Aun no acabamos de reponernos del drama de Lucía (1), la niña tucumana de 11 años violada y embarazada, a quien en vez de un aborto legal le hicieron una cesárea, cuando nos golpea la atroz muerte de Bianca, de tan sólo 4 años, violada y asesinada en Cañuelas. Si a Lucía el Estado le negó sus derechos y la revictimizó, a Bianca ni siquiera le pudo proteger su corta vida. La violencia patriarcal, en ambos casos del contexto familiar, siempre se ensaña con las más vulnerables: las niñas. La urgencia no puede ser mayor.

A Lucía la violó la pareja de su abuela, Víctor Amaya. A la pequeña Bianca todo indica que la asesinó la pareja de su madre, Federico Espinosa, tras golpes y violación. Estos casos tan tremendos conmueven e indignan al país entero. ¿Cuáles son las causas y las soluciones?

Según los datos del gobierno nacional, por año tenemos unas 2.500 niñas-madres y va en aumento: “en nuestro país, 2.493 bebés nacieron de niñas menores de 15 años en 2017: un 3% más que el año anterior” (2). A la vez, “7 de cada 10 adolescentes de entre 15 y 19 años reportan que ese embarazo no fue intencional. En las menores de 15 años esa cifra aumenta a 8 de cada 10, y la mayoría de esos embarazos son consecuencia de abuso sexual” (3).

Es decir, existen tres problemas interrelacionados: abuso sexual infantil (el 80% de los casos es intrafamiliar, cometido por parientes, vecinos o amigos cercanos), miles de embarazos infantiles y adolescentes indeseados (resultado de esos abusos) y niñas obligadas a ser madres sin desearlo.

Ante esta situación tan grave de vulneración a los derechos humanos y reproductivos, desde 2017 se puso en marcha un supuesto Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), a cargo de la Sennaf (4), que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación cuya titular es Carolina Stanley. Veamos cuál es la realidad:

El plan se llama “nacional”, pero sólo se aplica en 12 provincias y tampoco en todos los departamentos de las mismas sino sólo en algunos. Según promete el propio gobierno macrista, en dos años el plan alcanzaría a 500 mil estudiantes de secundaria siendo que en el país actualmente son más de 6.500.000. O sea, con suerte, este año el plan ENIA le llegaría únicamente a la treceava parte de quienes lo necesitan.

El plan tiene cuatro “pilares”: Educación Sexual Integral (ESI), asesorías en escuelas, consejerías en centros de salud y anticoncepción. Pero la gran mayoría de las escuelas del país sigue sin ESI y, salvo excepciones, las asesorías, consejerías y la provisión de anticonceptivos son pura fantasía. A estas falencias sin duda aporta la presión anti-derechos del doctor Abel Albino y su Fundación CONIN, contratados por la Sennaf.
Tucumán, digna de la Edad Media

“Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”, fue la frase de Lucía que seguirá resonando. El Estado provincial le negó su derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), dilató la práctica por 26 días y le hizo una cesárea en pos de “salvar las dos vidas”, como decía la orden del Sistema Provincial de Salud (Siprosa). Antes presionó a la familia y a la niña para que no aborte, judicializó su caso, la obligó a seguir la gestación, la expuso en público y violó su autonomía. O sea, la torturó a nivel físico y psicológico.

Tucumán es una provincia declarada “pro-vida”. Allí gobierna Juan Manzur (PJ), ex ministro de Salud de CFK, otro anti-derechos. Es la única provincia del país que no adhirió a la Ley de Salud Reproductiva y también la única donde aún se imparte religión en las escuelas públicas (5). No hay ESI ni protocolo de ILE. Es más: por un proyecto de ley del retrógrado legislador Marcelo Caponio (PJ) hasta pretendían prohibir los abortos en caso de violación.
Hoy Tucumán vive una crisis institucional por el caso de Lucía y nadie se quiere hacer cargo de lo ocurrido.

La ministra de Salud Rossana Chahla, que presiona al personal del área para que se declare objetor de conciencia, es responsable directa. A su vez Gustavo Vigliocco, jefe del Siprosa, y Elizabeth Ávila, directora del Hospital Eva Perón, incumplieron la ILE.

Desde el Poder Judicial la fiscal Adriana Giannoni, de Homicidios, actuó “de oficio” para impedir la ILE. Por la presión social, la Corte provincial tuvo que aclarar que se debió aplicar el fallo FAL de la Corte Suprema nacional (6).

El arzobispo Carlos Sánchez convocó a los anti-derechos celestes a movilizarse e hizo público el nombre real de la niña, violando así su privacidad.

El gobernador Manzur mintió al decir que la ILE se hizo “rápido”. Recién después del escándalo tuvo que aceptar que correspondía dicha práctica.

Si bien Tucumán es quizás la más patriarcal y clerical, otras provincias argentinas no distan mucho de ese atraso digno de la Edad Media.

La ola feminista va por todo

Así como sucedió antes con otra niña violada y embarazada en Jujuy, la conmoción social por Lucía y luego por el brutal femicidio de Bianca reactiva debates muy profundos. Estos casos por desgracia habituales, casi siempre ocultados por el entorno familiar e institucional patriarcal, ahora se visibilizan más como producto de la pelea sin tregua del movimiento de mujeres.

En Tucumán, desde Juntas y a la Izquierda-MST y otras organizaciones feministas marchamos una y otra vez al Siprosa y a la Plaza Independencia con la consigna “Niña no madre” para acelerar la ILE a Lucía, pedir la renuncia de Chahla y Vigliocco, y denunciar a Manzur. En las asambleas unitarias hacia el 8M acordamos como consignas centrales: Niñas no madres, Manzur es responsable y Aborto legal ya. Y marcharemos desde el Siprosa a Plaza Independencia.

Pero Lucías y Biancas hay en toda la Argentina. Con casi la mitad de las niñas del país bajo la línea de pobreza, sin ESI efectiva ni respeto a la ILE por irresponsabilidad del Estado, el paradigma explícito de la Iglesia, los evangelistas y demás sectores anti-derechos, como ya lo editorializó semanas atrás el diario La Nación, es forzar a las niñas a ser incubadoras. El cuento de la criada no es ficción.

La ola feminista y disidente no se los va a permitir. Basta de oscurantismo. El Estado es responsable. La maternidad será deseada o no será. Niñas, no madres. Exigimos aborto legal ya. Que se respete la ILE, con equipos de profesionales especializados en niñez y adolescencia para atender casos como el de Tucumán. Que en todo el sistema educativo nacional se aplique de inmediato la ESI, con perspectiva de género y disidencia, instrucción insustituible para poder prevenir los abusos sexuales y los embarazos no deseados.

Este 8 de Marzo, día del tercer paro internacional de mujeres, es la oportunidad de levantar en las calles todas estas banderas con más fuerza que nunca. ¡Por Lucía, por Bianca, por todas las niñas!

Lita Alberstein y Pablo Vasco

1. Nombre ficticio para preservar su identidad.
2. Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS), del Ministerio de Salud de la Nación.
3. Plan ENIA 2017.
4. Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
5. Hace casi un año, desde el MST y la Comisión por la Educación Laica hemos presentado un amparo para que se anule este resabio medieval.
6. Toda persona embarazada que denuncie haber sido víctima de violación o cuya vida peligre tiene derecho a la ILE sin demora alguna.