El martes 10, en la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, hubo un fuerte debate sobre un proyecto de ley de asistencia a familiares y sobrevivientes de Cromañón. Hay tres posturas en danza, una de ellas la de nuestro diputado Alejandro Bodart.

El doble discurso no es una exclusividad K. A pocos días de ocurrir Cromañón, la entonces legisladora Gabriela Michetti presentó un proyecto de ley para que el Estado pagara todas las indemnizaciones como responsable de la corrupción que llevó a la tragedia.
Pero eso lo sostenía el PRO a inicios de 2005, cuando era oposición. Desde que gobierna, giró 180 grados. Como Poder Ejecutivo representante del Estado porteño, viene obstaculizando el juicio civil para evitar el pago de la indemnización. Si el Estado se hiciera cargo en serio y pagara, no harían falta paliativos. Y aparte, con Macri jefe de gobierno, sigue habiendo corrupción en las áreas de control.
El gobierno macrista tampoco brinda la atención integral, sobre todo en cuanto a salud psicológica y física, que los familiares y sobrevivientes necesitan. Y ante el presente debate legislativo, el bloque del PRO rechaza todo proyecto. Por eso buscarán cajonear en la Comisión de Presupuesto los dos despachos surgidos de la Comisión de DD.HH.

Una postura equivocada 

Los diputados Laura García Tuñón (Buenos Aires para Todos), Fernando Sánchez (Coalición Cívica) y Juan Cabandié (Frente para la Victoria), sin una sola palabra de crítica a la responsabilidad de Aníbal Ibarra ayer ni a la de Mauricio Macri hoy, sostienen un proyecto. Si bien allí se propone una asistencia en salud, educación, empleo y ayuda económica, todas cuestiones que compartimos, incluyen un subsidio vitalicio. Como en otros temas, entre los familiares y sobrevivientes de Cromañón esto último también genera divergencias: un pequeño grupo lo apoya, pero muchos otros no.
A nuestro juicio, ese carácter vitalicio termina siendo más perjudicial que beneficioso para los propios sobrevivientes. Como señala Bodart en su proyecto: “La ayuda económica debe ser transitoria. Más allá de las intenciones, los subsidios estatales permanentes tienden a convertir la asistencia en asistencialismo, a volver más pasivo y dependiente al destinatario e incluso a consolidar mecanismos de condicionamiento. Los sobrevivientes son en su mayoría jóvenes, a quienes el Estado debe aportarles herramientas para su recuperación e inclusión social.”

La alternativa de Bodart 

Nuestro diputado sostiene un despacho diferente, cuyo eje es la reinserción social. Junto a la asistencia en salud, educación y empleo, dispone que para coordinarla y hacerla efectiva haya un equipo interdisciplinario especial, con un médico, un psicólogo y un profesional en trabajo social. Bodart también propone establecer una ayuda económica mensual, sin dejar de exigir la indemnización. Y como los actuales 600 pesos no alcanzan, debe ser de un salario mínimo. A su vez propone poner un término a esa ayuda, que es justamente hasta el cobro de la indemnización judicial.
No está bien victimizar eternamente a los sobrevivientes. Como lo plantea Bodart, “el objetivo correcto en realidad debe ser el opuesto: atender su cuerpo y su psiquis, alentar a esos jóvenes y ayudarlos a volver a estudiar o continuar sus estudios, a capacitarse y trabajar, a ser sujetos activos, a tener un proyecto propio de futuro, a ser hombres y mujeres independientes, a recuperarse, reinsertarse socialmente y reconstruir de la mejor manera posible sus vidas.”
Frente a los familiares y sobrevivientes de Cromañón el Estado porteño no debe seguir mirando para otro lado, ni tampoco hacer populismo: tiene que hacerse cargo, indemnizar y asistir.

Pablo Vasco