Días sin luz y agua. Alimentos y medicamentos que se echan a perder. Agotamiento, bronca y más bronca. Todas patologías de una enfermedad: las privatizadas del menemismo que tienen secuestrados los servicios públicos. Edesur y Edenor, como la ola de calor, fue el drama de miles. Muchas propuestas, ningún cambio de fondo. Una intervención que mantiene la estructura de los cortes y la desinversión. Reestatizar, la única salida.

Escribe: Nicolás Zuttión

En el mes en el que las altas temperaturas se comienzan a despedir, así como el verano, una nueva ola de calor azotó al país. Como consecuencia, se agravó la sequía que deja en terreno fangoso a la economía local, producto de la mala cosecha que se espera. En paralelo, las sensaciones térmicas que alcanzaron los 40°, siendo récord para un mes como marzo, dejaron a la vista de todos las consecuencias del cambio climático que se acelera. Pero, además, mostraron otra cara decadente del capitalismo argentino: el sistema energético en manos de las privatizadas.

Edesur y Edenor, de manera intermitente o de forma permanente por varios días, fueron la pesadilla de sus usuarios. Entre 100.000 y 150.000 personas se vieron afectadas por los cortes recurrentes de servicio, derivados de la desinversión de las privatizadas en infraestructura, que se vio colapsada en medio del calor infernal. Mientras tano Sergio Massa, la Secretaria de Energía, Flavia Royón, y el titular del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE), Walter Martello, principales responsables por los cargos de gobierno que ocupan, nada hicieron para impedir que esta tortura continue. Así fue que las privatizadas, herencia neoliberal del menemismo, que mantuvieron todos los gobiernos hasta el momento, no dieron respuesta alguna.

En este artículo nos proponemos hacer un repaso de cómo llegamos hasta acá, la magnitud de la crisis energética y la consecuencia de las privatizaciones, ver la forma de actuar del Frente de Todos ante lo que ocurre hoy día, que sólo ha avanzado con una intervención testimonial (por parte de Jorge Ferraresi), y también analizar las propuestas de la oposición de derecha. Como último objetivo esbozaremos una propuesta para terminar con el mal de estas empresas privadas: la reestatización de las mismas bajo control de trabajadores, técnicos especializados y usuarios.

Breve repaso de las privatizaciones

A pocos días de un nuevo 24 de marzo no es en vano recordar que la última dictadura, que llevó a cabo el genocidio de Estado, fue también la que sentó las bases del neoliberalismo en Argentina. En ese marco, las empresas públicas fueron el principal foco que atacaron. El sector eléctrico, como se sabe, también fue víctima de esta maniobra.
El mecanismo para terminar con las empresas estatales, era hacerlas tomar deudas millonarias para desfinanciarlas y así provocar el colapso de los servicios prestados. Aquí el problema no era su carácter estatal, sino las administraciones gubernamentales que jugaban a vaciar las empresas, garantizando a futuro un negocio a los privados que luego vendrían a hacerse de las mismas por precios irrisorios. De esa forma durante los ´80 y ´90, con este mecanismo, alentado principalmente por organismos como el FMI y el Banco Mundial, se crea el consenso privatizador.

La estocada final se da en 1992. Para esa fecha, con las empresas totalmente quebradas, producto del gran endeudamiento y vaciamiento que mencionamos, se abren las licitaciones para privatizarlas. Esto se hizo con una característica particular en el campo de la industria eléctrica, que fue separar por completo los diferentes procesos: generación (producción de energía), transporte (vinculación de la producción con el consumo), y distribución (abastecimiento a los usuarios). En el caso particular de la empresa SEGBA, encargada de la distribución eléctrica en AMBA, el Gobierno cobró U$S 1.294 millones, mientras el Estado absorbió deudas por U$S 1480 millones. Una venta a pérdida, sólo entendible en los marcos de una de las tantas estafas de los gobiernos menemistas.
Es de esta manera que entran a jugar las actualmente conocidas: Edesur, Edenor y Edelap. Empresas que, contrariamente a la descentralización que promovía la reforma privatista en el sector, eran en gran medida de los mismos capitales extranjeros que también se hicieron de las empresas de generación y transporte de energía, generando una concentración en manos privadas de un servicio esencial.

