A fin de octubre el Senado aprobó dos cambios a la Ley de Educación Superior (LES), de 1995. El artículo 2° reformado establece el carácter “público y gratuito de la enseñanza universitaria” y se cambiaron artículos sobre el ingreso y convenios interinstitucionales. Pero se trata más oportunismo que de un cambio de fondo.

La modificación sobre el ingreso reemplaza el artículo 50 que decía “en Universidades con más de 50 mil estudiantes, el régimen de admisión, permanencia y promoción de los estudiantes será definido a nivel de cada Facultad”. Este ítem impactaba especialmente en facultades de Ciencias Médicas, con exámenes de ingreso hiper restrictivos. Los casos de La Plata, Cuyo o Tucumán eran los más emblemáticos. En el mismo sentido, modificaciones introducidas también prohíben ahora los convenios de las universidades con instituciones estatales, públicas o privadas que incentiven la “mercantilización educativa”.
Todas las modificaciones introducidas son correctas y eran necesarias pero insuficientes. Hay aspectos estructurales de la legislación menemista que estas modificaciones no alteran. En concreto, el desafío es responder al ingreso, la continuidad-permanencia y un egreso que signifique profesionales con formación orientada hacia un modelo de país independiente del saqueo de las corporaciones que confiscan nuestra actual capacidad soberana de producir -y decidir- y comprometen seriamente el futuro de la Argentina.

Hija de los ’90

El marco legal universitario se aprobó en 1995. No fue gratuito para el menemismo, la burguesía y la Franja Morada/UCR que hegemonizaba la conducción del movimiento estudiantil. Durante semanas un extendido movimiento de estudiantes, docentes y trabajadores resistieron la aprobación de este engendro privatista. Finalmente, la combinación de represión y la línea claudicante del radicalismo universitario derrotaron el proceso. A partir de allí la legislación perfiló un modelo elitista y mercantilizado. Desjerarquizó las carreras de grado transfiriendo contenidos a posgrados pagos y redefinió programas curriculares a partir de las coordenadas fijadas por grandes empresas transnacionales y socios locales para formar mano de obra barata y flexible. Este diseño homogeneizó la educación superior en todo el continente. El bloque social dominante nunca lo pudo terminar de imponer por completo, pero avanzó cualitativamente. Más allá del discurso, en estos 12 años lo esencial de esta estructura se mantuvo bajo el gobierno K.

Falta lo central

Un concepto no modificado en la LES, que sigue vigente, es la definición de educación como servicio y no como derecho. No es un debate leguleyo, es profundo. La clave para reorganizar el sistema universitario es multiplicar el presupuesto, que hoy decrece ya que no acompaña la evolución inflacionaria. Garantizar el ingreso sin restricciones implica abrir nuevas cátedras, habilitar concursos, terminar con la precarización de miles de docentes ad-honorem y becas de permanencia equivalentes al salario mínimo ajustable a la inflación trimestralmente. Y en el mismo sentido, anular todos los convenios con empresas que lucran con el conocimiento producido en la universidad pública y repensar a partir de un debate plenamente democrático de abajo hacia arriba, una orientación curricular global anclada en un parámetro: el desarrollo de un modelo de Argentina independiente de las corporaciones del despojo y la contaminación, soberana y organizada en base a las necesidades de una nueva mayoría social de trabajadores y sectores populares. Una universidad anticapitalista, antipatriarcal, democrática y ecosocialista. Esta tarea estratégica sigue pendiente.

Federico Castagnet y Mariano Rosa