En medio de un avance represivo de esta «democracia» capitalista cada vez más autoritaria, el jueves 10 la policía de Larreta asesinó a un militante político que participaba de una protesta en el Obelisco. Una protesta pequeña, pacífica y en la vereda. Ese día también reprimieron a ferroviarios y pasajeros en Constitución. No es casualidad: es una orientación. La movilización en repudio al asesinato de Facundo fue inmediata y masiva, como otro anticipo de los conflictos que se vienen.

Escribe: César Latorre

La reforma (in)constitucional de Morales en Jujuy, su votación exprés, el rechazo contundente del pueblo jujeño y la represión ya habían reflejado el aumento del nivel de confrontación social al que nos llevan los gobiernos patronales y sus planes de ajuste y recorte de derechos democráticos.

Este nuevo hecho represivo en pleno microcentro porteño no está aislado del contexto nacional. Larreta, sus aliados políticos y la justicia del régimen intentan de todo para instalar que no hubo responsabilidad estatal, lo que constituye una verdadera canallada.

Un nuevo asesinato político

El 10 de agosto, tres días antes de las PASO, un grupo de militantes de Rebelión Popular, entre los que estaba Molares, hacían una protesta pacífica «contra la farsa electoral» en la explanada del Obelisco. La policía de Larreta y su ministro Burzaco los provocó constantemente, como se pudo ver en infinidad de videos.

La infantería policial montó un operativo para aislar y detener a algunos manifestantes a los cuales retenían entre cuatro o cinco efectivos. A varios los arrojaron con violencia al piso y se les tiraron encima. Una periodista logró captar las imágenes y a la vez advirtió a la policía el colapso de Facundo. Tardaron en soltarlo ya en agonía, tardó en llegar el SAME y seguramente cuando lo ingresaron al Hospital Ramos Mejía ya estaba sin vida.
Los videos que se viralizaron tras la represión muestran con total claridad el hecho, más allá de que se quiera tender un manto de impunidad sobre los responsables materiales y políticos del asesinato. Como bien lo denunció el papá de Facundo, «quien ordena una muerte es un asesino».

La barbarie escondida en la palabra «científica»

El intento de impunidad también le cabe a Crescenti, el jefe del SAME, que sin autopsia y de manera hipotética le dio una cobertura pseudo «científica» al asesinato de Molares. Eso lo replicaron los grandes medios, como justificativo. Esa pretensión de validar la muerte por alguna enfermedad preexistente es como si tras acuchillar a una persona digan que murió por una infección ya que su sistema inmune estaba vulnerado. Sin embargo, la versión de que «pudo haber sido un infarto masivo» hizo cambiar los titulares de los medios. Ese intento de lavado de cara de Larreta, que hipócritamente le envió las condolencias a la familia, incentivó los discursos de odio en las redes sociales: «murió por ser gordo», «uno menos» y otras barbaridades por el estilo.

Pero tan seguros no estaban con la hipótesis «calificada», ya que la fiscal de la causa no les permitió a los defensores presentar sus peritos de parte ni participar de la autopsia. Es evidente que tratan de cubrir el crimen estatal. El abogado Eduardo Soares denunció a la fiscal por contravenir todas las disposiciones procesales al dejar a la querella fuera de la autopsia. Así, el primer «informe» le da cobertura a la policía: «congestión, edema, hemorragia pulmonar, cardiopatía dilatada». La cardiopatía la sufría Facundo desde antes, pero la que lo mató fue la policía. El régimen burgués utiliza todos los dispositivos a su alcance para construir impunidad e impedir que haya justicia.

Facundo Molares fue un militante y preso político. Participó años atrás en apoyo a las FARC en Colombia y luego fue amparado por los procesos de paz. Pero la justicia de la golpista boliviana Áñez pidió su extradición bajo cargos falsos y por eso Facundo estuvo detenido en el penal de Ezeiza. No obstante, la lucha en unidad nos permitió rechazar la extradición y lograr su libertad. Su condición de militante le valió descalificaciones y una campaña macartista en busca de justificar su asesinato.

Pero la respuesta popular fue rápida y contundente. El mismo 10 hubo una concentración importante hasta lograr la libertad de otros detenidos y detenidas. Y al día siguiente, una marcha enorme de un arco político muy grande en el Obelisco, mostró que una muerte por represión no pasa sin lucha y que seguiremos hasta lograr el juicio y castigo para los culpables materiales y políticos del homicidio.

El ajuste viene con palos, pero no pasa sin lucha

El mismo 10, la policía reprimía a los trabajadores que protestaban en Constitución a raíz de una medida de los trabajadores tercerizados del Roca que reclaman su pase a planta e igual salario por igual trabajo. La cana arremetió contra unos y otros con balas de goma y gases. Los hechos fueron registrados por usuarios, en un clima de mucha tensión. Los gobiernos no buscan solucionar los problemas, sino acallar los reclamos a palos.

Como si fuera poco, el 11 se conoció la noticia de que sobreseyeron a los gendarmes imputados por la desaparición de Santiago Maldonado. Por segunda vez el juez Lleral los eximió de su responsabilidad criminal. Ya lo había hecho en una sentencia que dictó en 2018. En 2019 la cámara de Comodoro Rivadavia revocó y ordenó mantener abierta la causa, investigar y realizar varias medidas de prueba. Pero esta justicia actúa en favor de los represores, que a su vez en el crimen de Santiago actuaron bajo las órdenes políticas de Patricia Bullrich, entonces ministra de Macri.

Como bien denuncia el texto del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en repudio al asesinato de Molares, «este crimen es parte de la ofensiva represiva que se expresa en todo el país, desde Jujuy hasta la Patagonia, por los gobernantes al servicio del ajuste del FMI».

La reforma constitucional jujeña para prohibir la protesta social fue tema de debate público. En Jujuy la justicia usa figuras penales duras como la de sedición contra abogados de las comunidades originarias, en tanto que en Santa Cruz acusan absurdamente a docentes y estatales por intento de femicidio e intento de homicidio por una protesta salarial. La criminalización de la protesta social es parte de la orientación de «mano dura» de todo el arco político patronal para imponer el ajuste, desde el facho Milei hasta el «progre» Santoro que defiende el uso de las pistolas-picanas Taser.

La respuesta no puede ser otra que la unidad en la movilización para defender los derechos democráticos, incluido el derecho a la protesta. A la vez de apoyar cada lucha por justicia y contra la impunidad, desde el EMVJ -que integramos el CADHU y el MST junto a decenas de organizaciones- se empezó a preparar un Encuentro nacional antirrepresivo y por los derechos humanos para el 30 de setiembre. Sumate a esta campaña contra los políticos del sistema que pretenden «resolver» los problemas a palazo limpio.

Luchar sirve

En el marco de toda esta ofensiva, la movilización y la presión permiten algunos logros. En la causa penal por otro asesinato estatal y por la espalda, el del joven Rafael Nahuel en noviembre de 2017 en Río Negro, el fiscal ordenó la detención de los cinco miembros del Grupo Albatros que participaron de la persecución y balacera contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu que defendía sus territorios ancestrales.