ley, determinó que no hacía falta ese requisito de asunción simultánea. Rosatti asumió entonces la presidencia del Consejo de la Magistratura con el aval de tres de los cuatro miembros de la Corte, incluido él mismo(2).

Además, la Corte anuló una medida cautelar del juez federal entrerriano Daniel Alonso -cuestionando por encubrir al ex gobernador Urribarri, condenado por corrupción- que les prohibía a las Cámaras de Senadores y Diputados designar nuevos representantes en el Consejo: un fallo para paralizar su funcionamiento. Como ambos representantes son de la oposición al gobierno, ahora Carrió y otros dirigentes macristas y radicales exigieron a Massa y Cristina que los habiliten a integrar el Consejo. Una crisis con final abierto.

Crisis política y posicionamiento electoral

La justicia dista mucho de ser un poder «independiente». Como poder del Estado capitalista, está para regular los negocios de la clase dominante y defender la propiedad privada y su derecho a explotar a los trabajadores y mayorías populares. También se encarga de meterlos presos si se levantan contra ese estado de cosas. Así lo hace con los presos políticos por enfrentar los planes de ajuste del FMI, pero no hay un solo capitalista preso por fugar miles de millones de dólares del fraudulento préstamo que contrajo Macri.
La designación o salida de los jueces es producto de negociaciones y pactos entre las fuerzas políticas tradicionales, a través del Consejo de la Magistratura. La tensa pelea actual sólo se explica por la profunda crisis que atraviesa todo el régimen político argentino, desprestigiado ante el pueblo. Y el control en el nombramiento de los jueces es funcional, por ejemplo, a la impunidad en las causas que procesan tanto a Cristina y sus funcionarios como a Macri y su tribu. La pelea se exacerba, además, porque se viene la disputa electoral. La Corte, con total apoyo del macrismo, aprovecha cierta debilidad del gobierno -por la derrota electoral, la crisis interna y el descontento por el ajuste- para forzar el tablero en su favor.

Para democratizar, voto popular y juicios por jurados

El judicial es el más elitista de los tres poderes del Estado. Los jueces y fiscales son como nobles: una vez nombrados ejercen de por vida, deciden sobre la vida de millones de personas y rara vez son destituidos. Tienen sueldos altísimos, jubilaciones de privilegio y no pagan Impuesto a las Ganancias. Es el poder más reaccionario y conservador, el único no elegido por el voto del pueblo.

El kirchnerismo habla mucho de «democratizar» la justicia. Y suele criticarla, para eludir la responsabilidad del propio gobierno. Incluso le adjudica el actual conflicto a la tibieza de Alberto. Sin embargo sólo busca pequeños cambios funcionales a sus propios intereses, sin tocar los problemas de fondo.

Lo que hace falta es una reforma para cambiar de raíz este poder, contrario a los intereses de los trabajadores y las mayorías populares. Eso incluye sacar a los jueces federales que vienen de la época de la dictadura, disolver el Consejo de la Magistratura y elegir a todos los jueces y fiscales, incluida la Corte Suprema, por voto popular en fecha separada de las elecciones a cargos políticos. Sus mandatos deben ser por tiempo limitado, revocables en caso de mal desempeño, ganar lo mismo que una directora de escuela y educar a sus hijos en la escuela pública y atenderse en el hospital público. Una nueva justicia, además, debe tener perspectiva de género. Y poner en pie los juicios por jurados, como marca la Constitución desde 1853 y casi nunca se realiza, con vecinas y vecinos sorteados del padrón electoral.
Sólo así la justicia dejará de ser dependiente del poder político y empezará a depender de la voluntad popular, la única soberana.

Reclamar es un derecho, no un delito

El 20 empieza el juicio oral a Facundo Molares, cuya libertad y no extradición a Colombia le exigimos al gobierno nacional. Como a Facundo lo mantienen detenido en Ezeiza, los abogados de la defensa deben asistirlo dentro del penal, lo que implica una clara desventaja frente a la fiscalía. Mientras transcurre el juicio, en la puerta se realiza un acto unitario, del que participa nuestra compañera Vilma Ripoll.

Asimismo siguen detenidos Oscar Santillán, Jaru Rodríguez Carrero y Julián Lazarte por la protesta anti-FMI en Plaza Congreso; la dirigente jujeña Milagro Sala desde hace seis años por liderar un acampe; los delegados camioneros nicoleños Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola por un piquete ante una empresa; los obreros petroleros santacruceños Ramón Cortez, José Rosales, Franco Padilla y Hugo González condenados a perpetua por la causa Sayago, y hay algunos otros presos más.
Sí, en la Argentina del gobierno «de los derechos humanos» hay presas y presos políticos, presas y presos por luchar.

Cierre de causas a Alejandra y a todos los que luchan

En Catamarca, a nuestra compañera Alejandra Figueroa, referente del MST Teresa Vive, por haber ido días atrás a solidarizarse con familias sin techo que tomaron un terreno público, la fiscalía le imputa tentativa de usurpación. A los tres compas de Congreso, asociación ilícita. A los camioneros, extorsión y coacción. Y todo así: utilizan figuras penales más duras para acallar la protesta social y criminalizar al activismo.
El colmo es el gobernador jujeño Gerardo Morales, que a la justicia federal y provincial le sumó un tercer fuero, digitado por él, para castigar los «delitos contra la administración pública», o sea los reclamos sociales. Además, como pasó con los referentes piqueteros Copello y Chorolque, por el mismo hecho te abren una causa penal y otra contravencional, siendo que el derecho romano ya impedía esto desde el siglo VI…

A esta persecución se le suma el uso creciente e indiscriminado de las videocámaras y sistemas de identificación biométrica para montar causas penales. Si bien un reciente fallo del juez porteño Andrés Gallardo los suspendió, el gobierno de Larreta, el mismo que mandó a su policía a reprimir en el INCAA, pretende avanzar con ese dispositivo represivo.
Como los gobernantes quieren imponer el ajuste del FMI, recortan los derechos democráticos y endurecen la represión y la persecución judicial. Más que nunca es preciso unir fuerzas por la libertad de las presas y presos políticos, y por el desprocesamiento de quienes salen a luchar.

Pablo Vasco, CADHU-MST

1 Senadores, diputados, jueces, abogados, academia.
2 Lorenzetti había pedido licencia y está en el exterior.