El hecho conmocionó a El Calafate y tiene trascendencia nacional, ya que el ex secretario de Néstor y Cristina Kirchner era uno de los «arrepentidos» en la causa de los cuadernos. La derecha salió a instalar la idea de un crimen político buscando desviar la atención sobre el espionaje ilegal del macrismo y recuperar iniciativa apelando cínicamente a mostrarse como abanderados de la lucha contra la corrupción y la «defensa de la república». Sin embargo, vuelven a ponerse en debate la corrupción K y el papel de la justicia.
Escribe: Emilio Poliack
No es descabellado suponer que la fortuna acumulada durante su época de funcionario K haya estado entre los móviles del asesinato. Las hipótesis que manejan el juez y la familia giran alrededor de un «crimen pasional», un intento de robo, o fruto de negocios locales. Desde ya, reclamamos justicia y castigo a sus asesinos. De cualquier manera, casi nadie confía en la justicia santacruceña, empezando por el hecho de que la fiscal a cargo de la investigación es Natalia Mercado, hija de Alicia Kirchner y sobrina de Cristina. En Santa Cruz la justicia está llena de familiares de funcionarios y amigos del poder que han cajoneado todas las denuncias que durante años distintas organizaciones gremiales, ambientales o dirigentes políticos han realizado contra los gobiernos kirchneristas durante las últimas 3 décadas. El propio juez de la causa, Carlos Narvarte, cajoneó alguna de esas causas. La justicia de la provincia funciona como un ministerio más del Poder Ejecutivo.
De empresarios «exitosos»
Fabián Gutiérrez pasó de ser cadete en la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz a trabajar con Néstor Kirchner en 1995 cuando era gobernador de la provincia. De allí pasó a desempeñarse como secretario de Presidencia entre mayo de 2003 y mayo de 2005 y luego, con CFK en el gobierno, como secretario adjunto hasta enero de 2010. En ese período su fortuna se multiplicó varias veces. Su patrimonio incluye decenas de inmuebles, autos de lujo y embarcaciones. Además está procesado por lavado de dinero, sospechado de ser quien blanqueaba el dinero proveniente de distintos negociados del gobierno de los Kirchner.
Gutiérrez no es el único que se transformó en empresario exitoso al amparo de los gobiernos de Néstor y Cristina. Lázaro Báez pasó de empleado bancario a gran empresario de la construcción, beneficiado por las concesiones de obra pública y sobreprecios mediantes durante los doce años de gobiernos del Frente para la Victoria. Rudy Ulloa hizo un maratónico ascenso de cadete del estudio jurídico de los Kirchner a transformarse en empresario de multimedios. Ricardo Barreiro, conocido como «el jardinero de los Kirchner» pasó de custodio de la residencia del entonces gobernador a secretario privado del presidente y se convirtió en dueño de hoteles, restaurantes, empresas de transporte y hasta un helicóptero. Héctor Muñoz era cobrador del estudio jurídico de los Kirchner a principio de los ’80, luego se convirtió en asesor de la gobernación en los ’90 y ascendió a secretario privado de Néstor Kirchner durante su presidencia y los primeros años de la presidencia de CFK. En 2003 declaró que tenía como único bien un Volkswagen Gol modelo 99, doce años después tenía propiedades por más de 70 millones de dólares.
Así podríamos seguir nombrando decenas de personas que se enriquecieron a la sombra del poder a través de negocios (o negociados) con el Estado y vinculados a las empresas del matrimonio Kirchner.
Más allá de la utilización política de la derecha y sus corporaciones mediáticas no se puede ocultar el enriquecimiento maratónico de estos personajes al amparo de los Kirchner, que no es un hecho aislado sino parte constitutiva y estructural de su armado político. Un proyecto asentado en la corrupción y el enriquecimiento de sus funcionarios a costa de una sociedad con una pobreza creciente y necesidades cada vez más insatisfechas no puede ser de ninguna manera un proyecto al servicio de los sectores populares.
Corrupto es el sistema
La corrupción no es patrimonio del Kirchnerismo. Cambiemos, que llegó al gobierno a caballo de las denuncias y con la promesa de acabar con ‘la corrupción kirchnerista’ mostró rápidamente que también en eso son parecidos. El caso del Correo, el blanqueo de capitales beneficiando a familiares, los negociados con los parques eólicos, Panamá Papers, Avianca, peajes, Vicentín, son sólo algunas de las denuncias por corrupción contra el gobierno de Macri que se encuentran en manos de la justicia.
Que kirchnerismo y macrismo compartan estructuras y gestiones corruptas no debería sorprender. Como administradores del Estado capitalista (aunque bajo diferentes formas) son parte de una corrupción que es inherente al sistema. En la obtención de ganancias rápidas a cualquier precio los capitalistas atropellan aún sus propias normas y códigos, sobre todo en épocas de decadencia y descomposición del régimen como las que vivimos.
La mayoría de las grandes empresas de nuestro país crecieron a la sombra de la corrupción estatal: la patria contratista, la estatización de las deudas externas privadas, las privatizaciones de servicios, los subsidios y las obras públicas. El Estado y los gobiernos son meros gerenciadores de esos capitalistas: favorecen sus intereses y por esa tarea obtienen como contraparte la coima.
Todo el régimen político sustenta este entramado y por eso rara vez se condena a los culpables. La justicia es parte fundamental de este engranaje de impunidad. Como parte del régimen, juega al ritmo de los momentos políticos según la fuerza que gobierne en cada momento pero siempre, en última instancia, garantizando la impunidad de la clase capitalista y la casta política que la representa y gerencia sus intereses.
Para terminar con la corrupción y la impunidad… Dar vuelta todo
Para ir a fondo contra los corruptos es necesario constituir una comisión investigadora independiente compuesta por personalidades de trayectoria intachable con plenos poderes para investigar hasta el final y avanzar en una profunda reforma judicial terminando con una justicia atada al poder político. Terminar con los jueces y fiscales vitalicios, que se elijan por el voto popular en elecciones separadas de los cargos políticos con mandatos de cuatro años.
Al mismo tiempo hay que tomar medidas que ataquen las bases de sustentación que posibilitan la corrupción: embargo e incautación de los bienes de los funcionarios y empresarios corruptos hasta restituir lo adeudado; control social sobre toda obra o concesión pública significativa, para terminar con los negociados privados; presupuestos estatales con participación y control popular de su aplicación, para que la plata vaya adonde debe ir; apertura de los libros contables de las empresas involucradas en corrupción entre otras. Todo en el camino de terminar con una clase y sistema que prioriza la obtención de ganancias a cualquier precio e imponer un régimen basado en las necesidades de las mayorías, una sociedad socialista.