Con subsidios y tarifazos, las privatizadas engordan sus bolsillos Desde los ´90 a esta parte, todos los gobiernos han mantenido el paradigma menemista: los servicios públicos como mercancía. Ya no se ven más los mismos como un derecho a garantizar, sino como un nicho para extraer ganancias. Es así que Edesur y Edenor, entre otras, durante los años que llevan de concesión, han tenido balances positivos de forma permanente.
Con tarifas garantizadas a precio dólar, algo firmado en la reforma privatista, han asegurado sus ganancias por la vía de los subsidios estatales o por la vía de los tarifazos. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, específicamente durante 2005 y 2015, Edesur y Edenor, se hicieron de parte de los subsidios que alcanzaron la cifra de 162 mil millones de dólares. Y, luego, durante el mandato de Mauricio Macri, como advertimos en otra nota anterior sobre el tema, las distribuidoras mencionadas aumentaron las tarifas, durante 2015 y 2017, cinco veces.

Y este es un mecanismo que no termina. Bajo el mandato de Alberto Fernández, por exigencia del FMI para alcanzar la meta del déficit fiscal del 1,9% durante este 2023, los subsidios en las tarifas tienen que ser extirpados. Sin embargo, este hecho para nada afecta a Edenor y Edesur, ya que, otra vez, se abre una ola de aumentos (en febrero alcanzó un 36%) para un servicio pésimo, producto de la desfinanciación empresarial.
Edesur y Edenor: privatizadas en la picota Comencemos por Edenor , hoy propiedad de los amigos del superministro Sergio Massa, es la que cuenta con más blindaje. Aunque responsable en parte significativa de los cortes de luz en diferentes partes del AMBA, la empresa de Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, cumpliendo con la desinversión característica de las privatizadas, esta vez no ha sido siquiera penada con las multas irrisorias que suelen promover desde el ENRE. Sin embargo, desde que la empresa está en manos de quienes saben financiar las campañas del jefe del Frente Renovador, han visto multiplicar por dos el valor de las acciones que en 2021 compraron por US$ 100.000 millones.

La situación de Edesur, quien se encuentra en el foco de discusión por estos días, es la muestra cabal de que el modelo de las privatizadas no va más. Los italianos dueños del holding ENEL, dueño mayoritario de Edesur como de otras empresas en los diferentes rubros del negocio de la energía eléctrica, está en retirada del país y Latinoamérica. Ya ha vendido más del 75,7% del paquete accionario de la empresa de generación térmica Enel Central Costanera y el 41,2% de las acciones de la empresa de generación térmica Central Dock Sud. Se apronta ahora a hacer lo mismo con Edesur. A pesar de esta política de vaciamiento y retirada, el gobierno no le ha quitado la prestación del servicio público. Mientras, a costa de un servicio deplorable, la distribuidora eléctrica, según la Comisión Nacional de Valores (CNV), facturó $ 18,5 millones diarios en 2022.

Y, el colmo de los colmos, es que a estas empresas, a principio de año, el Estado les condonó una nueva deuda que tenían con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa). Por disposición de la Secretaría de Energía, aquella manejada por Royón, se dictaminó que: «En el caso de Edesur, la deuda al 31 de agosto era de $113.838 millones que bajaron a $66.366 sin los intereses. Una vez condonado parte del capital quedó en $47.225 millones que también abonará en cuotas y con plazo de gracia incluido».

Toda esta multiplicidad de estafas, con corrupción mediante, es lo que deja en claro, como lo han expresado los cortes de calle de los vecinos, que este modelo de las privatizadas necesita ser enviado al museo de las antigüedades.

La actuación del gobierno ante los cortes y las propuestas de la oposición

El Frente de Todos, ante los diferentes episodios de cortes que se han dado, no ha hecho nada que traiga una solución al problema. Desde que asumió hasta el momento, no ha efectuado, replicando el comportamiento de los gobiernos antecesores, fiscalización alguna al cumplimiento del servicio e inversiones por parte de estas empresas. A tal punto que han llegado a justificar cortes de luz, como el que sucedió en febrero, por presuntos atentados al gobierno. Este delirio, que fue esgrimido por Alberto Fernández en su momento, sólo esconde la connivencia con un sistema en decadencia.

