Con ayuda de sus grandes medios amigos, Mauricio Macri aprovecha la corrupción K y la utiliza políticamente K para tapar la propia, sus tarifazos y todo su ajuste. Pero así parezca más «legal» y de guante blanco, la del PRO-Cambiemos también es corrupción.

Deuda y privatizaciones

La deuda externa es ilegítima de origen porque fue contraída a punta de pistola por la dictadura militar, para «comprar» armas que nunca entraron al país y para «hacer obras» que nunca se hicieron. Y desde 1982, cuando fueron estatizadas las deudas del Grupo Macri y otros grandes popes de la patria contratista, se empezó a pagar deuda privada con fondos públicos. En la causa Olmos, el juez señaló al menos 477 ilícitos. O sea, fraude y estafa por miles de millones de dólares.
Además desde 1989, por orden del FMI, el BID, el Banco Mundial y otros acreedores externos, Carlos Menem impuso las privatizaciones1. Gas, luz, agua, teléfonos, trenes, decenas de empresas productivas y de servicios, activos públicos como las reservas petroleras y hasta la emisión de los DNI fueron entregadas por chauchas a bancos, corporaciones extranjeras y algunos pulpos locales.
Al seguir pagando esa deuda trucha y manteniendo las nefastas privatizaciones, todos los gobiernos desde Alfonsín, pasando por los K y hasta hoy Macri, convalidan la mayor corrupción sistémica del país.

Panamá papers y Aranguren

Tener una sociedad off shore en un paraíso fiscal es «legal». Pero es para evadir impuestos y/o lavar dinero proveniente de ilícitos. O sea, para fines negros y de corrupción.
Tienen off shore Mauricio, su padre y hermanos. Su secretario general de Andreis. Su canciller Malcorra. Su primo Jorge, intendente de Vicente López y presidente del Banco Provincia. Su operador judicial Angelici, titular de Boca. Su amigo Caputo, contratista del Estado. Grindetti, intendente de Lanús. Avruj, secretario de DD.HH. Arribas, titular de Inteligencia. Lopérfido, ex secretario de Cultura porteño. La jefa macrista de la Legislatura porteña Polledo y su esposo, dueño de Costa Salguero, en cuya fiesta Time Warp murieron cinco jóvenes. También los funcionarios PRO Ivoskus, Lo Turco, Schiappapietra, Norverto, Lifsic, Miguel, Silveyra, Pérez Colman… Y otros tres macristas merecen un destaque especial:
· Prat Gay, ministro de Economía, está complicado en la justicia por una cuenta ilegal en el HSBC de Ginebra, en donde ya estaba sospechado por administrar dineros no declarados al fisco.
· Melconian, titular del Banco Nación, es uno de los tenedores de deuda que demandó a nuestro país ante el juez-buitre yanqui Griesa.
· Aranguren, ministro de Energía, tiene $ 16 millones en acciones de Shell y decide las subas de las naftas. Por estar de ambos lados del mostrador, hasta la oficialista Oficina Anticorrupción tuvo que decir que su situación «es complicada».

Blanqueo y arrepentido

Con tales prontuarios, del presidente para abajo mal puede hablar el PRO-Cambiemos de transparencia. En el famoso «fideicomiso ciego» que Macri anunció tras el escándalo por sus off shore, sólo incluyó $ 44 millones de sus $ 110 millones: menos de la mitad de su fortuna. Una chantada total.
A su vez, del proyecto de ley de blanqueo de capitales Macri tuvo que dejar afuera a los funcionarios públicos y contratistas de obra pública. Pero podrán beneficiarse parientes no directos, como su primo el empresario Calcaterra, socio de Báez. También se permitiría blanquear moneda extranjera en países con los que la Argentina no tenga acuerdos de intercambio de información tributaria. ¿Ejemplo? Panamá…
En cuanto al arrepentido, esa figura jurídica ya existe para casos de narcotráfico pero no logró nada sustancial. Ahora el Congreso la amplió a casos de corrupción, habilitando una negociación entre el juez y el corrupto arrepentido. Pero con este sistema judicial, dependiente del poder político, esto terminará con castigo a los «perejiles» e impunidad para los de arriba.

Nuestras propuestas

Combatir la corrupción requiere medidas de fondo. Entre otras, declarar imprescriptibles esos delitos y disponer cárcel y embargo a los culpables; elegir los jueces y comisarios por voto popular; establecer los juicios por jurados populares; anular el secreto bancario y abrir los libros de las corporaciones y grandes contratistas del Estado; nacionalizar la banca y el comercio exterior para impedir el lavado y la fuga de capitales.
La corrupción hay que combatirla, juzgarla y castigarla siempre. Sea del gobierno anterior o del actual. Y sea burda, como las valijas de José López, o de guante blanco, como la del PRO.

Pablo Vasco

1 Con sus leyes de Reforma del Estado y de Emergencia Económica.