La principal institución científica del país y la segunda de Latinoamérica está en pleno proceso de disputa. La decisión de profundizar la reorientación de esta depedencia es parte de la hoja de ruta de Cambiemos. Ataque a las Ciencias Sociales. La polémica por los proyectos de áreas estratégicas. Ajuste de coyuntura y desmantelamiento como estrategia.
La declaración de guerra a la comunidad científica y el sistema de investigación pública en el país se sintetiza en definiciones del ministro Barañao:
El CONICET no es una agencia de empleo.
Si quieren investigar en historia medieval que lo hagan en las universidades (sic). no puede ser que miles de becarios vean al Conicet como la única alternativa para una carrera estable.
Lo que estamos diciendo es que todo fondo adicional será destinado a aquellas investigaciones que contribuyan a la generación de riqueza.
Lo que digo ahora lo dije (hace años) en un stand up en la Rosada que está en YouTube.
Hay que pasteurizar la ciencia en Argentina.
Este organismo estatal fue creado en la bisagra entre el primer y segundo gobierno de Perón, en 1951. Su historia se identifica con cuadros tan polémicos y talentosos como el físico José Balseiro, el astrónomo Juan Bussolini o el médico premio Nobel, Bernardo Houssay.
La trayectoria del proyecto de ciencia nacional refleja bien la ausencia de estrategia independiente de desarrollo de Argentina. Su recorrido contradictorio, siempre en tensión, tiene las marcas -como la universidad pública- de un antagonismo recurrente: el bloque social hegemónico y su aval a la colonización cultural, y del otro lado, miles de científicos apostando al progreso de un sistema de investigación que contribuya a mejorar la vida de la mayoría de las personas, del pueblo. Esa contradicción básica, ese antagonismo fundamental, vuelve a gravitar en el 2017.
La doble clave del ajuste: presupuesto y paradigma
El directorio del organismo decidió recortar a la mitad los ingresos a carrera de este año. Sólo entrarán 450 investigadores. Los 508 científicos despedidos el año pasado continúan la lucha por el ingreso al CONICET. El 50% del presupuesto se va a asignar a los llamados “temas estratégicos y tecnologías” y el otro 50% a las grandes áreas de “ciencias básicas”. Los temas estratégicos son los vinculados por ejemplo, a la agricultura de precisión y biotecnología, decisivos para el agronegocio. Por fuera de esos proyectos definidos como estratégicos quedan las ciencias duras tradicionales y, sobre todo, las ciencias sociales y humanas que son las más afectadas por el recorte de fondos y reasignación de los mismos.
Lo más importante es que el achique de presupuesto es la dimensión económica reveladora de un paradigma, de un enfoque, de una concepción de ciencia y tecnología. Decir que Barañao y el actual gobierno no quieren ciencia sería equivocado. Afirmar que Barañao ahora modificó su programa tampoco se ajusta a la realidad. De hecho el programa Argentina 2020 gestado y presentado en la gestión de CFK por el actual ministro PRO, define las coordenadas de un modelo que apunta a un CONICET que priorice investigación para contribuir al complejo exportador agrominero y que incorpore la generación de recursos propios con la intervención del capital privado. En esto, Barañao dice la verdad: no es nuevo lo que piensa e intenta. Ahora la crisis, además, le impone acelerar los tiempos presupuestarios. Pero hay que ser categóricos: la estrategia, el paradigma científico del cual es vocero se perfiló en el gobierno anterior.
¿Para qué sirven las ciencias sociales?
Según declaró en alguna oportunidad Barañao la ciencias sociales le parecen “teología”. Esta calificación positivista para cuestionar el carácter científico de las áreas sociales de investigación está en la base de una ofensiva reaccionaria más integral. Clarín publicó un artículo sobre el conflicto del CONICET donde explicaba el ajuste 2017 diciendo que “se decidió darle prioridad a los investigadores más útiles para el país”. Esta andanada se completó con el ataque del ministro al estudio de la historia medieval hace pocos días para ejemplificar un campo de investigación inservible. Pero ¿para qué sirven las Ciencias Sociales? ¿Qué proyectos se desarrollan en el sector? Del relevamiento actual de proyectos en desarrollo financiados por el Estado, sobresalen los siguientes:
Investigaciones sobre políticas públicas, demandas sociales y respuestas del estado a lo largo de la historia contemporánea de nuestro país
Estudios sobre masculinidades dominantes, es decir, cómo los hombres, los varones, se constituyen simbólicamente como tales. Esto en un contexto donde se multiplican los femicidios y casos de violencia de género. Estas investigaciones se interrogan sobre las causas sociales, económicas y políticas de esta realidad
Hay múltiples proyectos de investigación sobre comunidades educativas en contextos de ruralidad. Se aborda el impacto del agronegocio, las fumigaciones y las derivas en materia social, económica y de salud pública como así también el rol del estado en ese marco
Estos son algunos ejes destacables. Todos claramente tienen un objetivo que es aportar conclusiones para vertebrar una respuesta en materia de política pública que mejore la vida de las personas, la realidad de la mayoría. La decisión de desfinanciar estos campos de investigación revela toda una orientación social y política.
Ciencia, tecnología y desarrollo en la agenda de la izquierda
Limitar el debate sobre CONICET al plano de los puestos de trabajo o el vector presupuestario, es un reduccionismo funcional a la política científica privatista, mercantilizadora. Por eso, pensamos que es central incorporar en la agenda de un nuevo proyecto de izquierda en Argentina, un planteo opuesto, alternativo, integral.
Primero, con un cambio metodológico y político elemental: democratizar el debate sobre el rumbo de la ciencia y la tecnología estatales, como así también su diseño y planificación. Un proyecto de izquierda, antagónico a la lógica capitalista, implica horizontalizar y masificar la participación de los científicos e investigadores en la determinación del rumbo del sistema en este terreno.
En segundo término, la investigación estatal tendría que tener coherencia con un modelo social y político que priorice la garantía de derechos sociales, de género, socioambientales, democráticos. Una orientación antagónica al agronegocio, y que contribuya al principio de la soberanía alimentaria, esto es: garantizar comida suficiente, accesible y saludable. Opuesta también a la matriz de energía petrodependiente y que fomente las renovables y limpias, para despetrolar y descarbonizar. Que priorice lo público, el territorio y las comunidades. Que contribuya a aumentar la productividad del trabajo para garantizar más tiempo libre social, no más rentabilidad empresaria. Una orientación en ciencia y tecnología que revolucione la educación básica en contenido y método, estimulando la libertad y el pensamiento crítico. Una perspectiva que aporte a garantizar la salud pública como derecho, con producción pública de génericos, con nuevas vacunas y el combate al negocio capitalista de la enfermedad. En definitiva: la investigación científica como vector de desarrollo democrático, social, mayoritario y positivo, de un proyecto emancipador nacional con perspectiva latinoamericanista y de cooperación internacionalista entre los pueblos.
Mariano Rosa
