Fallo antihuelgas, decreto pro-militar, protocolo, reformas penales retrógradas, restricciones a la libertad de prensa y amenazas de instalar bases yanquis en nuestro país conforman un combo peligroso. Mauricio Macri, los gobernadores, la Corte, el Congreso y todos sus socios apuntan a recortar derechos laborales y democráticos básicos. Su objetivo es disciplinar la resistencia popular a fin de hacer pasar el plan de despidos, tarifazos y ajuste para que la crisis capitalista la pague el pueblo trabajador. Como siempre, la vida de la lucha de clases dirá si pueden aplicarlo o no.

En otras notas de estas páginas analizamos el fallo antiparos de la Corte (ver a la izquierda), el decreto macrista en favor de las FF.AA. (ver abajo) y la tentativa de limitar y penalizar la tarea del periodismo (ídem). Abordamos aquí otros aspectos del combo antidemocrático que están desplegando desde el poder.
En nombre de la seguridad…
Si la «investigación científica» es la excusa para montar una base militar norteamericana en Tierra del Fuego, el «narcoterrorismo» lo es para instalar otra en Iguazú. Hay que rechazarlo de plano.
A su vez, la inseguridad es el argumento para endurecer la normativa penal. Así, el 30 de mayo el Congreso aprobó dos proyectos de Macri para incorporar las figuras del agente encubierto (infiltrado), el agente revelador (señuelo) y el informante (buchón), aunque no pudieron incluir la del arrepentido de corrupción. Macri hasta quiere sacarle a la justicia el control de las escuchas telefónicas y «devolvérselo» a los servicios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la vieja SIDE.
En nombre de «combatir la inseguridad», tales cambios les otorgan mayor poder a las fuerzas policiales y de Seguridad. Las mismas del gatillo fácil contra los jóvenes y la tortura en comisarías. Las mismas que participan de todos los grandes delitos económicamente organizados: trata de personas, narcotráfico, tráfico de armas, piratería del asfalto… y que hasta les roban a los familiares el dinero del rescate en casos de secuestro extorsivo.
La inseguridad por delitos crece no cuando crece la pobreza sino la desigualdad social, como viene pasando. La mano dura ya fracasó y la policía es parte del problema. Por eso, junto a un plan económico y social de emergencia, hay que reforzar la prevención, combatir la corrupción institucional, elegir los jueces y comisarios por voto popular y otras medidas que planteamos más abajo.

Criminalización de los luchadores

Desde ya, esa persecución no viene de ahora. Hay más de 4.000 dirigentes y luchadores del movimiento obrero, estudiantil, de desocupados, ambiental y social procesados judicialmente por participar en diversos reclamos. Entre ellos está nuestra compañera Vilma Ripoll, procesada por solidarizarse con la lucha de los trabajadores de Lear contra los despidos, en 2014, en un corte de la Panamericana.
El violento desalojo del acampe en Ushuaia por la gobernadora K confirma que la represión la ejercen los gobernantes de todo signo político. A la Gendarmería -cuya función exclusiva se supone que es cuidar las fronteras- la mandan a reprimir las protestas sociales. Y todo el sistema judicial, desde la Corte para abajo y salvo contadas excepciones, está al servicio de perseguir al activismo obrero y popular.

El protocolo, en veremos

Esta serie de medidas oficiales no implica que mañana Macri va a sacar los milicos a la calle a reprimir. Pero es una amenaza latente si llegara a tener condiciones para ponerlas en práctica.
Hoy la realidad es que el famoso protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich quedó en suspenso. La propia ministra de Seguridad, que decía «cinco minutos o los sacamos», tuvo que reconocer que no lo aplicarán en la Capital sino sólo en autopistas o lugares estratégicos.
Es que tres o cuatro marchas o protestas por día en el centro porteño marcan la relación de fuerzas que frena ese absurdo protocolo. Llamamos a los trabajadores y los jóvenes de todo el país a unir fuerzas, a seguir resistiendo y parándole la mano a la voluntad antidemocrática y represiva de Macri y sus aliados.

Nuestras propuestas

Para enfrentar este intento de instaurar una «democracia vigilada» y seguir defendiendo los derechos democráticos y sociales, estas son algunas de nuestras propuestas:
· Defensa de la más amplia libertad de prensa y expresión. Verdadera democratización de los medios de comunicación, para garantizar el acceso de todas las organizaciones populares.
· Defensa irrestricta de los derechos de huelga, reunión, manifestación y petición ante las autoridades. Abajo la burocracia sindical, sus privilegios y su modelo pro-patronal; por una nueva dirección sindical democrática y combativa.
· No a las bases yanquis. Retiro definitivo de las tropas argentinas de Haití.
· Derogación de la Ley 24.059 de Seguridad Interior, sobre todo sus artículos 31 y 32 que permiten a las FF.AA. intervenir en represión de conflictos interiores. Disolución de la AFI, la ex SIDE.
· Anulación del protocolo, la ley «antiterrorista» y demás legislación represiva. Desprocesamiento de todos los luchadores populares. Libertad a los presos políticos.
· Cárcel común y efectiva a todos los genocidas. Apertura de los archivos secretos de las FF.AA., policiales y de seguridad. Juicio y castigo a los crímenes de la Triple A y a los cómplices civiles del terrorismo de Estado.
· Reforma policial total, que incluya la depuración de los implicados en hechos de corrupción o represión, elección de los comisarios por voto popular y con cargos revocables, control social de las comisarías y derecho a la sindicalización de los agentes.

Concesión a las FF.AA. Macri Pro-militar

El 30 de mayo, Macri firmó el Decreto 721 por el cual las Fuerzas Armadas recuperan potestades que habían pasado al poder político en enero de 1984 por un decreto de Alfonsín después de la caída de la dictadura militar.
No es que en estos 32 años ese «control civil» del Poder Ejecutivo garantizara una real depuración de las FF.AA. Gobierno tras gobierno, todos las mantuvieron como aparato represivo. Y fue Cristina la que nombró al represor César Milani como máximo capo militar. Pero a partir de ahora el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea recuperan una autonomía, un autogobierno, que incluye designar a su gusto a los oficiales y suboficiales, decidir grados y ascensos, reingresos, bajas, traslados, licencias y hasta nombrar al personal docente y los agentes civiles de cada fuerza, decisiones que antes dependían del gobierno.
El hecho es grave, inédito en democracia. Las FF.AA. decidirán como quieran la integración y formación de sus cuadros medios. Tamaña concesión se debe a que Macri quiere congraciarse con la institución militar que, aun en crisis, es la garante última de la continuidad del sistema capitalista.
Y no es el primer gesto en ese sentido. Ya el ministro de Cultura porteño cuestionó públicamente la cantidad de desaparecidos. Y el secretario de DD.HH. de la Nación recibió por primera vez a los familiares de víctimas del terrorismo. El 29 de mayo, en el acto por el Día del Ejército, Macri llamó a «dejar atrás los enfrentamientos y divisiones». Quieren reflotar la nefasta teoría de los dos demonios, justificatoria del terrorismo de Estado, e ir hacia la reconciliación civil con las FF.AA. que cometieron el genocidio y siguen siendo represivas.
El jueves 9 de junio, tras la ronda de las Madres en Plaza de Mayo, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia -del que somos parte- realizó una protesta contra el Decreto 721. Participaron Alejandro Bodart y Vilma Ripoll. Como sostienen desde hace años los organismos de derechos humanos, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.

Pablo Vasco