Con un epicentro en la presentación de Cristina en Comodoro Py, y en días también cruzados por los Panama Papers, el vertiginoso desfile judicial de Jaime, De Vido y otros ex funcionarios K abrió debates a los cuales nos queremos referir en esta nota.
Ante la evidente e interesada campaña macrista y sus jueces cómplices, muchos compañeros y compañeras simpatizantes del gobierno anterior tienen dudas sobre los verdaderos alcances de la corrupción que se denuncia.
Campaña de la derecha, hay
La respuesta del FpV y sectores del PJ ante esta situación se limita a la defensa de la ex presidenta. Sostienen que el gobierno de Macri busca encubrir el escándalo de las offshore y que estamos ante una «revancha» de la corporación judicial.
Está claro que el macrismo utiliza a su favor las causas judiciales. Y que jueces como Bonadío manijean causas poco sólidas como la del dólar futuro con notoria parcialidad política, al servicio del gobierno de turno.
Pero lo mismo puede decirse de la utilización que el FpV-PJ hace de la corrupción macrista. En realidad, los hechos de corrupción afectan a toda la vieja política: es un mecanismo estructural de un régimen institucional al servicio de los empresarios. La excusa del «mal menor» no sirve.
El argumento de la «revancha judicial» tampoco resiste un análisis serio. Es obvio que la corporación judicial defiende sus propios intereses y los del poder político de turno. Pero igual de claro es que, en sus doce años de gobierno, el FpV alimentó y apeló a esa misma casta. Desde Oyarbide hasta el propio Bonadío, antes fueron importantes aliados del gobierno kirchnerista.
Ruta del dinero K, también
Las distintas causas que rodean a funcionarios K tienen un denominador común. Desde la de Ciccone de Boudou hasta los negociados de Hotesur y Los Sauces con Lázaro Baez y Cristóbal López, incluida la imputación a Cristina por lavado a partir de la declaración de Fariña, en todos los casos hay usufructo del Estado compartido entre funcionarios y empresarios amigos.
El largo accionar de coimas de Jaime con los trenes y de De Vido con las obras públicas, ¿pasó desapercibido para Cristina? ¿La imprenta-kiosko de Boudou también? ¿Los monumentales sobreprecios de los contratos con Báez y López desde que los K eran gobierno en Santa Cruz también? ¿El funcionamiento de La Rosadita también? ¿Los negocios en Miami de Daniel Muñoz, el secretario de Néstor Kirchner, también? ¿No es un poco mucho?
Desde ya, no es esta justicia la que puede actuar con imparcialidad y por eso proponemos una CONADEP de la corrupción que investigue todo. Pero la ruta del dinero K, igual que la ruta M, sale de los bolsillos del pueblo, utiliza al Estado como intermediario y termina en los bolsillos de la casta política y la clase empresarial.
Luis Meiners