Asumió Alberto Fernández entre gestos simbólicos progresistas y presencias como la de Menem y Duhalde. El paquete de medidas anunciadas busca desmarcarse del macrismo mientras delínea una hoja de ruta marcada por la deuda externa y el extractivismo. ¿Adónde va el nuevo gobierno?

En su discurso inaugural Alberto Fernández buscó dar señales a la altura de las expectativas que la salida del gobierno de Macri ha generado, sin dejar de hablarle a los acreedores internacionales, la burguesía y el FMI. Se refirió a la necesidad de reactivar la economía, enfrentar el hambre y la pobreza, pero sosteniendo una relación «constructiva y cooperativa» con el FMI. Abordó elementos de la agenda feminista, pero omitió mencionar el derecho al aborto legal. Y de la necesidad de cuidar el medioambiente, mientras colocaba al ex Ministro de Minería de San Juan, amigo de la Barrick, al frente de la Secretaria de Minería de la Nación.

Las graves consecuencias sociales y económicas del gobierno de Macri alimentan las expectativas que una franja importante de la población deposita en el nuevo gobierno. Existen necesidades que requieren respuestas urgentes. La pobreza afecta al 40% de la población, y el desempleo supera el 10%. Una inflación acumulada de alrededor del 300% en los últimos 4 años implicó una pérdida del poder adquisitivo del salario que promedia el 19% en el sector privado y el 33% en el sector público nacional, y es aun mayor entre los trabajadores no registrados.
En este marco, es fundamental analizar las primeras medidas anunciadas por el gobierno, así como la hoja de ruta que ha delineado.

Las primeras medidas

El lunes 16 el gobierno envió al congreso el proyecto de «Solidaridad Social y Reactivación Productiva». Contempla las emergencias económica, social y sanitaria, y otorga al poder ejecutivo facultades extraordinarias para reasignar partidas presupuestarias y avanzar en medidas sin pasar por el Congreso. A esto se suman aumentos en los impuestos de Bienes Personales, un impuesto del 30% a los gastos en dólares realizados con tarjeta y exenciones impositivas para las PYME. Al mismo tiempo, se propone suspender el Pacto Fiscal con las provincias, habilitando a que estas apliquen incrementos impositivos.

En materia social, el proyecto habilita al poder ejecutivo a disponer aumentos en jubilaciones y asignaciones sociales que serán de suma fija. Así, se anunció un bono de 5mil pesos para jubilados que cobran la mínima y de 2mil para beneficiarios de la AUH y la implementación de una tarjeta alimentaria para mujeres embarazadas o con hijos menores. También se establecerá la devolución del IVA con un tope de 700 pesos. En materia de salud el ministro anunció una rebaja del 8% en el precio de medicamentos y su congelamiento hasta el primero de febrero.

Este paquete legislativo completa las medidas publicadas durante el fin de semana, la doble indemnización por despido y un incremento en las retenciones a las exportaciones agrarias que las coloca en niveles similares a los que se encontraban con anterioridad a la última devaluación.

Un primer elemento que es necesario señalar es que las medidas «sociales» se encuentran muy lejos de ser siquiera un paliativo en la actual crisis. Con una pérdida significativa del poder adquisitivo de salarios, jubilaciones y planes sociales, las sumas fijas de aumento están lejos de recuperar lo perdido, más aun cuando el contexto sigue siendo de alta inflación.

Como medidas para enfrentar la crisis, son aún más limitadas que los anuncios previos, y que legislación que los integrantes del Frente de Todos votaron a favor cuando eran oposición. En materia tarifaria, por ejemplo, anuncian un congelamiento hasta el junio, pero no van a retrotraer tarifas, como contemplaba la ley que ellos mismos votaron y Macri vetó en 2018. En cuanto a la doble indemnización, es una medida aun más limitada que la Ley Antidespidos (también vetada por Macri) que suspendía despidos por 180 días. La reducción de precios de medicamentos es una medida de corto aliento si no se avanza contra los monopolios de los laboratorios y hacia la producción estatal.

