La movilización nacional logró que el Congreso apruebe la modificación de ley de trata, que estaba cajoneada por el gobierno nacional desde hace casi un año y medio.
Esa ley se había votado en el 2008 por la lucha que impulsó Susana Trimarco, pero tenía serias falencias. Por ejemplo, permitía que el consentimiento de las mujeres mayores de 18 años exima de responsabilidad a los tratantes, lo que ahora se anuló.
La ley daba penas de 3 a 6 años a los tratantes, que eran excarcelables. Ahora se aumentaron, pero para los propietarios y regenteadores de prostíbulos sólo sigue habiendo multas económicas y no penas de prisión.
Además se creó un Consejo para la asistencia y protección a las víctimas, pero no hay programas concretos de contención y reinserción. No obstante, la clave para combatir realmente la trata es romper la connivencia del aparato policial, judicial y político. Para eso hay que impulsar una profunda democratización de esas instituciones.