Entre febrero y enero, a Edesur sólo le han aplicado multas que ni siquiera llegan a los $4.000 millones, cifra irrisoria al lado de la deuda que se le condonó y más aún si se tiene en cuenta todo el daño que le está ocasionando a los usuarios electrodependientes y a los que sufrieron pérdida de alimentos, medicamentos y roturas de artefactos.

La última decisión, que fue anunciada por Massa el lunes 20 de marzo, no cambia para nada la ecuación. Por 180 días el ENRE decidió la intervención de la empresa, con Jorge Ferraresi, actual intendente de Avellaneda, como el responsable de la tarea. La función de esta intervención será: «(…) fiscalizar, controlar y monitorear la ejecución de obras para mejorar el servicio». Pareciera un chiste, pero el ente regulador designa a alguien para la tarea que los funcionarios actuales no hacen y es su función, sin modificar un ápice la base del problema.

Desde el otro lado de la falsa grieta y los liberfachos, no hay mucha diferencia en lo propuesto para resolver la cuestión. Falsamente argumentan que el nudo central se encuentra en las tarifas «pisadas» y eso es lo que genera la escasa inversión empresarial. Y, de este modo, alientan un tarifazo superior al que se está llevando a cabo. Algo falso por donde se lo mire. Como demostramos, las empresas han tenido ganancias y las mismas han sido garantizadas por la vía de los subsidios o los aumentos que también ya mencionamos.

Bullrich, Larreta, Milei y compañía, al igual que el Frente de Todos, con distinta tonalidad discursiva, no hacen más que el mismo trabajo, resguardar el esquema menemista y privilegiar la ganancia empresarial antes que garantizar un derecho, como es contar con energía eléctrica.

Reestatizar con control social, lo demás es verso

Todas las propuestas mencionadas por el arco político pro patronal, no dan solución alguna al problema. Más bien forman parte del péndulo por el que ha pasado el sistema de las privatizadas, manteniendo un servicio decadente para los usuarios.
Ante la estafa de quienes advierten pérdidas de estas empresas, queda claro que si se exige la apertura de los libros contables van a quedar demostradas las cuantiosas ganancias, como los espurios negociados que han mantenido con los diversos gobiernos. Por eso, como lo han manifestado diversos vecinos en los piquetes en reclamo de la reactivación del sistema, la única salida ante la desinver-sión a la vista de todos es la nacionalización y estatización de las privatizadas, sin indemnización alguna. Medida que, además, se tiene que tomar en todo el sistema eléctrico de conjunto: en la generación, traslado y distribución. Todo el arco de la industria tiene que pasar a manos del Estado.
Pero, aclaramos, lejos de ser una estatización manejada por burócratas de cualquier gobierno, creemos que el manejo de la empresa tiene que ser ejercido por parte de los trabajadores, técnicos especializados y los mismos usuarios. Sólo por medio de gestiones de este tipo, democráticas y participativas, es que se van a poder evitar vaciamientos como en tiempos anteriores y asegurar las inversiones necesarias para establecer un servicio de calidad.

Contra el discurso posibilista de que no se puede avanzar en este sentido, exigimos políticas de soberanía energética. El falso argumento de estos sectores es que si avanzamos en el sentido propuesto, perderemos, seguramente, un juicio millonario en el CIADI. Claro, es así, por eso además de nacionalizar hay que romper con los tratados bilaterales que tienen a ese organismo como árbitro internacional. Si alguien tiene una deuda son las empresas como Edesur y Edenor que han estafado a los usuarios de manera recurrente.

Es con todas estas medidas que sostenemos desde el MST en el FIT-Unidad que la estatización es la salida al problema y la única garantía de establecer un modelo distinto, que privilegie las necesidades de la población y de un desarrollo productivo soberano anticapitalista, sin intromisión de organismos como el FMI, priorizando la garantía del servicio de luz como un derecho y no como un negocio.