Pocos días antes de las elecciones volvió a salir a la luz el accionar de los servicios de inteligencia. Nuestros compañeros Bodart y Ripoll figuran en las listas junto a otras personalidades. Más allá de los discursos y las puestas en escena del gobierno, continúan siendo un recurso de extorsión política, control y judicialización para los que luchan.
Como lo decíamos desde el primer momento, para despejar cualquier duda y desmontar esa maquinaria criminal, hay que disolver la AFI (ex SIDE), abrir todos los archivos y formar una comisión investigadora independiente que vaya hasta las últimas consecuencias.
La herencia de la dictadura al servicio de las corporaciones
El núcleo central de los aparatos de espionaje internos montados en todas las fuerzas armadas del país tiene su origen en la última dictadura militar. Durante ese periodo y con el nefasto objetivo de exterminar a lo mejor de una generación, se desarrollaron y profesionalizaron los «servicios».
Durante los años posteriores, los distintos gobiernos fueron utilizando esa enorme maquinaria al servicio del espionaje interno como forma de condicionar a los propios y perseguir a los extraños.
La política del carpetazo entre las altas esferas es la contraparte de la política represiva hacia las organizaciones sociales, dirigentes y personalidades de distintos sectores, con una predilección clara por la izquierda y los luchadores.
Estas políticas pegaron un salto de calidad con el kirchnerismo, que generó todo tipo de «herramientas» para espiar, operar y castigar. El Proyecto X de gendarmería, la infiltración de agentes de la federal, las «mesas de intercambio de información entre las fuerzas» y ahora la nueva AFI donde estrechan al punto máximo la utilización de una estructura millonaria al servicio de los intereses del partido gobernante, o algunos opositores como Macri y su Policía Metropolitana que mantiene el esquema.
La mayor parte de la información «recolectada» por estos servicios de inteligencia va a parar a las corporaciones nacionales o multinacionales, que la utilizan para procesos judiciales contra los luchadores como Vilma Ripoll, quien está siendo procesada en una causa armada por el gendarme «carancho» o el escándalo de Esquel, donde el propio Ministerio Público Fiscal espiaba activistas del No a la Mina por pedido de las mineras.
Nos espían, nos hacen pagar millones por eso y además la información está al servicio de las corporaciones y después quieren explicar que en realidad nos están «cuidando» ¡no les cree nadie!
El único servicio inteligente es disolver esas cuevas de bandidos
Cuando estalló el caso Nis-man, el gobierno se vio presionado a tomar alguna medida efectista para que el escándalo no se llevara puesta toda la estructura. La disolución de la ex SIDE, como lo denunciamos oportunamente, solo fue un maquillaje y todos los «espías» pasaron junto con sus secretos, sus carpetas y sus millones a la nueva AFI donde sumaron algunos colegas de La Cámpora que andaban sin trabajo. Buscaron legitimar esta «nueva» cueva delictiva firmando acuerdos de cooperación con las Universidades Nacionales, pero no tardaron más que un par de meses en exponerse nuevamente.
La lista de los espiados es tan amplia y dispar que pone en evidencia que la información para extorsión política y para represión a los luchadores es la única «utilidad» que tienen estos agentes.
Hay que disolver estas estructuras secretas y conspirativas, que no tienen ninguna utilidad pública y están sustentadas por genocidas y represores. Pero disolver no es reciclar, por eso es fundamental que se abran todos los archivos y se pongan a disposición de una comisión investigadora independiente, integrada por organizaciones de DDHH, sociales y políticas que se encargue de mandar a la cárcel hasta el ultimo infiltrado empezando, claro está, por los responsables políticos.
Martín Carcione