El oficialismo alcanzó una mayoría muy ajustada en diputados. La oposición de derecha denunció «fraude». Ya son leyes la limitación antidemocrática de las medidas cautelares y la creación de cámaras de casación. Con algunas modificaciones secundarias el proyecto K vuelve al senado. Análisis, conclusiones y propuestas alternativas para una democratización verdadera de la justicia
En primer término es fundamental explicar qué se votó y hacia dónde se avanza en las próximas semanas. Se modifica el alcance de las medidas cautelares. Este punto es clave para determinar el carácter de la reforma propuesta por el gobierno nacional. El proyecto del ejecutivo cercena el derecho democrático a presentar recursos de amparo y lograr cautelares protectivas ante la denuncia de un derecho afectado o de un particular de un colectivo, ya que limita su alcance y habilita a los jueces a permitir que se realice el accionar cuestionado sin esperar la resolución de fondo sobre si resulta lesivo o no. Esto supone en los hechos, habilitar al gobierno de turno a avanzar sin fronteras sobre derechos sociales, económicos, ambientales o de cualquier naturaleza sin que la legislación salvaguarde al particular afectado. Grave.
Además se aprobó la creación de más burocracia para dilatar las sentencias. El proyecto aprobado crea nuevas cámaras de casación para aplazar los fallos que le son contrarios, fundamentalmente los que tienen que ver con reclamos sociales y populares, por ejemplo los reclamos previsio-nales de miles de jubilados o juicios de trabajadores contra patronales. Es decir: se fortalece el contenido antipopular y especialmente antiobrero de la institución judicial.
En la misma dirección se avanza con la consolidación del consejo de la magistratura, instancia de mediación para la elección y remoción de jueces que sigue -en el proyecto K- esencialmente subordinado al poder político de turno.
Por lo tanto, el cuadro global que presenta la reforma oficialista evidencia rasgos profundamente reaccionarios. No caben las medias tintas en este punto: ni «reforma insuficiente», ni «estación de paso» hacia…La realidad es que se reafirma la naturaleza de la justicia como recurso institu-cional del poder capitalista de turno y en particular de su fracción hegemónica gobernante.
La oposición de derecha: apología del statu quo
Más allá del escandalete en la sesión de diputados, de la presencia dominante en los medios del grupo Clarín y del apoyo social objetivo de una franja masiva de la población, que ya rechaza irritada todo lo que provenga del gobierno nacional, la oposición de derecha se plantó en defensa de la decadente, medieval y perimida justicia actual. ¿Por qué esa reacción furibunda? En primer término, porque hasta ahora el control de la justicia se «coparticipaba» relativamente entre el oficialismo de turno y la oposición capitalista o patronal de circunstancia. La oposición de derecha no reacciona contra el kirchnerismo porque defienda un modelo judicial progresista para los de abajo, sino porque el oficialismo actual le recorta su cuotaparte en el reparto del control judicial. Por eso, bajo la ampulosidad de «la justicia independiente» o la «no politización de la justicia», en realidad encubren un planteo reaccionario que combate al kirchnerismo por derecha. Así lo han hecho todos: la UCR, el PRO, el peronismo federal, etc. La defensa del actual sistema judicial es una posición retrógrada y ajena a los intereses sociales de los sectores populares. Por eso, nuestra intervención política se sintetiza en la consigna «ni los K ni la derecha quieren democratizar la justicia»
El kirchnerismo sale profundamente desgastado
Otro ángulo de valoración política hace a la ubicación con la que sale el gobierno nacional de este proceso. Hay que recordar que esta iniciativa tuvo como detonante la derrota sufrida el 7 D con la ley de medios y la judicialización a favor de Clarín de dos artículos de esa legislación. A partir de ahí pergeñó esta nueva orientación que llamó «democratización de la justicia». Un primer aspecto para tener en cuenta es que el carácter reaccionario del proyecto tiene como finalidad asegurar mecanismos de control institucional sobre los jueces para actuar en un período que el propio kirchnerismo avizora para sí de «final de ciclo». En un sentido hace parte de la misma lógica de cálculo político que impulsó la ley antiterrorista. Vale decir: para enfrentar una etapa de conflictividad frente al ajuste a los de abajo para que asuman la crisis capitalista, se asegura la criminalización legalizada de la protesta. En este caso, la reforma judicial supone un dispositivo de autodefensa K frente a la nueva correlación política que seguramente se dará a partir de las elecciones de este año.
Pero lo más significativo es que con esta iniciativa se vuelve a manifestar un momento político donde el clima social adverso al gobierno nacional hace que el costo de forzar políticamente esta legislación lo sigue desgastando una enormidad frente a la población. Cada medida de este gobierno en una situación económica y social de deterioro para la clase obrera y las capas medias como la actual, será recibida con malestar, desconfianza y bronca como tónica permanente en el próximo período con tendencia a profundizarse y seguir generando acciones de movilización. Por eso, es clave que desde una izquierda como la que representamos desde el MST aportemos un punto de vista clarificador ante la creciente ruptura social con el oficialismo y no regalar políticamente toda la escena a la derecha reaccionaria.
Mariano Rosa
¿Qué significa verdadera democratización judicial?
Este es el meollo del debate porque hace falta una democratización judicial a fondo. Ahora, ¿cómo se materializa?
Lo primero para decir es que desde el MST planteamos democratizar la justicia con una perspectiva social categórica: transformar esta institución para favorecer los intereses de las mayorías trabajadoras del país. Por tanto, partimos de afirmar que la justicia actual favorece los intereses del poder político y económico capitalista dominante. ¿Cómo hacer para arrebatar esta institución a esa lógica de subordinación social? Diseñando como estrategia mecanismos que la subordinen y transformen en instrumento social del pueblo para la defensa de sus intereses. Y en esto queremos ser enfáticos: para garantizar soberanía popular en materia de justicia hay que estipular que la elección y remoción de los jueces, como así también la fiscalización de los procesos judiciales estén sometidos al control social. Y en esto no hace falta inventar nada, sino tener la decisión política de ubicarse en el campo social del pueblo. En concreto: hay que implementar la elección directa de los jueces por el voto popular –sin la mediación de ningún consejo de «notables»-, hay que garantizar mecanismos de revocatoria y vigilancia social regular de los jueces –eliminando el carácter vitalicio de sus cargos- y finalmente, se trata de reglamentar el juicio por jurados para que hasta el último hijo de vecino por simple sorteo del padrón electoral pueda ser parte de la fiscalización social y popular de los procesos judiciales. Son estas las medidas centrales para transformar la naturaleza hoy reaccionaria de una justicia que actúa por subordinación al poder de los de arriba y no por presión social de las grandes mayorías. Esta es nuestra formulación alternativa para una real democratización judicial.