La suspensión de las elecciones a gobernador en San Juan y Tucumán por parte de la Corte Suprema con el argumento de que los candidatos peronistas no se podían reelegir constituyó una medida arbitraria para favorecer los intereses de la oposición de derecha. A su vez, en las dos provincias se dejan correr maniobras para que los gobernantes se eternicen en el poder y tramposos sistemas antidemocráticos de lemas o acoples. Dos símbolos de que este sistema político está agotado y hay que cambiarlo radicalmente.

Escribe: Gustavo Giménez

El presidente Fernández hizo uso de la cadena nacional para denunciar la intromisión de la Corte Suprema en los derechos de las provincias y sumar un argumento al «juicio político» que la bancada oficialista le está haciendo a la Corte en una comisión de la Cámara de Diputados. En realidad es una opereta electoral, ya que para iniciar un juicio político necesita una votación en la Cámara, con dos tercios que no tiene. Además el peronismo votó a esta Corte en el Senado, junto al macrismo.

El ministro del Interior Wado de Pedro, el principal alfil de Cristina en el gobierno, también salió a pegar contra esta cautelar: «esta decisión irresponsable de la Corte se arroga una competencia que no tiene», y alega que «arrasa las instituciones de la democracia». Un coro de voces del gobernante Frente de Todos salió a repudiar la medida, entre ellos Uñac y Manzur, los candidatos cuestionados. Las elecciones en San Juan se realizaron sin poder elegirse el cargo a gobernador y en Tucumán se postergaron directamente. Finalmente, Manzur se bajó de la candidatura y se especula sobre qué decisión final tomará el actual gobernador sanjuanino, Sergio Uñac.

Macri, los voceros de Juntos por el Cambio y los libertarios salieron a festejar la resolución de la Corte. El expresidente habló de feudos provinciales y posteriormente tuvo que aclararle a su aliado, el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, que hablaba de La Rioja y no de Jujuy. Justamente porque en esa provincia gobernada por Juntos por el Cambio existen «colectoras», varias medidas proscriptivas para impedir a las corrientes minoritarias ingresar a la Cámara de Diputados y el intendente de la capital, San Salvador de Jujuy, va por la quinta re-reelección.

Ahora, como parte del sainete de la campaña electoral, se elevan recursos a la Corte Suprema para que esta cuestione los sistemas provinciales que contemplan la reelección indefinida, como es el caso de Gildo Insfrán en Formosa. También con gran cinismo, conspicuos integrantes de la casta parlamentaria como la diputada Ocaña cuestionan los altísimos sueldos de los diputados -como siempre cuestionamos desde la izquierda-, para responder, en parte, a la bronca que tiene la gente con el viejo sistema político responsable del desastre que viven las mayorías populares.

Milei, quw cuenta con un apoyo mediático extraordinario, ha tomado tramposamente un discurso contra la casta como maniobra electoralista. Pretende capitalizar el malhumor de la población y la bronca hacia la casta (a la cual él pertenece). Pese a pobres elecciones provinciales, sus acciones todavía no han bajado sustancialmente. Despotrica contra la casta mientras lleva como candidatos a exponentes tradicionales de la misma, como Martin Menem en La Rioja, el hijo de Bussi en Tucumán, o su novel candidata a vice, Victoria Villaruel, representante de la casta militar. Pese a su discurso contestatario no se le conoce -salvo incendiar el Banco Central- un cuestionamiento de fondo contra el régimen político que alimenta la misma casta que critica.

Cristina, quién tiene como tema preferido sus cuestionamientos a los jueces supremos y al sistema judicial, la única reforma que ha propuesto frente a jueces que nadie votó, es aumentar el número de integrantes de la Corte o defender la anterior composición del Consejo de la Magistratura, realizada durante su gobierno. Sus propuestas, pese a la dureza de sus críticas, solo terminan en un cambio de figuras, no cuestiona el sistema en su conjunto.

Pese a que suele reclamar la realización de un nuevo acuerdo con el FMI, permanece en el gobierno -al igual que decenas de altos funcionarios cristinistas en puestos claves con gran manejo de fondos; responsables de aplicar un acuerdo causante de una inflación del 108% anual, de una pobreza e indigencia récord en una punta y del también récord enriquecimiento del 1% de grandes empresarios, banqueros y ricachones, que usufructúan del trabajo y las riquezas de nuestro país.

Cabría preguntarse qué legitimidad tiene un gobierno que aplica un plan económico exactamente contrario a lo que prometió en campaña. Que avala un acuerdo con el Fondo que denunció como fraudulento, ilegal e ilegítimo. Además, lo hace a costa de imponer a la población enormes sacrificios mientras los sectores privilegiados de la misma nadan en plata. ¿Por qué debemos esperar cuatro años para cambiarlo?

