Luego de las elecciones y ya finalizando el año, Rodríguez Larreta y la ministra de Educación Soledad Acuña se sintieron envalentonados y quisieron avanzar sobre nuestro nuestros derechos.
Les docentes de CABA nos enteramos en el medio de los actos públicos de traslado de primaria que el Gobierno, a través de la COREAP, cambiaba unilateralmente el modo en el cual se venían realizando. El criterio por el que venían llevándose a cabo, y que es el que dice el Estatuto del Docente, es por orden de mérito. Pero, sin aviso previo y sin consultarle a nadie, quisieron hacerlo por causales. Es decir, que prime el «motivo» por el cual le docente quiere trasladar su cargo, al puntaje.
No es la primera vez que el gobierno hace esta maniobra. Realiza un cambio sin previo aviso y «si pasa, pasa». Pero no pasó, sino todo lo contrario. Rápidamente creció la indignación, y todos los niveles comprendimos que esta medida no sólo afectaba a primaria, sino que buscaba ir contra nuestro Estatuto ya bastante manoseado. Y alertamos que ir modificando de a poco el Estatuto es también una reforma laboral encubierta, que hemos logrado resistir de conjunto con otres trabajadores en diciembre del 2017.
Así fue que el martes 5 de noviembre, la docencia volvió a demostrar que ganas y fuerza hay, por lo que paró y se movilizó masivamente al Polo de Saavedra para frenar el acto público ilegítimo. Durante siete horas dimos la pelea y logramos que no se hiciera. Fue un enorme triunfo. Y el gobierno acusó recibo. Por eso al día siguiente llamó a una reunión de emergencia con los sindicatos, donde más allá de mostrarse indignado, tuvo que darnos la razón y retroceder en la medida que querían imponer.
Pero no podía demostrar semejante debilidad justo después de las elecciones. Así que el viernes 8, mientras estábamos en la movilización contra la represión a nuestres compañeres de Chubut, nos enteramos que el gobierno mandaba a abrir un sumario administrativo contra 24 docentes, de les cientos que habíamos participado el martes, acusándonos de violentes.
Entre esa lista, en la que me encuentro denunciada como Secretaria Gremial de Ademys y referente de Alternativa Docente, también están el Secretario General de Ademys, el Secretario Adjunto de UTE y otros miembros de los Consejos Directivos de ambos sindicatos, junto a luchadores y delegades de escuelas.
Esto demuestra una vez más que quien ejerce la violencia es el gobierno del PRO, intentando amedrentarnos y avanzar sobre nuestros derechos. Llamamos a la más amplia solidaridad y repudio a través de pronunciamientos, petitorios, comunicados y el debate en todas las escuelas, no solo de la Ciudad, contra esta medida contraria al libre ejercicio de la protesta.
Exigimos a la ministra Acuña que se dé marcha atrás con la medida, apelando para ello a todo el apoyo y solidaridad posible del más amplio arco de sectores sociales, gremiales, políticos, estudiantiles, de los derechos humanos, para parar este intento de atropellar el reclamo y logros de la justa lucha docente y educativa. Si no dan marcha atrás, deberemos enfrentarlos con un plan de lucha, debatido por toda la docencia y en unidad, hasta que se respete nuestro Estatuto y se revierta esta medida.
Vanesa Gagliardi, Sec. Gremial Ademys. Legisladora porteña electa
