Cuando el pasado 8 de junio el presidente Fernández anunció la expropiación de Vicentín surgieron expectativas y se sucedieron muestras de apoyo en las filas del llamado progresismo. En pocas semanas, el gobierno reculó y el «sueño» se diluyó.

Escribe: Gustavo Giménez

Vicentín es uno de los conglomerados cerealeros más importantes del país. La empresa, ubicada originalmente en el norte santafesino, fue creciendo de un tradicional emprendimiento familiar a un enorme holding que, junto a otros grandes pulpos como Cargill, Dreyfus, AGD, Bunge y Cofco controlan el negocio cerealero de Santa Fe, tienen puertos propios, verdaderas «zonas francas» por las que exportan y evaden, sin siquiera pagar ingresos brutos. Al negocio central de la cerealera Vicentín SAIC debe sumarse el fondo Vicentín Family Group que maneja sectores textiles, de biocombustibles, plantas de acopio, bebidas, exportación de miel, etc., que están fuera del actual concurso de acreedores.

Vicentín tiene otras empresas en el extranjero como Vicentín Paraguay o Vicentín Uruguay que le son muy útiles al servicio de la evasión impositiva. Además, comparte la propiedad de Renova, la planta agroindustrial más grande del mundo, con el grupo suizo Glencore. Factura 4.200 millones de dólares al año. El 2019 fue su mejor año.

Según el informe presentado por el Banco Nación, su patrimonio neto que osciló entre 150 y 300 millones de dólares entre 2010 y 2016, tuvo un crecimiento durante el gobierno de Macri: 365 millones de dólares en 2017, 561 millones en 2018 y llega a 616 a mediados de 2019. ¡Sin ninguna explicación coherente cayó a 41 millones de dólares a fin de 2019! El balance reclamado por el banco ante estos numerillos aún no ha sido presentado, pese a que están vencidos todos los plazos.

El crack

Los directivos de la empresa hablaron primero de una situación de «stress financiero», declarándose insolventes para afrontar una enorme deuda que oscila los U$S 1.400 millones de dólares, y tras una primera oferta, inaceptable para sus 2.600 acreedores, decide convocar a un concurso de acreedores el 10 de febrero pasado.

Al Banco Nación le debe 18.000 millones de pesos (el 80% de la deuda con bancos nacionales), gracias a créditos otorgados por el macrismo violando todas las normas del banco. La deuda con bancos del país suma un 23 % de la deuda total y existen compromisos con bancos del extranjero por montos importantes. Las deudas por impuestos y derechos aduaneros suman 10.000 millones de pesos y la deuda por compra de granos otros $ 26.000 millones (un 26 % de la deuda total). Dejando en la lona a 1.200 pequeños y medianos productores agropecuarios que le habían entregado sus cosechas, a través de distintos acopiadores.

En diciembre de 2019, antes de declarar el «stress financiero», Vicentín vendió a su socio Glencore Agriculture el 16,67 % de su acciones en Renova SA (un tercio de su participación en la empresa), con lo cual Glencore tiene ahora el control total de la compañía. De esta plata de la venta ¡nada se sabe! Además adelantó prestamos a sus accionistas por U$S 100 millones.

Con la crisis Vicentín, coloca a además en una grave situación de inestabilidad laboral a sus 7.000 trabajadores. Ha tenido ya conflictos por despidos con los trabajadores de la Algodonera y otras empresas y por el no pago del aumento correspondiente al convenio aceitero, entre otros reclamos laborales.

La ilusión de la «expropiación»

De la «expropiación»… para obtener más consenso con los gobernadores, se pasó al plan del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, de «intervención», con un interventor de la provincia y dos de la nación, para encontrar una salida dentro del concurso que integrara a los distintos productores y acreedores. Alberto aceptó la equivocación de haber lanzado la «expropiación». «Yo no soy un loco», se justificó.

Pero el juez comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, rechazó la intervención. Lo hizo pese a que, a través de la Inspección de Personas Jurídicas, se había denunciado el fraudulento cambio de titularidad de activos entre empresas y a favor de compañías offshore, tanto de las empresas del holding como de los patrimonios personales de sus dueños, en perjuicio de los acreedores. Los estafadores-dueños de Vicentín así, lograron un precioso tiempo para destruir pruebas en su contra y permitir algunas importantes «donaciones» de los principales accionistas.

