Con cinco jóvenes muertos y la anuencia del Estado, la fiesta electrónica en Costa Salguero fue un nuevo Cromañón y tiene responsables empresariales y políticos.
En inglés, time warp es algo así como túnel del tiempo. Con menos muertes pero iguales causas, la fiesta nos retrotrajo a días negros como los de Once o Cromañón. Veamos los hechos:
· La concesión del predio público de 17 hectáreas a Costa Salguero S.A. (CS) viene del gobierno de Menem y es totalmente irregular. CS le paga a la Ciudad un canon irrisorio. Y como varios de los terrenos son Urbanización Parque (UP), el único uso permitido originalmente es el deportivo.
· En 2009, ante las irregularidades, el juez Andrés Gallardo ordenó clausurar 19 de los 23 locales subconcesionados por CS, que además invadía los 15 metros costeros (camino de sirga). CS incumplió el fallo y el ex funcionario macrista Martín Farrel la habilitó en tiempo récord. Farrel es el mismo que habilitó Beara, el boliche en donde murieron dos chicas.
· Uno de los dueños de CS y también de la compañía vinculada Telemetrix es Fernando Polledo, esposo de Carmen Polledo, la jefa macrista de la Legislatura porteña. Como Macri, ambos tienen una offshore en Panamá.
· El predio está habilitado para 13.000 personas, pero el juez Sebastián Casanello comprobó que hubo más de 20.000. Los inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) sólo informaron 10.900 asistentes. Dell Producciones, la empresa organizadora de la fiesta, retiró los molinetes.
· Además hubo falta de ventilación, alta temperatura, restricción deliberada al acceso al agua, niveles sonoros de daño y atención tardía a los jóvenes descompuestos.
· La Prefectura Naval decomisó droga pero no informó a la justicia, como es su obligación. Y sabiendo los riesgos de este tipo de fiestas, la Ciudad tampoco hizo ningún control adentro.
Juicio político a Larreta
Según declaró el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, «Es un tema de adicciones». Aseguró que la Ciudad hizo «todos los controles previstos. Hay actas de los inspectores, que son declaraciones juradas, que decían que la capacidad de Costa Salguero estaba bien»… ¡Cinismo puro!
Como bien denunció nuestro dirigente Alejandro Bodart, que fue legislador porteño, «en paralelo a la investigación judicial, Larreta debe ser sometido a juicio político. Aparte del accionar empresarial y de las fuerzas de seguridad, en este caso los hechos demuestran que la responsabilidad política del Poder Ejecutivo de la Ciudad es aún más directa que en Cromañón. Hace tiempo venimos denunciando que con el macrismo sigue la Ciudad Cromañón. ¿Cuántas muertes más hacen falta para poner fin a este desastre? En vez de fortalecer los controles públicos, el PRO los desmantela: disolvió el Cuerpo de Verificadores de Obras y busca desguazar el Cuerpo de Inspectores del Trabajo».
Así funciona el capitalismo
Por ejemplo Adrián Conci, dueño de Dell y del boliche Pachá, también es socio de Energy Group, la empresa que vendía el agua Block. Es que en Time Warp todo estuvo diseñado para lucrar: la sobreventa de entradas, la venta forzada de agua y la venta organizada de drogas sintéticas.
A su vez el gobierno porteño, que habilitó el predio en forma irregular, por años les permitió a los amigos del poder negocios privados con tierras públicas casi gratuitamente y ocultó información a la justicia antes y ahora, no controló como debía. Es más: en diciembre pasado, Macri hizo votar en la Legislatura -en primera lectura- su Ley del «Distrito Joven» que rezonifica los predios cedidos a Pachá y otras doce empresas para blanquear las concesiones irregulares. Bodart y otros diputados votaron en contra, pero el bloque K la aprobó junto al PRO. Como dijo Bodart, «esa ley jamás debe ser aprobada en forma definitiva».
Así funciona el capitalismo: para garantizar la ganancia empresarial, el Estado es cómplice por acción u omisión y esa corrupción mata.
Drogas: basta de hipocresía
Igual que ante el consumo abusivo de alcohol, por ejemplo, como militantes socialistas que luchamos por una nueva sociedad desaconsejamos toda adicción que implique la enajenación física y/o psíquica. O sea, que lleve a la pérdida de la conciencia y el autocontrol o que signifique riesgo para la propia persona o para otros. Pero, a la vez, no nos erigimos en jueces o fiscales morales de la vida privada de nadie.
Lo que sí rechazamos en forma tajante es la hipocresía de este sistema capitalista: por un lado, condena y criminaliza todo uso de drogas incluso si es esporádico y recreativo; por el otro, el aparato político, judicial y policial del Estado ampara o es parte directa del delito de narcotráfico, sea de «superman» como en este caso o de paco para los pibes humildes. Desde la famosa «ley seca» en EE.UU. hace casi un siglo, por la cual floreció la mafia de Al Capone, está comprobado que las redes delictivas crecen, actúan y lucran precisamente gracias a las prohibiciones.
Con el caso Time Warp, el debate se reactivó. La ministra nacional de Seguridad Patricia Bullrich planteó: «Tenemos que ser más estrictos y trabajar junto con los padres, que también deben ser más estrictos. Estamos dispuestos a serlo, pero muchas veces nos chocamos contra una cultura que nos dice que, si somos estrictos, estamos pasando una línea». O sea, Bullrich estigmatiza a los jóvenes, culpabiliza a los padres y quiere más injerencia de las fuerzas de seguridad… incluida la misma Prefectura, de la que es la máxima responsable política, que decomisó drogas pero lo ocultó a la justicia.
Para combatir de verdad el narcotráfico hay que depurar y democratizar a fondo todo el sistema judicial y policial, vía su elección por voto popular, y terminar con la hipocresía de la prohibición, despenalizar y legalizar el uso de la marihuana y demás drogas. El PO se niega a plantear la legalización, cayendo en la moralina. Es al revés: con el monopolio estatal de la producción y control de calidad de las drogas se evitaría no sólo el tráfico clandestino sino además las muertes como las de Time Warp.
Pablo Vasco
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