Los escándalos del Correo Argentino y Avianca golpean al gobierno nacional en uno de los ejes centrales de su relato: la lucha anti-corrupción. Con los Panamá Papers y las coimas de Odebrecht a Arribas como casos más recientes, la trayectoria del Grupo Macri sintetiza la historia de una burguesía parasitaria dedicada a la rapiña y el saqueo como elementos estructurales de la acumulación capitalista.
Hay un saqueo en tres actos. El primer acto de la historia del saqueo del Correo Argentino se desarrolla en 1997 bajo el gobierno de Menem. El Grupo Macri (SOCMA) obtiene la licitación del Correo Argentino a cambio del pago de un canon semestral de 51 millones de pesos/dólares al Estado durante el período de concesión. Apenas un año después el Grupo deja de pagar sus obligaciones al Estado y Menem lo favorece aún más, perdonándole 10 millones de pesos/dólares de aportes patronales.
El segundo acto de la estafa fue el vaciamiento de la empresa. Bajo la administración de SOCMA el Correo aumenta sus tarifas, cierra más de 100 sucursales y despide unos 10.000 trabajadores, cerca de la mitad de su planta. En 1999 Menem le reconoce como «inversiones» los 126 millones de pesos/dólares utilizados en indemnizaciones por despidos y retiros voluntarios, por lo que la empresa elude cumplir un plan de inversión en equipamiento y tecnología de 25 millones anuales. En 2001 la empresa se declaró en quiebra y entró en concurso de acreedores. Su deuda con el Estado ascendía a 296 millones de pesos/dólares.
El tercer acto fue la licuación de la deuda del grupo. Empezó en 2002 bajo la presidencia de Duhalde con la pesificación de las deudas de las grandes empresas privadas. En 2003 el gobierno de Kirchner reestatizó el Correo, pero durante los 15 años de gobierno del Frente para la Victoria no se le cobró ni un solo peso de la deuda, licuándola aún más. El acuerdo actual pretende cerrar este acto.
El acuerdo (y el gobierno) cuestionado
La estafa busca consumarse con el macrismo sentado a ambos lados del mostrador. Según el acuerdo establecido entre SOCMA y el Ministerio de Telecomunicaciones, la empresa deberá comenzar a pagar la deuda en 2018 y terminará de pagarla 15 años después, en 2033. Pagará en total unos 600 millones de pesos. La mitad corresponde al monto de la deuda original que se paga a valor nominal, o sea que no se actualiza al valor real del peso (la deuda original era en pesos bajo la convertibilidad a un dólar). El resto son intereses a una módica tasa del 7% anual, muy por debajo de la inflación y del interés real de cualquier crédito.
Según las cifras de la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero, en las que se apoyó la fiscal Gabriela Boquin, si se aplicaran intereses sobre el monto inicial de deuda tomando la tasa del Banco Nación al momento del concurso de acreedores (1,46% mensual), la deuda supera los 4 mil millones de pesos hoy y llegaría a 70.000 millones en 2033, cuando vencería la concesión. Algo similar sucedería si se tomara como criterio el valor del dólar.
Al dictamen de la fiscal pronto se sumaron denuncias a Macri y Aguad. El cuestionamiento al acuerdo se extendió rápidamente a gran parte de la sociedad. Golpea sobre uno de los pilares del relato macrista: su supuesta honestidad y lucha contra la corrupción. La bronca los obligó a retroceder. Macri tuvo que dar la cara y pidió volver a «fojas cero».
En el caso Avianca-Macair, el gobierno le concedió a esa aerolínea, de la familia Macri, rutas que hoy vuela Aerolíneas. Por ambos casos, Macri está imputado penalmente.
Corrupción, régimen político y acumulación capitalista
Los episodios del Correo y Avianca son una nueva página en el ya extenso prontuario de negocios a costa del Estado realizados por la familia del presidente. Esta trayectoria no es exclusiva del Grupo Macri. La burguesía argentina ha transformado el saqueo de lo público en un verdadero modelo de acumulación. El pago de coimas, los sobreprecios, las licitaciones arregladas entre amigos, testaferros o familiares, la entrega del patrimonio público a precio de remate, y muchos otros curros, son todos mecanismos estructurales que forman parte de la transferencia de riqueza desde el Estado hacia los bolsillos capitalistas.
Los grandes grupos económicos argentinos han crecido y se han fortalecido al amparo del Estado. Desde regímenes de promoción industrial y exenciones impositivas hasta estatización de deudas. Estas políticas han generado de manera constante las condiciones de acumulación de capital a costa de nuestros bolsillos. Algunas de ellas son «legales» de forma y otras no, pero todas tienen el mismo contenido prebendario.
En este intercambio de favores, los funcionarios públicos obtienen importantes «retornos», tal como lo atestiguan los famosos bolsos de López y tantos otros. El enriquecimiento personal de las familias del poder político adquiere dimensiones escandalosas. Pero el problema es aún más profundo. En muchos casos, estas prácticas alimentan las «cajas negras» del régimen político. Se han transformado en un mecanismo de financiamiento de los partidos del régimen que escapa a toda forma de regulación. Esto reproduce las condiciones materiales que consolidan a la casta política.
Aún más, el caso del Correo atestigua las consecuencias de un régimen de puerta giratoria entre las cúpulas empresariales y políticas. En un gobierno repleto de CEOs, las empresas se encuentran de los dos lados del mostrador. Los famosos «conflictos de interés», terminan por resolverse siempre a favor de los mismos. Desde Aranguren y sus acciones en Shell hasta el Correo y ahora Avianca, este accionar es una constante.
Luchar contra la corrupción, el régimen y el sistema
La corrupción no es un mero problema moral, de funcionarios y empresarios (o ambos) corruptos. Hay que investigar y condenar a los responsables de estos nuevos escándalos, y de todos los anteriores. También hay que exigir que se les cobre cada peso (a valores reales) de la deuda a los saqueadores. Y declarar imprescriptibles los delitos de corrupción. Pero para erradicar el problema, hay que ir más a fondo.
No puede dejarse esto en manos de una justicia corrupta, atada por mil lazos al poder político y económico. Por eso proponemos crear una CONADEP de la corrupción, una comisión investigadora independiente de los poderes del Estado, para que pueda ir a fondo y hacer públicos todos sus resultados.
Además hay que democratizar esta democracia para ricos. Que los funcionarios no tengan el poder de decidir a nuestras espaldas. Que los jueces y fiscales sean electos por el voto popular y que sean revocables. También hay que terminar con sus privilegios y que ganen como un docente.
En fin, hay que dar la pelea contra el sistema que alimenta la corrupción: el capitalismo. En un mundo donde las ganancias de unos pocos valen más que la vida de la mayoría, la corrupción será crónica. Esta pelea política requiere la construcción de una gran alternativa política de lxs de abajo para darla.
Luis Meiners
