La marcha federal de salud del 4/10 fue un paso contundente en la defensa a la Salud. Puso en tela de juicio el modelo sanitario del macrismo, continuidad del proyecto del Banco Mundial para la región. Desarrollaremos aquí nuestras críticas, debates y propuesta transformadora.
El derecho a la salud está cuestionado y amenazado desde hace años por los sucesivos intentos de los gobiernos de aplicar las recomendaciones del Banco Mundial y el FMI, por favorecer al subsector privado en detrimento de lo público, hasta la privatización definitiva. Nuestro sistema de salud, hoy está organizado de forma tripartita al igual que en la mayoría de los países de Latinoamérica. Administran la salud el Estado, los privados y la Seguridad Social (en nuestro país los dirigentes de los sindicatos). Y existen un paquete de herramientas impositivas, presupuestarias, jurídicas, mediáticas y sociales; que apuntan a beneficiar permanentemente al sector privado.
Estas políticas se acentúan desde la publicación en 1993 del Informe sobre el Desarrollo Mundial “Invertir en salud” con recomendaciones sobre política sanitaria elaborado por el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y otras instituciones y organismos bilaterales.
Este informe propuso reorientar el gasto público en función de costos, eficacia y facilitar la mayor diversidad y competencia en el financiamiento y prestación de los servicios de salud. Recomendó reducir el “gasto público” en establecimientos de nivel terciario, en la formación de especialistas y en las intervenciones que aportaran escasa mejora en relación a los gastos generados. Alentó la privatización de servicios no incluidos en los esenciales, la competencia en la provisión de servicios clínicos, suministros de insumos y medicamentos.
El gobierno de Cambiemos, de alguna manera, viene a cumplir con estas tareas no resueltas en Argentina. Ejemplo de esto es el Presupuesto 2019. Se prevé una participación de los gastos totales en Salud del 0,8% del PBI, manteniendo similar proporción a 2018, pero en un contexto recesivo, lo que significa en los hechos una reducción real de alrededor de 2,2% frente a la inflación. Es decir, la Salud Pública pierde terreno, mientras que los laboratorios y prepagas mantienen su rentabilidad con los aumentos autorizados por Cambiemos, que ya superan el 30% en 2018.
Otro ejemplo es la CUS, también proyecto del BM para Latinoamérica, que según expresa en su página oficial, espera que se aplique antes de 2030. El gobierno de Macri en materia de gestión de salud careció de iniciativa durante 2015/2016. Simplemente se dedicó a desmantelar programas que dependían del ex Ministerio, hasta que en el segundo semestre del 2016 se decreta la Cobertura Única de Salud. No es nuestra intención describir a fondo el proyecto CUS. Pero con ella se intenta instituir mediante el uso de un carné, que la población acceda a diferentes prestaciones de salud limitadas. Nada tiene que ver la CUS con una “cobertura” de salud. Por el contrario, implica la imposición de una lista de prestaciones básicas que deja sin cobertura universal a millones. Y le permite al sistema privado y a los corruptos administradores de las Obras Sociales, la burocracia sindical peronista y cegetista, seguir haciendo grandes negocios a costa de la salud de la población o, mejor dicho, de la enfermedad.
Debates necesarios
Ante este desmantelamiento progresivo del sistema público, existieron fuertes resistencias que frenaron los ataques. Al igual que con la universidad pública, la Salud Pública es una conquista que aún no lograron quitarnos.
El macrismo, el FMI y el BM tienen un proyecto claro. Es por ello, que entre los que estamos movilizados tenemos que discutir con profundidad qué modelo de salud proponemos.
Desde nuestra perspectiva, es imposible pensar un sistema de salud público, gratuito y de calidad en un escenario de coexistencia con el sistema privado y de Seguridad Social. Estamos convencidos que en esa tensión, siempre sale perdiendo el sistema público.
Este es un debate importante dado que muchos de los teóricos en materia sanitaria del anterior gobierno y muchos compañeros, que cuestionan al macrismo, defienden este modelo tripartito. Desarrollan diferentes estrategias y planes, para explicar que es posible esa coexistencia, fortaleciendo el subsistema público. Ginés Gonzalez García, ex Ministro de Salud durante el Gobierno de Néstor, en su trabajo “Las reformas sanitarias y modelos de gestión”, desarrolla la importancia de la competencia entre los servicios privados y públicos de salud, haciendo centro en la importancia de “gestionar”.
También Mario Róvere, Viceministro de Salud durante el gobierno de Cristina, en su trabajo “El Sistema de Salud de la Argentina como Campo; Tensiones, Estratagemas y Opacidades”, polemiza con el modelo privatista de sistema de salud del Banco Mundial y el FMI; pero se queda a medio camino. Su mirada apunta a la necesidad de “fortalecer” el subsector público en tensión continua con el subsector privado y de la Seguridad Social. Además describe una serie de “avances” durante la década desperdiciada de gobierno kirchnerista, en materia legislativa y programática, pero que por la vía de los hechos no se materializaron en infraestructura y reformas estructurales del sistema de salud público. Está a la vista con solo pisar cualquier hospital de la provincia de Buenos Aires.
¿Por qué pensamos que resulta imposible esta vía? En primer lugar porque las Obras Sociales son la caja grande de la burocracia sindical, que deglute millones en detrimento de la salud de sus afiliados. En segundo lugar porque el subsistema de salud privado en el marco de un modelo económico capitalista, ya sea “capitalismo bueno” o “neoliberal”, siempre tendrá al Estado como su garante. Y en tercer lugar, porque con los recursos del Estado que hoy se utilizan para el sistema público y los aportes que hacen millones de trabajadores a las obras sociales o prepagas; se podría realizar un shock de inversiones en salud. Eso sin considerar que se debería dejar de pagar la deuda externa usurera, que hoy aplasta al presupuesto público de salud.
Resulta utópico pensar que este sistema tripartito de salud nos garantizará algún día calidad y gratuidad. Por el contrario, en el marco de un Sistema Único Público de Salud, eso sería posible. La historia demuestra que en países como en Cuba o Inglaterra funcionó con mejores índices que muchos países que aplican las recetas del Banco Mundial. El problema radica en cómo se administra y cuál es el modelo económico que lo sustenta. ¿Es la burocracia sindical? ¿Es el gobierno de turno? La única garantía de que funcione, es si se financia de rentas generales y se sostiene mediante un control democrático de sus usuarios y trabajadores, en el marco de otro modelo de país.
Esta propuesta debe ir de la mano con la estatización de los laboratorios y producción 100% pública de medicamentos, se podría atender la demanda inmediata a muy bajo costo. Con la eliminación de la precarización laboral e incrementando sustancialmente los salarios se podría mejorar la atención, formación e investigación en el área del equipo de salud. Y a su vez, se debería ampliar la extensión de programas y centros de atención primaria en la salud; las guardias de los hospitales no estarían saturadas.
Mariano Veiga, Sec. Gremial de AGHIM
Orlando Restivo, Directivo de CICOP