Hace un año la empresa minera Barrick Gold derramo más de un millón de litros de aguas cianurada al Rio Potrerillos, según la empresa, se debió a la ruptura de una cañería en la mina Veladero. A raíz de este irresponsable suceso contamino varios ríos que alimentan de agua que se requiere para beber y la producción agrícola. La empresa, el gobierno de San Juan, minimizaron lo sucedido. A pocos días antes del año de aquel derrame, con 6 días de demora, la empresa informo de  un nuevo derrame, a paso seguido, sostuvieron que no pone en riesgo la vida, el agua, ni el ambiente. El ex gobernador José Gioja, impulsor de la minería depredador, ha guardado un silencio cómplice con el suceso, verdadero ecocidio El gobierno de San Juan, en la última década, y, ahora, Uñac, guardan bajo cerrojo la dinámica expoliadora y contaminante de la minería; han protegido los intereses privados de la multinacional por encima de las urgencias ambientales de los habitantes de la provincia.

Sin complicidad política no hay megaminería

A partir de los años 90, América Latina, se convirtió en una región privilegiada para la inversión minera metalífera. Países de la región, entre ellos, República Dominicana, México, Colombia, Chile, Brasil y Argentina son países privilegiados para dicha inversión.

En Argentina, con la presidencia de Menen y Jose Luis Gioja en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación, facilitaron la legislación que las multinacionales minera requería para saquear los recursos naturales del país. Desde los años 90 hay una decisión política, independientemente de quien gobierne, de facilitar el extractivismo depredador en la cordillera de los Andes, sin considerar los impactos ambientales, sociales, culturales, antropológicos que provocan, solo satisfacen las exigencias del capital financiero a escala mundial y alinear a la provincia, la región y el país a las necesidades de la división internacional del trabajo impuestos por las multinacionales.

El gobierno de Macri-Cambienos no se queda atrás en la política de entrega de los recursos naturales, en la reciente “Mini-Davos”, junto al gobernador Uñac, ofreció inversiones por 30.000 millones de dólares, en el ámbito minero. Es decir, no habrá menos sino más explotación minera altamente contaminante, la complicidad política nacional, provincial y municipal para con las multinacionales depredadoras es palpable.

La megaminería al servicio de las necesidades de las multinacionales

La producción de la mega minería no está al servicio de las necesidades de los pueblos. América Latina produce el 26% de la bauxita del mundo y consume el 3%; de cobre el 45% y consume el 6.1%; con respecto al oro, se extrae el 15% y se consume el 3%. La producción minera se destina a satisfacer las necesidades de la economía mundial, mientras contamina y destruye el ambiente en toda América Latina, condenando a sus pueblos a la miseria, pobreza creciente y contaminación. La producción minera, es decir, las multinacionales, entre ellas Barrick Gold, gozan de beneficios impositivo, recientemente, el gobierno Nacional les libero las retenciones, transfiriéndoles, aproximadamente, 300 millones de dólares. Previo a esta medida, la Barrick Gold aportaba a la provincia por cada 100 dólares de minerales extraídos, 1.7 dólares, o sea el 1% del total de ingresos de la provincia. Ahora, nada, solo depredación y contaminación.

Los argumentos pro-mineros del gobierno son insostenibles 

Entre ellos que la minería trae progreso social. Nada de ello está más lejos de la verdad, los indicadores de pobreza e indigencia, son los más altos de la región. Otro, el empleo, la minería absorbe, aproximadamente, 2.500 personas en forma directa, sin contar con los despidos en los últimos meses, es decir, el 1% de empleo de la provincia de San Juan. La minería metalífera representa menos del 0.045% de la PEA de la Argentina.

La mega minería es una actividad altamente concentrada que genera una exigua mano de obra cuya producción está destinada de modo exclusiva a la exportación masiva de minerales, sin ningún valor agregado, con altísima conflictividad social, fuertes lazos de complicidad política y corrupción.

La Asamblea “Jáchal no se toca” instaló el reclamo en el seno del poder provincial

El gobernador Uñac-FpV, ante el derrame de agua cianurada en Veladero, sostuvo que mantendrá la explotación minera en la provincia, acompañando la decisión del presidente Macri quien ha designado como Secretario de Minería a Daniel Meilan funcionario del área durante el gobierno de Menem que dio inicio al modelo mega minero actual y, subsecretario, a Mario Capello, un reconocido lobista de las transnacionales mineras que se opuso a la Ley de Protección de Glaciares.

Ante esta decisión, los trabajadores, el pueblo jachallero, los movimientos sociales, los partidos políticos anticapitalista y ecológicos impondrán, en la más amplia unidad, la única salida posible, el cierre definitivo, remediación y prohibición de la mega minería contaminante y la denuncia política de sus responsables.

La movilización, la segunda en la capital, en lo que va del año, se detuvo en el edificio de la Justicia y denuncio las complicidades del poder judicial con la empresa la Barrick; luego, en la Legislatura, donde acuso a los legisladores, independientemente de su color político, de la complicidad con la mega minería contaminante; en la Facultad de Ingeniería y acusaron el rol cómplice de los “científicos” con la minería; finalmente, el poder ejecutivo, denunciaron el rol de agente del gobernador para con la Barrick.

Este avance en la conciencia y practica de los afectados directos, el pueblo jachallero, ha impactado en toda la provincia y ha generado una crisis en el régimen político que no se detendrá (1).

La mega minería es incomprensible sin contaminación y destrucción masiva del medio ambiente, esto es parte de la verdad; la otra es que genera la movilización de miles de pobladores, pueblos, regiones y trabajadores en defensa de la vida, en oposición, constante ante esta mega minería depredadora.

El pueblo jachallero debe trasladar la carpa a la ciudad de San Juan, para impulsar la unidad en la movilización e imponer el cierre definitivo de todos los proyectos de la mega minería en la provincia de San Juan.

Estas exigencias vitales para detener el ecocidio solo lo podrá imponerla la movilización independiente de los trabajadores y el pueblo, es la tarea.

La movilización ha motorizado, entre otros, los siguientes procesos socio-políticos; la denuncia se trasladó al centro del poder político, económico de la provincia y la complicidad ante la mega minería; ha identificado a cada uno de los cómplices, judicial, legislativo, “científicos” y ejecutivo que envenenan a miles de pobladores; agilizar la organización de la fuerza de la movilización para imponer el cierre, remediación y prohibición. La combinación de estos procesos ha transformado la dinámica y perspectiva de la provincia.

José Mini / Sociólogo / Directivo ADICUS / Docente UNCUYO

1-El gobernador removió a parte de la policía minera y ha tenido duros choques con el ex gobernador José Gioja que defiende a la empresa y denuncio el apuro de la clausura por parte de Uñac.