Hoja de ruta: superávit, extractivismo y deuda

Un elemento clave para comprender las medidas adoptadas es el horizonte del superávit primario. Así lo ha expresado el Ministro de Economía, Martín Guzman. Se busca elevar la recaudación para lograr los objetivos de superávit pactados con el FMI. Esto está íntimamente vinculado con la negociación con el organismo acreedor. Desde las filas del gobierno buscan dar una señal de que su plan dará mayor viabilidad para el cumplimiento de las metas establecidas y el pago de intereses y capital, intentando que esto fortalezca la posibilidad de una renegociación. Al mismo tiempo, es fundamental señalar que esta meta no se persigue incrementando la presión tributaria sobre los sectores mas concentrados de la economía, los especuladores financieros, la banca, la megaminería. Incluso el incremento de retenciones a las exportaciones agrarias sostiene los valores promedio del gobierno de Macri.

Así, la definición política de sostener el pago de la deuda externa, no avanzando siquiera en una auditoría del endeudamiento realizado bajo el gobierno de Macri, condiciona el conjunto de las variables económicas.

Esto también queda claro en la orientación de profundizar el modelo extractivista. El actual secretario de minería de la Nación ha expresado públicamente la necesidad de avanzar en la derogación de legislación nacional y de provincias como Mendoza y Chubut que limitan el avance de la megaminería. Así también preparan proyectos para otorgar mayores ventajas a la explotación de hidrocarburos no convencionales. Todo esto con el objetivo declarado de «crecer para pagar». Es decir, más saqueo y contaminación para sostener el pago de una deuda externa ilegitima, ilegal y fraudulenta.

Hace falta otro camino

Para recuperar lo perdido bajo el gobierno macrista es necesario desmantelar el modelo de la deuda externa y el FMI. Esto comienza con medidas urgentes como la reincorporación de todos los despedidos bajo el gobierno anterior, la prohibición de despidos y suspensiones, un aumento general de salarios, jubilaciones y planes sociales para que alcancen el costo de vida real y sean actualizados por inflación, retrotraer los tarifazos y estatizar los servicios para no sean un negocio.

Los recursos para esto están, pero hoy se van en el pago de la deuda externa. Por eso es fundamental romper con el FMI y dejar de pagar. Hay que tomar medidas para enfrentar a los grandes capitalistas, nacionalizar la banca y el comercio exterior, recuperar las privatizadas. Prohibir la megaminería, el fracking y los agrotóxicos.

Para garantizar todos nuestros derechos inclusive los de género, hay que terminar con los subsidios a la Iglesia Católica y a la educación religiosa y privada. Hay que avanzar en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, porque el protocolo ILE es un paso importante, pero no garantiza que se aplique en todas las provincias. Se tiene que aumentar los presupuestos para salud y educación, para garantizar derechos elementales, y avanzar en la implementación de la ESI. Separar la Iglesia del Estado es la tarea pendiente, que daremos en la calle, pero ya advertimos que no van a querer desde el gobierno avanzar por este camino ya que la necesitan para garantizar el «pacto social».

Para lograr esto, tenemos que fortalecer a la izquierda, porque seremos quiénes consecuentemente estaremos enfrentando las políticas de precarización de nuestra vida y defendiendo todos nuestros derechos. Ese es nuestro compromiso desde el MST, y a eso te invitamos a sumarte.

Berni, Alak y Solá: un trío impresentable

Sergio Berni y Julio Alak como ministros bonaerenses de Seguridad y de Justicia nombrados por Kicillof, y Felipe Solá como canciller, nombrado por Alberto Fernández, son un trío con más prontuario que currículum. La inclusión de estos impresentables en el nuevo gobierno debería avergonzar a cualquier militante de derechos humanos o mínimamente progresista.

Como gobernador bonaerense, cuando fue la masacre del Puente Pueyrredón, Solá, es uno de los responsables políticos del asesinato de Maxi Kosteki y Darío Santillán. Cuando Norita Cortiñas lo llamó por la represión, le dijo que era «una guerra entre pobres». Y tras la masacre, él llamó al asesino Fanchiotti para felicitarlo.

Berni, ex viceministro de Seguridad del gobierno K, empezó su «carrera» en 1994 al infiltrarse en la huelga minera de Río Turbio. Ex carapintada, intervino en varias represiones, como en la toma del Parque Indoamericano en 2010 y a la marcha de los obreros de Lear en 2014 con su gendarme «carancho».

Alak, menemista de la primera hora, luego duhaldista y después kirchnerista, durante su gestión como intendente de La Plata les dio cobijo a ex represores de la CNU, banda peronista de ultraderecha. También fue ministro de Justicia y Derechos Humanos (!) de Cristina.

Cele Fierro y Luis Meiners