El mismo día del fallo por Marita Verón, a mediodía, el diputado Alejandro Bodart encabezó una protesta del MST ante la Casa de Tucumán en Buenos Aires.

De chicos nos enseñan que la justicia es un poder independiente, pero no es así. Si bien es cierto que comparada con otros países tiene más garantías procesales, acá los jueces son designados y removidos mediante los Consejos de la Magistratura, compuestos por representantes de los diputados, los senadores, los abogados y los propios jueces1 . O sea, es un mecanismo indirecto y no democrático que habilita los pactos y trueques entre los sectores del poder político y las prácticas de corrupción. «Poneme tal fiscal», «te nombro ese juez», «acelerame tal causa» o «dejame libre a fulanito» no son frases de fantasía. Y todos recordamos los jueces de la servilleta.
El Poder Judicial es el único de los tres poderes del Estado no elegido por voto popular. Los jueces están sujetos a las presiones e intercambios de favores, incluida la impunidad, con quienes los nombraron. Ejercen de por vida. Ganan sueldos de privilegio. Deciden sobre la vida, los bienes y la libertad de todos los habitantes del país. Castigan a los ladrones de gallinas, nunca a los poderosos. ¡Y hoy hasta siguen en sus cargos varios jueces y fiscales federales nombrados a dedo por la dictadura!
Como parte de democratizar esta limitada democracia, y como un paso hacia un cambio total del actual sistema, es urgente democratizar la justicia.

Cristina, con mala memoria

Tuvo que enojarse el país entero ante el fallo tucumano para que Cristina Kirchner hablara de “democratizar la justicia”. Pero de cómo hacerlo, nada.
Ella misma nombró a 253 jueces nacionales y federales entre 2008 y 2011. Néstor había nombrado otros 177 durante su gobierno. En total son 430 jueces. Así los K armaron un sistema judicial bastante funcional, del cual el juez Norberto Oyarbide es un prototipo.
Entre los últimos jueces que puso Cristina están los presidentes y vices de 2 de las 4 salas de la Cámara Nacional de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país. Otro juez designado por ella es Luis Imas, del Tribunal Oral en lo Penal Económico 3, que absolvió a Menem en el juicio por tráfico de armas. O Daniel Petrone, juez en lo Penal Económico, que sobreseyó a Claudio Uberti en la causa por la valija del venezolano Antonini Wilson, ahora nombrado en el Tribunal Oral Federal 2 de San Martín.
Cristina también designó jueces en los Tribunales Orales Federales porteños, que juzgan causas por derechos humanos y corrupción, y en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que trata las denuncias contra el Estado nacional. ¿Estará buscando impunidad a futuro?

Por una real democratización

Una primera medida elemental para democratizar la justicia son los jurados populares, que ya existen desde 2005 en Córdoba, en forma mixta: 8 ciudadanos sorteados se integran a un tribunal con 3 jueces. La Cámara de Diputados bonaerense acaba de votar una ley de jurados, que ahora debe tratar el Senado provincial. Era hora de avanzar en esta viejísima deuda, que la Constitución nacional establece desde 1853. Pero la flamante ley es limitada, porque aunque la Constitución nacional dispone los jurados «para todos los juicios criminales ordinarios», en la Provincia sólo serán para los delitos con pena máxima mayor a 15 años2 .
Hay que poner en pie los jurados en todas las provincias y a nivel nacional, ya mismo y para todos los delitos. Pero ese paso solo es insuficiente: los jueces y fiscales deben ser elegidos mediante el voto popular, lo que requiere una reforma constitucional. La diputada K Diana Conti avaló esa propuesta, seguramente pensando en contrabandear la re-reelección de Cristina. En cambio Zaffaroni, el juez estrella de los K, dijo que la elección popular de los jueces es «una locura total», «promueve la demagogia judicial» y «fracasó en todo el mundo». Poco y nada podemos esperar de gente así.
Además de los jurados, para que el Poder Judicial sea realmente independiente es necesario establecer la elección y revocación de los jueces por sufragio universal. Así por sus actos le tendrán que rendir cuentas al pueblo y no, como pasa ahora, al poder político de turno. No serán eternos, sino que tendrán un mandato limitado y luego, si quieren seguir ejerciendo, deberán ser refrendados por el voto popular.
Jurados populares y elección popular de los jueces son dos tareas centrales si de verdad se quiere democratizar la justicia.

1 El Consejo de la Magistratura nacional, por ejemplo, está formado por 13 miembros. La mayoría, 7 de ellos, dependen del poder político, incluido uno del Poder Ejecutivo.
2 El jurado lo integrarán 12 titulares y 6 suplentes, elegidos por sorteo del padrón electoral. Decidirán la inocencia o culpabilidad del procesado. Para culpar se requieren 10 votos afirmativos y, en caso de prisión perpetua, la unanimidad.

Algunos datos de interés

El Fuero Penal Económico, perteneciente a la Justicia Federal, juzga las evasiones fiscales y otros delitos «de guante blanco». Por causas en dicho fuero hoy no hay ningún detenido. La única funcionaria pública que cumplió prisión efectiva en la historia reciente, condenada por enriquecimiento ilícito en 2004, fue la menemista María Julia Alogaray.
Como parte del Estado capitalista, esta justicia es clasista y castiga a los más humildes. El 84% de los presos son jóvenes de 18 a 34 años, mayormente pobres. El 60% de los detenidos lo está sin tener sentencia firme. El sistema penitenciario, que debería ser para reinserción y no para castigo, a menudo los usa como mano de obra para cometer delitos.
Aparte de ser vitalicios, en contraste con el magro salario de los empleados judiciales los jueces ganan sueldos de 35 a 40.000 $, según su antigüedad. A diferencia de los demás asalariados, no pagan Impuesto a las Ganancias. Los jueces provinciales son más feudales y privilegiados aún: el presidente de la Corte bonaerense, por caso, gana 90.000 $.