El 24 de julio renunció el gobernador de Puerto Rico Ricardo (Ricky) Rosselló. Lo hizo luego de 10 días de masivas protestas y del enorme paro y movilización que el lunes 22 protagonizaron medio millón de habitantes de la isla en repudio a una serie de chats que con un fuerte contenido misógino y anti LGBT desnudaron una enorme corrupción, mientras el pueblo portorriqueño atraviesa un período de graves penurias.

El pueblo no aguanta más injusticias
Se cansó de tus mentiras y de que manipules las noticias
Ey, ey, todos los combos, los caseríos somos nuestra milicia
Ya no nos coges de pendejo
Eres un corrupto que de corruptos coges consejos
Arranca pa’l carajo y vete lejos
Y denle la bienvenida a la generación del:
Yo no me dejo
(«Afilando los cuchillos», canción de Residente y Bad Bunny, con cinco millones de visitas en el web)

El 13 de julio, el Centro de Periodismo Investigativo dio a conocer 899 páginas de conversaciones por Telegram entre el gobernador y su equipo. Mensajes con expresiones machistas, de anti LGBT, de desprecio hacia el pueblo portoriqueño y a las víctimas del huracán María, desnudando además una importante red de corrupción gubernamental, provocaron una rebelión que exigía la renuncia del gobernador y su equipo.

Según los términos de su renuncia, Rosselló deberá abandonar el gobierno el 2 de agosto. Pero aún no tiene reemplazante, ya que tendría que reemplazarlo su Secretario de Estado que renunció también y su Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, quien continúa en la línea sucesoria, es resistida por el pueblo que corea «No te vistas, que no vas», ya que está acusada de corrupta y ha anunciado su intención de renunciar.

Cuando escribimos estas líneas el poder está vacante en Puerto Rico. Como en toda crisis revolucionaria, el poder está en las calles. Aunque la crisis aguda y el vacío suele no durar y más si no hay una alternativa revolucionaria capaz de ocupar el lugar vacante.

Las causas de fondo del estallido

La publicación de los chats fue la gota que rebalsó el vaso de una crisis que combinaba una creciente explotación capitalista y decadencia de la isla, enfrascada en la renegociación de una enorme deuda pública, con una corrupción galopante en las esferas del poder.

Puerto Rico, que bajo el engañoso nombre de «Estado Libre Asociado» es en realidad una colonia yanqui, con 3 millones y medio de habitantes y 5 millones que han emigrado a territorio estadounidense, atraviesa un proceso de enorme decadencia de su economía. Pasó de ser el centro de las inversiones de las multinacionales estadounidenses en la década del 90, para las cuales era el taller de mano de obra barata que estaba eximida del pago de impuestos por la sección 936 del Código de Rentas Internas del Gobierno federal de EEUU, a entrar en un período de grave decadencia económica a partir de la finalización de estas exenciones en el 2005, ya que muchos de estos inversores realizaron similares o mejores ganancias en México después de la firma del NAFTA y en otros mercados.

Como consecuencia de esto la desocupación y la pobreza empezaron a dispararse a niveles récords. Hoy la desocupación supera el 8,5% según cifras oficiales (para otras fuentes es superior al 15%) y la pobreza supera el 40%. Cifras que no han podido ser mitigadas por la escasa ayuda asistencial enviada por Washington para evitar un colapso total.

Para cubrir su «insolvencia» los gobernadores del estado portorriqueño contrajeron una enorme deuda pública. Según el New York Times del 18 de julio: «los líderes de la isla, territorio estadounidense, pidieron prestados 74.000 millones de dólares, principalmente para equilibrar el presupuesto, y se gastaron todo el dinero en el sistema público de pensiones. La isla les debe unos 55.000 millones de dólares a los jubilados.»

