La crisis ecológica que vivimos se profundiza con las medidas del gobierno a un año de haber asumido Alberto Fernández. Pero tiene una contracara: luchas y organización desde abajo para enfrentar esta orientación.
Escribe: Nadia Burgos
El año de Fernández empezó con una masiva movilización en Mendoza en defensa de la 7722. Los legisladores pretendían modificar la ley que imposibilitaba el desarrollo de megaminería en la provincia. El modelo extractivista tenía una hoja de ruta clara, primero Mendoza y después Chubut. No les fue posible derrotar la movilización popular. El Frente de Todos y Juntos por el Cambio tenían la licencia de las corporaciones para avanzar, pero no contaban con la licencia social. Una vez más la radicalización de una marea verde con la fuerza de la juventud logró frenar la avanzada extractivista. Así las corporaciones y el gobierno no se dieron por vencidos.
Los intentos de derrotar las legislaciones antimineras vinieron también con la profundización de la represión. Activistas perseguidos, represiones a las movilizaciones y discursos que buscan criminalizar las acciones ambientales no permitieron disminuir las acciones de lucha.
El 14 de octubre frente a empresarios, en el 56 Coloquio de IDEA, Fernández expresó: “Tenemos la posibilidad de desarrollar la minería, que es una actividad que todavía no se ha desarrollado lo suficientemente bien, y que cumpliendo con ciertos estándares sociales se puede desarrollar sin riesgo ambiental. Y ahí tenemos cobre, y ahí tenemos oro, y ahí tenemos plata, y ahí tenemos litio que es la reforma energética del futuro”. Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Chubut y Santa Cruz son las provincias que están en alerta por estas declaraciones. Así el año de Fernández termina con movilizaciones multitudinarias en Chubut contra la megaminería y con expresiones de solidaridad en todo el país, porque la conclusión es clara, el agua vale más que el oro, el extractivismo no genera trabajo, las poblaciones y los territorios no somos zonas de sacrificio al servicio de las ganancias capitalistas.
Otro ejemplo claro del impulso corporativo es el proyecto de Felipe Solá y las megafactorías de producción de cerdo para China. La creación de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones y las movilizaciones de rechazo en todo el país obtuvieron dos victorias contundentes. No permitieron el anuncio de Acuerdo a firmarse con China y lograron frenarlo. Hoy seguimos en estado de alerta porque se estima que se pretende avanzar con esta producción mediante convenios provinciales.
Ante un futuro extractivo: crece la resistencia
Este 2020 estuvo atravesado por crisis económica, social y sanitaria a nivel mundial casi sin precedentes. En nuestro país la pandemia significó un largo periodo de aislamiento, que expresó el carácter esencial que el gobierno le da a una producción que contamina, envenena y mata. Las fumigaciones, la megaminería, el fracking es decir la pata extractivista de la producción nunca se detuvo. Las denuncias de fumigaciones en plena cuarentena se viralizaron en las redes al mismo tiempo que se empezó a difundir el ecocidio que los fuegos intencionales provocan en los humedales. A mediados del año 2014 provincias presentaban focos de incendios y se hacía evidente ante miles que el clima y la sequía no eran los que incendiaron los humedales y los bosques nativos. El agronegocio, la ganadería industrializada y la especulación inmobiliaria representan la cara de la especulación y sed de ganancias de unos pocos. Toda esta orientación fue ampliamente rechazada por asambleas y acciones callejeras. Que se expresaron con fuerza en todo el litoral mediante la creación de las multisectoriales por los humedales y la exigencia de una ley de humedales, que prohíba el extractivismo, que tenga control social y exija un relevamiento de nuestros humedales para su resguardo. Hoy se sigue exigiendo el tratamiento de la ley en el Congreso. El gobierno responde con acciones de disuasión. Votaron recientemente una ley de manejo de fuego que es regresiva a la legislación actual y en comisión de ambiente dieron dictamen unificado para la ley de humedales, quitando la penalización a quienes incendian en un claro guiño al extractivismo. Cuidar nuestros humedales, ríos y territorios no están en la agenda de este gobierno.
Lo que queda en evidencia es que el avance de las fronteras del agronegocio responde a la necesidad de acumular divisas para el pago de una deuda externa ilegal e ilegítima y obtiene el impulso de políticas de estado que se vieron reflejadas en el anuncio del “Plan agroindustrial 2020-2030” .
Este Plan proyecta por 10 años la expansión de un modelo que despoja, concentra la tierra y los modos de producción bajo la premisa de las ganancias y no de las necesidades sociales. La expresión máxima de esta orientación llegó el 9 de octubre al boletín oficial. Ese día quedó aprobado para nuestro país la utilización del primer trigo transgénico. El trigo es de los alimentos base de la dieta argentina y con esta acción Fernández y su gobierno les entrega a las corporaciones como Bioceres-Indear (Grobocopatel) nuestra salud y nuestra soberanía alimentaria. El rechazo fue masivo, no solo de quienes luchamos para recuperar lo que es nuestro, sino también de más de 1000 científicos argentinos, universidades públicas y expresiones internacionales que rechazan de lleno la introducción de ese trigo a sus países mediante las exportaciones.
Como si no alcanzara con el agronegocio, en Loma Campana yacimiento en Vaca Muerta, Fernández anunció el “Plan Gas Argentino 2020-2030”. Este plan busca inversión para profundizar un modelo petrodependiente de fomento a la extracción de gas por el método de la fractura hidráulica, el Fracking. Sobradas son las pruebas científicas que muestran la relación de la crisis climática con economías atadas al petróleo. El calentamiento global y sus consecuencias van de la mano de políticas que profundizan la extracción de gas y petróleo de maneras contaminantes y no favorecen una transición a energías alternativas. De más está alertar los problemas sociales de este tipo de explotación. El despojo de tierras ancestrales a comunidades indígenas y la no participación de las comunidades en la toma de decisiones son algunas de las consecuencias sociales que debemos visibilizar. Toda esta orientación se coronó con la aprobación del aporte extraordinario a las grandes fortunas, la expresión máxima del doble discurso. En un año donde Fernández expresó en reiteradas oportunidades que el acceso al agua es un derecho humano, que podemos producir sin contaminar o sus voceros como Hensel apelaban a una minería sustentable, aprueban un aporte único bajo el discurso de sacarle a los que más tienen para destinar un 25% de lo recaudado a la extracción de gas mediante fracking acentuando un modelo contaminante y saqueador.
Soberanía y ecosocialismo para salir del extractivismo
En las movilizaciones callejeras de este año se vio un cartel que expresa con claridad la orientación política de los partidos del gobierno en nuestro país. “Por más que se vistan de verdes, todos son extractivistas”. La crisis actual exige un cambio de rumbo. El tiempo para la transformación productiva es ahora. Como socialistas advertimos un proceso de ruptura metabólica entre nuestras actividades y la naturaleza. Recuperar un metabolismo social y natural se vuelve una tarea central. En este sentido es necesario romper toda orientación extractiva. El primer paso en este sentido tiene que ser recuperar la más amplia participación democrática de la población y que el control de la producción la tengamos las y los trabajadores para que sean las necesidades sociales las que primen frente a las ganancias capitalistas que representan las necesidades de una minoría. Qué, cómo y dónde producir tiene que ser una decisión de las poblaciones, esta perspectiva ecosocialista es la garantía para que en nuestro país tengamos la soberanía energética, productiva y alimentaria que tanto necesitamos.
