Escribe: Cele Fierro

El triple lobby corporativo de la agroganadería, los emprendimientos inmobiliarios y la megaminería, se impuso nuevamente ante la Ley de Humedales. Sin grieta, como es costumbre, avanza el extractivismo en Argentina en un nuevo ciclo de despojo. El reloj climático nos impone a las comunidades y organizaciones socioambientales nuevos desafíos para proteger el ambiente y la vida.

El Frente de Todos y Cambiemos suspendieron el plenario de comisiones del jueves 29, donde se iba a tratar el proyecto de ley de Humedales. Plenario que había pasado a un cuarto intermedio con la promesa de tener dictamen para que la ley sea tratada en el Congreso. Sin embargo, el miércoles a última hora llegó una carta bochornosa firmada por los jefes de todos los bloques de la cámara baja pidiendo suspender la plenaria para “escuchar la voz de los gobernadores”. Sería más acertado decir: escuchar a los agentes inmobiliarios en el Tigre, los ganaderos de las islas del Delta, los terratenientes de la Sociedad Rural, los productores de arroz en Corrientes y a las corporaciones de la megaminería de litio en los salares del NOA (los salares son humedales, así lo reconoce la Convención Ramsar y el Ministerio de Ambiente de la Nación).

Luego de 10 años de lucha, de 23 proyectos cajoneados, de 1.000.000 ha incendiadas, de promesas electorales, de un ministro de ambiente que dibuja una ley de humedales que no los protege, de movilizaciones, cortes de puentes, acampes y acciones en todo el país, solo cabe una primera conclusión: No se protegen los humedales porque el poder político protege los intereses privados y externos de empresas que después devuelven esos favores en sintonía electoral y por promesas de dólares para el pago de la estafa de la deuda externa.

Sin embargo, es interesante analizar algunos de los argumentos que nos venden, disfrazados de oportunidades económicas, el neo extractivismo (progresista, liberal, derechista, conservador, o en el que usted decida aventurarse). Toda la historieta sobre el futuro idílico exportador se basó, basa y basará en mentiras. Sus ganancias extraordinarias son nuestras enfermedades.

Mentira uno: “La Ley no está debatida a fondo, es muy apresurado sacar un dictamen”. Esta es la típica maniobra del poder para seguir dilatando los tiempos y de esta manera volver a cajonear el proyecto, para desmoralizar a los pueblos que se han convertido en legisladores escribiendo su propio proyecto, uno de los más debatidos en la historia, logrando consenso con más de 400 organizaciones y con el aval de la comunidad científica. Es el único proyecto que sí tiene licencia social. La democracia representativa fracasó cuando la transformaron en intereses ajenos a los del pueblo, y la democracia real es la que se hizo valer en la calle.

Mentira dos: “Con esta Ley solo les preocupa el impacto ambiental y no el económico y social”. Este modelo productivo es el que nos ha llevado a que la mitad de la población esté hundida en la miseria, donde nuestros pibes están malnutridos. Es una brutalidad lo que hacen en su lógica de valorización y mercantilización de todo lo que tiene vida: destruyen las economías regionales, contaminan el agua, la tierra, el aire. El lema de las movilizaciones contra las quemas era “no se puede respirar”, la afectación en la salud se quintuplicó con las quemas. Además, la concentración en pocas manos va generando migraciones forzadas sobre la población. Secan el Paraná. Imponen métodos que no son necesarios para alimentar, sí son necesarios para abaratar costos, que responden a una necesidad de los propietarios y no de las personas. Comemos porquería con agrotóxicos, sin seguridad sanitaria, por eso hay enfermedades de todo tipo, y lo que producen en el país es para alimentar chanchos chinos y de otras latitudes.

Mientras el gobierno le facilitó un dólar especial a los sojeros que bloquean la ley de Humedales y la Ley de acceso a la tierra, somos las mayorías sociales los que sufrimos niveles escalofriantes de contaminación, desocupación y precarización, todas consecuencias directas de la reprimarización económica extractiva y del capital especulativo. Porque mientras todo arde, dan luz verde a la Ley del agronegocio y la megaminería de litio, que es una nueva embestida para aumentar las exportaciones al servicio de pagarle al FMI. Ya hoy tenemos el triste récord de ser el país con más glifosato por persona en el mundo, además de estar dentro de los 10 países que más deforestan en el planeta. En términos laborales, la UTT emplea una persona cada 3 ha cultivadas para alimentar a otras, mientras que el paquete tecnológico de exportación de commodities para biodiesel y alimentar animales emplea una persona cada 126 ha. Es decir, este modelo no genera progreso, ni trabajo, ni desarrollo. La Ley de humedales es un paso hacia proteger los ecosistemas que son esenciales para la salud y la vida, filtran el aire y el agua que tomamos además de ser nuestros principales aliados para enfrentar la crisis climática.

Mentira tres: “La ley avasalla la autonomía de las provincias y la propiedad privada está amenazada”. La mayoría de las provincias del país están gobernadas por el mismo signo político de la coalición nacional, el PJ. Es más, junto con los gobernadores hace pocos días estuvieron de gira por Washington ofreciendo nuestro país como zona de sacrificio a cuanta corporación extractiva se cruzaron. Se pretende tapar con apelaciones federales el manejo a discreción del extractivismo y la corrupción que engendra haciendo parecer que la Ley de humedales es ilegal, cuando es legítima. No obstante, como señala la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de la Argentina (FARN), en el art. 41 de la Constitución Nacional las provincias delegaron en la Nación la facultad de sancionar leyes de presupuestos mínimos ambientales. Estas leyes establecen un piso mínimo de protección que las provincias pueden complementar, pero no incumplir. Sostener que esta ley es inconstitucional refleja el desconocimiento respecto a la Constitución y un feudalismo legislativo.

La Ley de humedales no resuelve todos los problemas, es más, el proyecto consensuado es un avance pero tiene limitaciones. Sin embargo, no tenerla implica un retroceso que nos ubica a kilómetros de distancia de avances concretos. La movilización es clave para seguir insistiendo en la ley consensuada. Mientras, tenemos que seguir batallando y poniendo en evidencia que este sistema es solo un episodio histórico, que no va más. Hoy no puede garantizar derechos básicos elementales como alimentos, energía, agua y tierra. Solo podremos garantizar estos derechos modificando el régimen de propiedad terrateniente. Para eso urge construir fuerza social para desalojar de la órbita de la toma de decisiones a los gerentes de las corporaciones y el FMI, que es toda la clase política. La prohibición del extractivismo, la planificación económica, democracia real, control de las comunidades y todos los resortes de la economía puestos al servicio de las mayorías son nuestro norte en la pelea contra la crisis climática que es la crisis capitalista.