El jueves 13 de junio, la Legislatura porteña aprobó por mayoría un proyecto de Jorge Macri: la Ley de Reiterancia, una nueva figura jurídica para atacar el derecho a la protesta.

Escribe: Cele Fierro

La conferencia de prensa que convocamos antes de la sesión se inició con la denuncia de la brutal represión desplegada el miércoles 12 mientras el Senado trataba la Ley Bases. Junto a las y los diputados del FIT Unidad y de Unión por la Patria, reafirmamos nuestro rechazo a la reforma macrista y dimos a conocer el petitorio en ese mismo sentido firmado por más de 40 organismos y organizaciones de derechos humanos dirigido a las y los diputados (ver recuadro), que luego les repartimos en el recinto.

Finalmente, durante la sesión ordinaria del 13, con 36 votos a favor, el proyecto de modificación del Código Procesal Penal se aprobó con los votos del oficialista Vamos Por Más, la UCR, Confianza Pública, Coalición Cívica, Republicanos Unidos, el Partido Socialista y, para sorpresa de nadie, La Libertad Avanza. Nos opusimos la izquierda y el peronismo.

Van por más represión

El oficialismo abrió su intervención planteando la prioridad del gobierno de Jorge Macri: la “seguridad” y el “orden”. En otras palabras, represión y limpieza de pobres. Dicen hacer un fuerte foco en la prevención y persecución del delito en base a datos que dibujan como positivos desde su lógica punitivista, pero los hechos demuestran que no es así.

En estos seis meses de gestión hubo varias fugas de presos, sobrepoblación en alcaldías y comisarías, y condiciones deplorables por el colapso de las mismas. Para Diego Kravetz, el secretario de Seguridad, “no es culpa ni de Patricia ni de Milei”. Hablan de una “problemática heredada”, pero siendo gobierno desde hace 16 años no se dieron ninguna política pública efectiva para combatir la desigualdad social, que junto a la impunidad del poder son las principales causas del aumento de las conductas delictivas.

Plantean que han identificado una problemática principal: las personas que se encuentran en constante conflicto con la ley, la famosa puerta giratoria. Es falso, porque en estos seis meses los detenidos se duplicaron de mil a casi dos mil, pero el delito no bajó. Cuando hablan de “mejorar la capacidad operativa”, en realidad proponen aumentar la cifra de detenciones. En ese sentido, introducen cambios procesales para facilitar los allanamientos policiales en base a figuras imprecisas y ambiguas, como “ver entrar personas extrañas” o “indicios manifiestos” de que se puede cometer algún delito.

Por las dudas, a la vez que pregonaban la ley como una solución, aclararon que ni esta ley ni ninguna otra por sí sola mejora la seguridad si no va acompañada de inversión y políticas integrales. ¿A qué se refieren? A que en el Presupuesto 2024 y su posterior ampliación, el Ministerio de Seguridad fue el que más fondos recibió, respecto de las otras áreas, para comprar más balas y gases. Que sepamos, a ningún chorro, narco o mafioso se lo detiene usando gases lacrimógenos… O sea, en realidad Macri se prepara para reprimir más los reclamos sociales, a los vendedores de la vía pública, a los pobres.
Esta reforma no está orientada a disminuir los niveles de delito. Su objetivo principal es la criminalización de las protestas siguiendo la misma lógica del gobierno de Milei y Bullrich.
Coinciden en su visión de recortar los derechos sociales para beneficiar a sus amigos empresarios y la única manera de imponer esos planes es mediante la represión.
Pero así como Milei solo no puede lograr sus leyes y necesita votos comprados, Jorge Macri tampoco puede hacerlo solo en la Legislatura. Como si fuera un espejo, los mismos bloques políticos que aprobaron la Ley Bases son los que apoyaron esta modificatoria al Código Procesal Penal de la Ciudad.

Migrantes, allanamientos y reiterancia

La reforma estigmatiza a las personas migrantes, informando a las áreas de Migración de hasta el menor delito a fin de facilitar la expulsión. Asimismo, le otorga más facultades a la Policía de la Ciudad, la misma que asesinó a Lucas González y a Facundo Molares, la misma que reprime brutalmente a quien sale a reclamar por despidos, salario o alimentos. En particular, facilitan las formas de comunicar y realizar allanamientos express.

Lo cierto es que quieren facilitar las herramientas para que fiscales, jueces y policías puedan meter presos a quienes salen a reclamar por sus derechos. A eso apunta la nueva figura de la reiterancia delictiva. Invierte la carga de la prueba y viola el principio de inocencia: a partir de ahora toda persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario. La prisión preventiva se aplicaba en dos casos: peligro de fuga o de obstaculizar la causa. Ahora agregan un tercer motivo, disimulado, que es considerar que por sus antecedentes alguien seguramente va a reiterar un delito. ¡Entonces lo detienen antes de que lo cometa! De este modo tan absurdo están juzgando a la persona por lo que es y no por lo que hace, con un criterio antijurídico que se denomina delito penal de autor.

Como la redacción original de la reforma era muy burda y abiertamente inconstitucional, la tuvieron que cambiar. Por eso agregaron que no se aplicará “en el marco del ejercicio de la libertad de expresión, a manifestarse o a peticionar frente a las autoridades”… Pero la trampa está en que a continuación pusieron “siempre y cuando no concurran con delitos contra las personas o daños a la propiedad”. Y es bien sabido que en todas las causas armadas cuando detienen a manifestantes, además de la habitual resistencia a la autoridad, les imputan daños, lesiones u otras acusaciones falsas para agravar las penas.
¡La prueba concreta de cómo utilizan esto la tuvimos tan sólo un día antes de esta sesión, en las detenciones en Congreso el día de la ley bases, ya que les metieron daños y luego otras barbaridades más como daño agravado, estragos, instigación, intimidación pública y hasta sedición! Basta que un policía diga que le pegaron, que haya un vidrio roto, una pintada en una pared o una ocupación de empresa para que apliquen la frasecita “delitos contra las personas o daños a la propiedad” y entonces le metan la reiterancia y lo dejen en cana aunque no se haya probado ningún supuesto delito y la persona sea inocente.

Reclamar es un derecho, no un delito

Como lo dije en mi intervención, esta reforma represiva va en línea con los proyectos que presenta Bullrich en el Congreso: consideran que salir a reclamar es un delito. Por eso para Jorge Macri hubo 100 mil “delincuentes” en la concentración contra la ley bases. Convierten un derecho en un delito.

Pero como la crisis se va a seguir profundizando, tienen que saber que vamos a ser millones en las calles de la Ciudad y de todo el país. Que vamos a seguir enfrentando las políticas que defiende este gobierno que desfinancia la salud y la educación públicas, los programas de vivienda y ajusta a todos los sectores de la clase trabajadora. Ninguna política punitivista sirve para resolver los problemas de fondo, como lo demuestra el fracaso de las famosos leyes Blumberg de mano dura. Vamos a seguir defendiendo el derecho a manifestarnos, que es justamente la forma en que se han conquistado todos los derechos.