En una provincia gobernada por políticos como De la Sota o Mestre, que impulsan la instalación de una planta de Monsanto a metros de una escuela o que autorizan el funcionamiento de una alcoholera como Porta -que produce 100.000 litros de bio etanol diarios- en el corazón de zonas pobladas, sucesos como la explosión de la química Raponi, lamentablemente, son algo esperable.
La explosión que dejó casi 100 heridos de los cuales aún permanecen internados 2 en estado crítico, borró del mapa a casi 10 casas y dañó a otras 350, abrió un debate profundo en la sociedad y disparó el alerta en relación a otras industrias situadas en zonas urbanas. Como Dioxitek, la planta de producción de dióxido de uranio ubicada a dos cuadras del lugar de la explosión y que a pesar de la larga lucha de los vecinos exigiendo su reubicación, recién se clausuró 4 días después de la explosión de Raponi.
Es inadmisible que se permita la instalación de plantas industriales en el corazón de los barrios. Esto demuestra a qué punto el gobierno privilegia las ganancias de sus amigos empresarios, por sobre la vida de los vecinos.
Mucha campaña y ninguna solución
Al igual que las inundaciones bonaerenses, la “zona cero” fue vista por los principales responsables políticos de la tragedia, como un escenario propicio para hacer campaña electoral. Mestre se excusó planteando que habían sido las casas las que, con el crecimiento de la ciudad terminaron rodeando a las industrias. De la Sota llegó al ridículo de ofrecerles a personas que han perdido todo, créditos de $20.000.
El rechazo a esta propuesta y la exigencia de subsidios sin devolución, junto con la eximición de impuestos a los afectados son el camino que eligieron seguir, correctamente, los vecinos.
Mientras continuamos la pelea por que el gobierno se haga cargo del 100% de la reconstrucción, es necesario profundizar la lucha para echar a Monsanto, Porta y hacer un relevamiento que obligue a la relocalización de todas las industrias peligrosas ubicadas en zonas urbanas.
Se debe conformar una comisión integrada por vecinos que investigue las responsabilidades empresariales y políticas y exija que se haga justicia, encarcelando, destituyendo y obligando a que los responsables respondan con sus bienes.