Los fondos pedidos como préstamo son «una compleja combinación de fondos mutuos y de cobertura (hedge funds) hasta llegar a los actuales US$73.000 millones de deuda.(…) los títulos que emitía la isla se encuentran exentos de impuesto sobre la renta para el resto de los estados. Por lo tanto, esos bonos fueron apetecidos por inversionistas de varios puntos de EE.UU. Así los pasivos no dejaron de crecer hasta que, en 2015, el entonces gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, declaró como «impagable» la deuda pública del estado libre asociado.» (BBC News, 4/5/17)

Esto dio origen a la Ley Promesa (de pagar esa deuda), que Obama firmó en junio de 2016, por la cual se crea la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que está destinada a achicar el «gasto fiscal», léase recortes a las pensiones, privatizar la salud, recortar las partidas para la educación, los servicios sociales y negociar con los acreedores. Por eso las manifestaciones pedían la renuncia de Ricky y de la Junta.

Como lo señala el compañero portorriqueño Jorge Rodríguez Vélez en su artículo publicado en la web de la LIS el 27/7: «Cabe destacar que Julia Keleher, secretaria de educación, quien fue apresada el 11 de julio, fue la cara y operadora desde el gobierno del cierre de 442 escuelas, toda una política de privatización de la educación que se suma a la reforma laboral en la que las y los trabajadores sufrieron la baja de sus pensiones y perdieron importantes beneficios, tanto en el sector público como en el sector privado.»

Y el desastre del huracán María

A esto debe sumársele los graves daños del huracán María del 2017, que dejó 3.000 de víctimas según datos oficiales y 4.645 según la Universidad de Hardvard, de las cuales el gobierno solo recocía 64 durante un largo periodo y que dejó a gran parte de la isla sin energía eléctrica durante varios meses, por la total ineficiencia y manejo corrupto de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, conocida como PREPA. De los míseros fondos votados por el Congreso de EEUU para asistir esta emergencia menos de la mitad ha ingresado a la isla.

Una revolución democrática en curso

El levantamiento portorriqueño tiene un carácter espontáneo. No fue dirigido por una dirección clara y tuvo un carácter muy masivo. Como en muchas revoluciones democráticas, confluyeron los más amplios sectores populares con otros sectores de la superestructura política que oportunistamente y ante el descontrol se sumaron al pedido de renuncia de Rosselló. El curso del proceso portorriqueño va a enfrentar a estos aliados circunstanciales, entre los que quieran detener el proceso en los marcos del régimen actual y la movilización por llevar hasta el final las tareas democráticas.

Así describió el proceso la revista Jacobin del 26/7: «Todos los sectores de la sociedad puertorriqueña se han unido en un intento de derrocar al gobernador Ricardo Rosselló. Más del 10 por ciento de toda la población de la isla marchó en las calles de San Juan el 17 de julio, y más del 14 por ciento el 22 de julio, con otro día masivo de protesta nacional programado para el 25 de julio, una verdadera revolución si fuera suceder en cualquiera de los cincuenta Estados Unidos. Nada como esto ha ocurrido en la memoria viva.»

«Los llamados a la renuncia De Roselló no solo vinieron de sindicatos, organizaciones de derechos de las mujeres, estudiantes y otros grupos de la sociedad civil, sino de miembros de todos los partidos políticos, ex gobernadores, representantes del Congreso de los EEUU, Una asociación de policías, servicios armados puertorriqueños estacionados en el extranjero y el sector privado.»

Como señala bien Rodríguez Vélez: «Las manifestaciones espontáneas que exigían la renuncia de Roselló le han dado un nuevo aire de optimismo a la población. Se sacaron de encima a través del arma más poderosa que tienen los pueblos, a un gobernador venido de la mano de Estados Unidos…»

«Esta victoria tiene mucho significado para el pueblo puertorriqueño y debe expandirse por toda la región.  El pueblo ha levantado el orgullo de ser protagonista de una verdadera revolución democrática. A través de la movilización lograron sacar a un gobernador, siendo colonia del imperialismo. La confianza que se ha recuperado a través de la huelga y de la movilización quedará grabada en el pueblo puertorriqueño que ya probó sus propias fuerzas. La lucha apenas comienza. Trabajadoras y trabajadores, la comunidad LGBT, las mujeres, son conscientes de su propia fuerza en la lucha por sus derechos.»