Es necesario un cambio profundo que termine con el actual sistema político y judicial. Que termine con los privilegios de todas las castas. La casta política, judicial, sindical, eclesiástica. Todas funcionales a la casta que domina este sistema de explotación, la casta capitalista de los grandes empresarios y banqueros, agentes de las grandes multinacionales y el imperialismo.

Principales propuestas del MST en el FITU. Hace falta una profunda reforma política y judicial

Terminar con los privilegios:

Basta de políticos, funcionarios y jueces ricos mientras los trabajadores y sectores populares nos hundimos en la pobreza. Que ganen un salario equivalente al de una directora de escuela y estén obligados a mandar a sua hijos e hijas a la escuela y al hospital públicos. Que sus mandatos sean revocables por el voto popular.

Para reformar el sistema político:

Basta de re-reelección eterna y de leyes de lemas o acoples.

• Eliminación de las actuales PASO y su reemplazo por un sistema de internas partidarias que respete la libertad de asociación política sin injerencias estatales. Equidad en los recursos del Estado para la propaganda política. Prohibición de financiamiento de los partidos por parte de los empresarios.
• Eliminación del Senado antidemocrático. Por un sistema unicameral con elección que considere el país como distrito único, con representación proporcional y sin los pisos proscriptivos actuales.
• Eliminación del actual sistema de fueros que ampara a los parlamentarios acusados de casos de corrupción y su reemplazo por otro que proteja la libertad de opinión y acción política de las minorías opositoras.

Por una profunda reforma judicial:

• Elección por voto popular de jueces y fiscales en fecha separada de las elecciones políticas.
• Eliminación del Consejo de la Magistratura. No a los mandatos de por vida, mandatos cortos, elegibles y revocables por voto popular para jueces y fiscales. Generalización de los juicios por jurados populares sorteados del padrón electoral.
• Frente a los casos de corrupción de políticos o funcionarios, o investigación de crímenes políticos como el atentado a la AMIA, la muerte del fiscal Nisman o el atentado a Cristina, estamos por la formación de comisiones investigadoras independientes, que tengan el respeto y al apoyo social con que esta Justicia, al servicio de tal o cual fracción de la clase capitalista dominante, no tiene.

Además, para desmantelar otros pilares de este régimen opresor:

• Eliminación de toda la legislación actual que regula el régimen de Asociaciones Sindicales. Que los trabajadores se organicen como lo decidan democráticamente.
• Por la separación inmediata de la Iglesia del Estado y la eliminación de toda subvención a la Iglesia y a la educación religiosa o privada. El que quiera un cura que se lo pague.
• Por el desmantelamiento de los actuales aparatos represivos policiales, de las fuerzas de seguridad y militares. Su reemplazo por una fuerza de seguridad ciudadana preventiva y controlada por la población y los organismos de derechos humanos.

Estas medidas son parte de un proyecto de cambio total, antiimpe-rialista y anticapitalista. Ante una gran crisis como la del 2001, que se puede repetir, se podría convocar a una Asamblea Constituyente libre y soberana para que el pueblo decida democráticamente cómo reorganizar la economía, el gobierno, todo. Pero esto sólo será posible con una poderosa movilización, a la vez que vamos por una salida de fondo: un gobierno de los trabajadores y el socialismo.

Una posición independiente frente a la Justicia, el lawfare y la impunidad

La actuación totalmente antidemocrática de una Corte Suprema cuyos integrantes fallan en forma abierta a favor de los intereses de una de las fracciones de la clase dominante, en este caso es de los agrupados en la derecha política de JxC, los libertarios y compañía, no puede hacernos perder de vista las acciones del sector de la casta dominante agrupados tras el actual gobierno del Frente de Todos.

Defender que sea el pueblo de las provincias el que decida sobre su sistema político frente a la injerencia antidemocrática de la Corte Suprema, no puede hacernos callar sobre las maniobras y trampas anti democráticas que se realizan para re re-elegir eternamente a viejos gobernantes, o sostener sistemas de ley de lemas, que permiten que tras un mismo partido o coalición se anoten decenas y centenas de listas y miles de candidatos para diluir a las fuerzas que no contamos con los tremendos aparatos que dominan.
Igualmente, sumarnos a la denuncia de las prácticas de lawfare, o sea de la utilización política del aparato judicial con el fin de proscribir a Cristina o a cualquier dirigente político, mientras ampara a los que le son funcionales a Macri u otros sectores de la clase capitalista, no puede convalidar mecánicamente la «inocencia» de Cristina u otros funcionarios en maniobras de enriquecimiento ilícito.

En el caso de las denuncias de corrupción o crímenes que involucren a políticos, funcionarios o exgobernantes, ante la parcialidad de la Justicia actual, defendemos la formación de Comisiones Investigadoras Independientes con plenos poderes para llegar a la verdad, imprescindible para sancionar o absolver a los acusados de estos graves delitos.