Escribe: Nadia Burgos

El 8M se halló el cuerpo de Fátima tras una semana de búsqueda. Ella había buscado por todas las vías defenderse de Martínez, su femicida, pero el Estado le cerró las puertas una y otra vez. Como decía en sus audios, “cuando termine muerta por culpa de él, puede ser que la policía y el juzgado hagan algo, mientras tanto vamos a tener que seguir pagando las consecuencias con el gordo”.

La respuesta del Estado fue el silencio, pero las calles estallaron de bronca.
“A dónde están los responsables de que Fátima no está!”, gritamos en cada acción de #JusticiaPorFatima. El 8, una masiva y combativa acción rodeó y sostuvo una vigilia nocturna en Tribunales que puso en jaque al Poder Judicial. Que el Estado es responsable se hizo evidente para todes. El 9, la marcha fue histórica y el reclamo crece. Se exigió la renuncia de Rosario Romero, ministra de Gobierno, Justicia y Seguridad; de la cúpula policial, el procurador García, la subprocuradora Goyeneche, el fiscal Dato y la subsecretaria municipal de Mujer y Diversidad, Cristina Ingelson, por ser los responsables políticos del feminicidio de Fátima.

El silencio de los gobiernos municipal y provincial se rompió en una conferencia de prensa para anunciar la emergencia provincial por el coronavirus. Allí le recordamos al gobernador Bordet que los feminicios también son pandemia.

En la Argentina una mujer muere cada 22 horas víctima de la violencia machista y de la desidia del Estado. En lo que va del año hubo más femicidios y travesticidios que días transcurridos. Esto se debe a la falta de políticas públicas reales y con perspectiva de género que permitan dar respuestas a tiempo. Entre Ríos no aplica la Ley nacional 26.485 contra la violencia machista ni destina fondos acordes a la emergencia actual. Justicia por Fátima y presupuesto de emergencia ya.