Desde hace meses Argentina está en llamas. Más de 13 provincias presentaron focos de incendios. Hoy el epicentro está en Córdoba. ¿Qué hay detrás del fuego? ¿Es evitable el ecocidio en curso? En este artículo ensayamos desde una mirada ecosocialista una caracterización y propuestas para salir de esta crisis socioambiental.
Escribe: Nadia Burgos
“Donde hubo fuego, negocios quedan”. Así lo expresaba nuestra legisladora cordobesa, Luciana Echevarría, en su intervención en la legislatura provincial. Denunció la desidia estatal y planteó ejes centrales para explicar las consecuencias de los incendios actuales, marcando una hoja de ruta con medidas centrales para pensar una salida a la crisis socioambiental. Hay algo que el humo no logra tapar y es que el problema es sistémico. A esta altura se hizo evidente que ni la sequía, ni el clima son los responsables de los incendios. La causa es un modelo productivo que desprecia nuestros montes nativos y la vida. Para comprender el impacto en la biodiversidad siempre ayudan los datos concretos.
En este caso basta con saber que hace 100 años el 70% de la superficie provincial era de bosque nativo, de eso solo quedan apenas un millón de hectáreas. El proceso de desmonte acelerado para fortalecer las ganancias especulativas del sector inmobiliario o para la expansión de la frontera agroganadera llevaron a que en los últimos 15 años se incendiaran un millón de hectáreas. Tan solo en los últimos 4 meses se arrasó con 200 mil hectáreas, es decir, se quemó en la provincia una superficie equivalente a 10 veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien los incendios no son algo nuevo, las consecuencias de las quemas esta vez son un verdadero ecocidio, las pérdidas son en algunos casos irreparables y las consecuencias parecieran no importar a los gobiernos que actúan tarde y mal. El desprecio es tal por parte de Schiaretti y sus pares de gobierno que, solo cuando dos ciudadanos autoconvocados murieron producto de las quemas, decretaron la emergencia y gestionaron ayuda nacional para paliar la situación. Si hay algo que se repite sistemáticamente en todas las provincias bajo fuego, es la desfinanciación de los programas de manejo de fuego que agravan la situación. Cuando el fuego llega, la excusa es no tener las herramientas necesarias para combatirlo. Es la solidaridad y organización desde abajo la que pone manos a la obra y una vez más acciona frente a la desidia estatal que es moneda corriente.
Nos queman para pagar la deuda y expandir el saqueo
Argentina ocupa el 3er lugar en la utilización de semillas transgénicas y es uno de los principales países en la utilización de agrotóxicos, con más de 500 millones de litros por año. Desde 1996, de la mano de Felipe Solá se introdujo la soja transgénica en nuestro país, él mismo que hoy quiere llenar de factorías de cerdos nuestros territorios sin medir, como sucedió en aquel momento, las consecuencias socioambientales y sanitarias de estas actividades extractivas.
El cultivo de soja pegó un salto exponencial, hoy ocupa el 60% de la tierra cultivada. Este modelo de agronegocio que prioriza la obtención de ganancias sobre las necesidades sociales se expande acumulando para una minoría que concentra la capacidad productiva y las tierras y despojando a las mayorías de las decisiones sobre qué y cómo producir, y además de expulsar a los pueblos en las zonas afectadas. Nos hemos convertido así en uno de los 10 países con más deforestación del mundo, siendo los incendios una de las actividades privilegiadas para avanzar sobre grandes extensiones en poco tiempo. Con la misma velocidad crece la especulación inmobiliaria, mientras miles no podemos acceder a una vivienda propia, y crecen las tomas de tierra como medida de autodefensa, en el marco que crece la carestía de vida. Los desarrolladores inmobiliarios avanzan en todo el país, en las ciudades es mediante la apropiación de espacios públicos, como recientemente lo vimos en Costa Salguero, y en las zonas rurales o de sierras mediante el fuego.
Si bien contamos con leyes que permitirían proteger parcialmente los territorios de este tipo de actividades, las mismas son desconocidas, no reglamentadas y desfinanciadas para que su aplicación no sea posible. Los responsables directos de aplicarlas, los gobiernos del Frente de Todos y Cambiemos, desconocen la grieta en este aspecto, y actúan favoreciendo a la especulación. La explicación a esto se encuentra en que estas actividades especulativas, son centrales a la hora de acumular dividendos que le permitirían al gobierno seguir pagando la deuda externa. Así la inacción de gobiernos y justicia frente a los incendios es acompañada por otras medidas económicas, como la baja de retenciones que se anunció la semana pasada. Una vez más la especulación le gana a las necesidades sociales, no solo siguen pagando una deuda ilegítima e ilegal, sino que nos incendian para llevar al día esos pagos. En este contexto el oportunismo del Frente de Todos se hizo evidente. Con un rimbombante proyecto de ley que buscaría prohibir el cambio de uso de suelo en superficies que fueron incendiadas, no hace más que desconocer que esto ya está ampliamente prohibido en leyes nacionales y provinciales, siendo regresivo frente a la legislación actual. Como si fuera poco el proyecto tampoco avanza a que la remediación de las zonas afectadas corra por parte de quienes producen los incendios, este tipo de sanción al menos sería ejemplificadora y reparatoria frente al daño real.
Que arda el capitalismo, no nuestro territorio
Mientras esto ocurre los discursos de los gobiernos buscan echarle la culpa de la situación a la sequía histórica. Lo que se olvidan de enunciar es que la sequía no es un fenómeno natural, es consecuencia directa de las actividades extractivas.
El impacto de la deforestación genera variaciones en los ritmos de lluvias y este fenómeno no se vive solo en nuestro país. El año pasado fue Australia y Amazonas, hoy es California y toda América Latina. Vivimos en un periodo donde el sistema capitalista tensiona al máximo la dicotomía capital-vida. El modo de acumulación actual se desarrolla mediante la sobreexplotación de trabajadores y de la naturaleza. Desde una perspectiva ecosocialista proponemos medidas inmediatas que se deben tomar para frenar este ecocidio. Declarar la emergencia ambiental, aplicar realmente la ley de bosque y ordenamiento territorial. Aprobar una ley de humedales.
Destinar el presupuesto y recurso humano para que la remediación y reparación del daño comience de manera inmediata. Juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de los incendios y quemas en todo el país. Estas medidas deben contemplar su aplicación mediante control social. Debemos dar y generar mecanismos de participación para las comunidades, que son las verdaderas garantes del cuidado de nuestros territorios. Todo esto en perspectiva de rediscutir el modelo productivo y ponerlo al servicio de las necesidades sociales y no de las corporaciones especulativas.