Si tenía alguna duda señor lector ¡adivinó!… El Juez es un viejo amigo de la familia, a la cual conoce desde que, como asesor legal del Banco Nación de la zona, avaló los generosos créditos con los que se vieron beneficiados.

En el medio, varias marchas y campañas de la derecha acusando un intento de que avance el «madurismo» comunista (que de comunista no tiene nada), y otras de los sectores que tienen (todavía) muchas ilusiones en que este gobierno enfrente a los que hundieron y hunden al país.

Solicitadas de apoyo firmadas por kirchneristas y sectores que se reclaman progresistas, que denunciando correctamente a la empresa y reclamando una empresa pública no estatal, terminan apoyando la gestión del gobierno. La última acción importante de este sector fue el 9 de Julio en Rosario y otros lugares, convocada por la Multisectorial por la Soberanía y el Trabajo, con una declaración en apoyo a las acciones del gobierno.

El último capítulo: el curro del fideicomiso

Este 15 de julio se reunieron con el juez, Daniel Buyatti, Máximo Padoán y Guido Ferullo en representación de la empresa, el Secretario de Justicia y la titular de la Inspección de Personas Jurídicas de Santa Fe. Allí se habría encaminado la salida hacia la formación de un «fideicomiso». Un acuerdo por el cual se cederá, mientras dure el concurso, la conducción de la empresa a un grupo formado por sus acreedores, que comprarían parte de la deuda capitalizando la misma, con el objetivo de evitar la quiebra. Le estarían ofreciendo como pago a los productores santafesinos acciones de la empresa en concurso, cuando lo que necesitan es el pago de sus granos para retomar su producción. Es fácil imaginarse cuánto van a caer estas acciones y quienes las pueden comprar.

Tal es la crisis de muchos defensores de la expropiación de Alberto, o de la intervención de Perotti después, que frente a este panorama, ya ni tienen ganas de hablar de «expropiación» y ya hablan de pensar en propuestas «originales». Mientras tanto, Fernández ha respaldado el «fideicomiso» logrado por Perotti y como es de rigor, señala que los dueños de la empresa no deberían ser parte del mismo. Algo que después de tanto sainete, dependerá del juez y también incluirá seguramente alguna maniobra para que de alguna manera sigan participando.

La monopolización del negocio cerealero

A pesar de los vaivenes de la crisis económica mundial, los commodities de los granos no sufrieron tanto como otras materias primas (petróleo por ejemplo). Daniel Nasini, el presidente del la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), plantea que «el sector agroexportador puede realizar ventas de granos, oleaginosas y derivados por u$s 28.000 millones, con un incremento en los productos sin procesar». A pesar de la pandemia en lo que va de 2020, «salieron más buques y se exportó más granos y porotos desde los puertos que el año pasado». Aprovechando la oportunidad, las grandes cerealeras están desplazando a los intermediarios acopiadores tradicionales, negociando directamente con los productores. El final está cantado: cuando logren liquidar a los intermediarios y sean los únicos dueños van a fijar los precios (a la baja por supuesto). Y de la mano de la tolerancia de los gobiernos, seguirán con el blanqueo de capitales, la especulación, las prácticas monopólicas. Con un negocio en el que es habitual trampear alrededor del 10 % del pesado de la carga de granos en los buques. Lo cual, en miles de toneladas evadidas, constituyen una fortuna calculada en cerca de 2.000 millones de dólares de evasión fiscal.

Un programa socialista

No va ha haber expropiación, ni empresa testigo nacional, ni soberanía alimentaria de la mano de Alberto o de Cristina. Para expropiar Vicentín sin pago, ponerla bajo control de sus trabajadores y crear una Comisión Independiente que investigue el desfalco. Para desarrollar un plan que privilegie la «soberanía alimentaria», que planifique la producción agropecuaria en función de los intereses del pueblo argentino, terminando con el veneno agrotóxico, el monocultivo, produciendo una verdadera y profunda reforma agraria. Para eso, hay que pelear por otro proyecto político y otro modelo, que deje de pagar la deuda, nacionalice el comercio exterior, la banca, y genere una Junta Nacional de Granos contra los monopolios y a favor de la recolonización del campo.