La crisis económica mundial que se precipitó con el avance de la pandemia tendrá consecuencias graves para la débil economía Argentina, eso está claro y todos lo sabemos. Aunque resulta necesario destacar que los problemas económicos vienen de antes, no nacieron con el coronavirus. El gobierno pretenderá que el grueso de esa crisis la paguemos los trabajadores y el pueblo. Nosotros decimos que se deben tomar medidas para que la crisis la paguen los ricos y las grandes corporaciones.
Escribe: Gerardo Uceda
Conforme pasan los días los indicadores económicos a escala mundial son cada vez peores, cae la producción y venta de automóviles en China, las bolsas se desploman lunes tras lunes y el petróleo baja a niveles históricos por las perspectivas de una casi segura recesión mundial. ¿Qué consecuencias tendrá sobre nuestro país?
La previa al virus
Como es más que probable que desde el gobierno intenten echarle la culpa a la pandemia del desastre económico que se avecina y en su nombre y cargo, justificar un mayor ajuste al pueblo, no está de más repasar la situación del país previo al impacto de la crisis.
Digamos sucintamente que Argentina viene de más de tres años de recesión, con una inflación galopante del orden del 40-50% anual y con una deuda externa que totaliza más de U$S 330.000 millones. A lo que debemos agregar: niveles de pobreza que superan el 32%, un desempleo creciente, jubilados con ingresos de indigencia, el 50% de trabajo en negro sin casi ninguna protección social, y salarios que en su mayoría no superan la línea de la pobreza.
Los datos no son mejores en los indicadores macroeconómicos, ya que el déficit fiscal sigue aumentando año tras año, producto de la caída de la actividad económica, la disminución relativa de la recaudación fiscal, la inflación y otros factores. La depreciación del peso frente al dólar se traduce en una caída del PBI y mayor peso relativo de la deuda en dólares. Desde hace años caen el consumo general y las ventas minoristas. A consecuencia de esto, en los últimos cuatro años cerraron 21.500 PyMEs, principales fuentes de empleo en el país. Como el consumo interno (responsable del 70% o más de nuestro movimiento económico) sigue bajando y las exportaciones no crecen, se hace cada vez más difícil conseguir los dólares que Alberto requiere para pagarle a los buitres de la deuda. Esto sin contar con que en los últimos 4 años se fugaron capitales (dólares) por más de U$S 72.000 millones.
COVID-19: más leña al fuego
Es más que obvio que esta pandemia profundizará la crisis. A riesgo de esquematizar demasiado, digamos operan factores mundiales, regionales y autóctonos consecuencia de nuestra situación previa.
La sola perspectiva de un freno en la economía mundo y la decisión de aumentar la producción de petróleo llevaron a que se desplomara el precio del barril a menos de U$S 35 el barril. Casi de inmediato el valor de YPF cayó un 52% y el futuro de Vaca Muerta, otrora el caballito de batalla con el que Alberto decía que saldríamos adelante, quedó más que cuestionado, por el sólo hecho que la extracción del crudo por fracking no es rentable por debajo de los U$S45 el barril. Y aunque en el futuro lo pudieran reactivar, lo cierto es que el gobierno necesita mostrar que Vaca Muerta producirá pronto y con ello pagar la deuda, esto es impensado en el panorama actual.
Otro impacto directo está en las agroexportaciones argentinas, principal ingreso actual de dólares. La perspectiva de una recesión mundial, con menores compras por parte de los países centrales, hará caer el ingreso de divisas en el próximo período.
La crisis también tiene impacto en el conjunto de las empresas Argentinas que cotizan en bolsa, en parte, por el arrastre de las bolsas mundiales, pero en gran medida, por el freno de la economía mundial. Y tocan a todo tipo de empresas, desde la industriales como YPF, Aluar (aluminio) o Holcim(cemento), como las financieras y de servicios, demostrando que no hay sector que se esté salvando de esta crisis.
El panorama de recesión que afecta Latinoamérica es peor en su impacto directo si cabe. La caída de la economía de Brasil, hizo que bajaran los pedidos de automóviles que les exportábamos y esto trajo como consecuencia que el SMATA «acordara» con la Chevrolet un 40% menos de salarios para los trabajadores, bajo la amenaza de suspensiones o despidos, por ejemplo. Además la devaluación del Real lo torna un mayor competidor en el tema de las agroexportaciones.
Pero sin dudas, el tema deuda es el frente de mayor complicación para AF, tanto que muchos lo han denominado «la tormenta perfecta», ya que mientras cae la recaudación, se hunde Vaca Muerta, caerán los ingresos por el campo y se hunden las empresas, por otro lado los acreedores se vuelven más voraces para conseguir efectivo y los vencimientos se aproximan sin que a nadie parezca importarle demasiado la Argentina en todo este lío. Pero hoy, la cuestionada política de «crecer para pagar» ha quedado sepultada por el coronavirus, ya que la emergencia sanitaria supone caída de la producción, gastos crecientes en atención de la salud, etc. Y como nadie confía en que podamos pagar con este panorama en puerta, es que el riesgo país trepó a su récord histórico de más de 3.500 puntos.
¿Cuál es la salida?
Hasta aquí con matices, podemos encontrar puntos de coincidencia diagnósticos con muchos analistas burgueses, incluso con el gobierno. El problema claro está, es cómo salir de esta situación. El imperialismo y Fernández, se disponen una vez más, a aplicar las recetas clásicas de que la crisis la paguemos los trabajadores y el pueblo. Vendrán los justificativos para no actualizar los sueldos y jubilaciones, recortes presupuestarios de todo tipo. Suspensiones y despidos en las empresas (como los que ya se están produciendo en el sector turístico, hotelero, gastronómico, etc. Directamente afectados por la actual crisis).
Nosotros somos claros, decimos que si hay pandemia, si hay emergencia, la tienen que pagar los que se han venido beneficiando en el pasado, concentrando cada vez mayores fortunas: los ricos y las grandes corporaciones multinacionales y nacionales. Por eso debemos exigir aumentos de salarios y jubilaciones acorde al costo de vida actualizados trimestralmente, prohibir despidos y suspensiones, nacionalizar bajo control público todas las empresas de servicios y retrotraer las tarifas para que sean accesibles al bolsillo del pueblo. Ante los abusos en los precios, el acaparamiento de los grandes súper, proponemos control de precios y retrotraerlos a diciembre de 2019, y poner en plena vigencia la Ley de Abastecimiento para que pague con cárcel y expropiación el que acapare o remarque indiscriminadamente. Sólo con medidas de este tipo estaremos en condiciones de afrontar la crisis por el coronavirus que recién está en ciernes en nuestro país.