La lucha recién comienza

La crisis estructural de la isla es tan grave que muchos medios del establishment comentan preocupados que cualquiera que se haga cargo de la isla no tiene muchas salidas como no sea un brutal plan de ajuste. Lo hacen en forma cínica porque los «desmanejos» de la clase dirigente de Puerto Rico, totalmente proimperialista, que aspira a que el archipiélago se convierta en el estado 51 de la Unión, han sido totalmente consentidos por las administraciones demócratas y republicanas de turno, y tienen la misma lógica de rapiña capitalista por la ganancia que llevó al estallido de la crisis del 2008.

Décadas de «inversiones» de las multinacionales aprovechando sus ventajas comparativas de exenciones impositivas y mano de obra barata no crearon una matriz productiva al servicio del pueblo de la isla. Al contrario, hicieron una economía más frágil y dependiente, que se desbarranca con los vaivenes y las crisis de los negocios imperialistas.

No hay salida para el pueblo boricua como no sea desconociendo la inmensa «deuda externa». Destinar esos fondos a trabajo, salud y educación. El desconocimiento de la deuda es una tarea democrática y antiimperialista. Y plantea la otra gran tarea antiimperia-lista: la independencia de EEUU.

La soberanía

Puerto Rico desde su descubrimiento en 1493 hasta su cesión por parte de España a EEUU en el Tratado de París de 1998, luego de la guerra hispano-estadounidense, ha tenido un estatus colonial.

Sus habitantes son «ciudadanos estadounidenses» de segunda clase. Pueden votar solo si residen en el territorio de los 50 estados yanquis. Su Constitución y gobierno autónomo pueden ser intervenidos por el Congreso estadounidense al que no pueden elegir representantes. Lo integran a través de un «Comisionado Residente» que tiene derecho a voz, pero no a voto. Su economía en abierta crisis y decadencia está controlada por las multinacionales yanquis. La moneda, la defensa, las relaciones exteriores, la regulación del comercio, dependen del gobierno yanqui. Ahora la negociación de la deuda.

Se hicieron varios plebiscitos para que la población se pronuncie sobre el estatus de soberanía de la isla. Es difícil tomarlos como única referencia ya que en el último realizado en 2017 en el que ganó abrumadoramente la opción de reclamar ser un estado pleno de EEUU, solo votó el 22% del electorado.

Después de tantos años de estatuto colonial y teniendo en cuenta la actual crisis económica y política de los EEUU, más allá de tal o cual declaración demagógica, esta opción está lejos de los intereses de la burguesía imperialista. Puerto Rico no tiene futuro como colonia estadounidense, solo podrá progresar como un país independiente. Pero la lucha por la independencia no podrá ser liderada por su corrupta y entreguista burguesía. Tanto el Partido Nuevo Progresista (PNP) del gobierno, como el Partido Democrático Popular (PDP) opositor, quieren depender de los EEUU.

Solo los trabajadores y el pueblo boricua que hoy son dueños de las calles podrán, construyendo una alternativa revolucionaria, realizar esta tarea histórica que la burguesía es incapaz de realizar. Y lo hará peleando por medidas, como el no pago de la deuda, la lucha contra las privatizaciones y contra la flexibilidad laboral, medidas que tienen objetivamente una dinámica anticapitalista.

Por eso, a la par que se alienta el desarrollo la movilización popular y se terminan de echar todos los personeros de este régimen corrupto y entreguista, es necesario más que nunca pelear por una Asamblea Constituyente Soberana que se haga cargo de los destinos del país, independizándose del amo yanqui, llevando al poder a los representantes legítimos de la movilización popular y desarrollando un programa al servicio del pueblo portorriqueño, un programa socialista.

Gustavo Giménez