El próximo domingo 24 de Marzo se cumplen 42 años desde el golpe militar de 1976. En realidad el terrorismo de Estado había comenzado antes, bajo el gobierno del general Perón, con la Triple A: una banda paramilitar de ultraderecha que secuestraba y asesinaba activistas, método que luego multiplicaría la dictadura. El golpe genocida tuvo apoyo de la UCR y el PJ, del imperialismo, los grandes empresarios y la cúpula de la Iglesia Católica, mientras que la burocracia de la CGT dejó correr. Hubo 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos, entre ellos más de un centenar de nuestro querido PST, siempre presentes en nuestras cabezas y nuestros corazones.
En estos 42 años de lucha y movilización, el ejemplar movimiento de derechos humanos argentino, con apoyo popular, logró echar abajo todos los obstáculos de impunidad que fueron levantando los sucesivos gobiernos “democráticos” burgueses post dictadura. Con la caída de las nefastas leyes de Punto Final y Obediencia Debida en 2003, se reabrieron los juicios a los genocidas. Así, aunque varios de ellos han muerto en libertad, casi 900 fueron condenados y otros cientos todavía están siendo juzgados. No obstante, más de la mitad de los asesinos y torturadores condenados goza de prisión domiciliaria, beneficio que repudiamos.
Desde que asumió, el gobierno de Macri intenta negar que en nuestro país se cometió un genocidio y busca reconciliar al pueblo con las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad represoras. Es que el presidente quiere fortalecer todo el aparato represivo a fin de imponer como sea el plan económico de ajuste, despidos y entrega dictado por el FMI. Socios en esa política son todos los gobernadores, tanto oficialistas como “opositores”, que en sus provincias también aplican hambre y palos. Lamentablemente, organismos de derechos humanos vinculados al gobierno anterior, y sectores políticos que hoy se alían electoralmente al PJ, pretenden ocultar esta realidad insoslayable.
A las mal llamadas leyes “antiterroristas” heredadas del gobierno kirchnerista y aún vigentes, el gobierno macrista le sumó la devolución indebida de potestades a las FF.AA., la injerencia ilegal de las mismas en asuntos de seguridad interior, la “doctrina Chocobar” que habilita más gatillo fácil policial y el reciente proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad penal a 15 años bajo la excusa de un nuevo régimen penal juvenil. Al revés de lo que pregona la ministra Patricia “Bolsonaro” Bullrich, nada de esto traerá seguridad sino más muerte, persecución y represión al pueblo trabajador.
Por todas estas razones de ayer y de hoy, como integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia junto a decenas de organizaciones populares, desde el MST y el Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU) el domingo 24 de Marzo vamos a marchar masivamente a Plaza de Mayo y a todas las plazas del país como lo hacemos todos los años: de manera independiente de todos los gobiernos.
No a la baja, no al gatillo fácil
El jueves 28 de febrero, junto a familiares de víctimas del gatillo fácil, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia nos movilizamos a Congreso contra la baja de edad de imputabilidad penal. Junto a otrxs referentes, en la cabecera unitaria estuvo la compañera Vilma Ripoll (MST).
