El 30 de abril vence la prórroga otorgada en 2010 por el gobierno de Cristina Kirchner a la empresa que administra, controla y realiza las tareas de mantenimiento de la Hidrovía Paraná Paraguay en el tramo argentino, Hidrovía S.A. Antes, el contrato firmado en 1995 por Carlos Menem había sido prorrogado por Duhalde, el presidente que completó parcialmente el mandato de De La Rúa, derrumbado por el Argentinazo. Así un contrato con vigencia por 10 años sobrevivió 25. Un cuarto de siglo en el que se consolidó, de manera perjudicial para el país y el pueblo, el modelo extractivista y de saqueo iniciado por la dictadura y completado por la infame década del peronismo en versión menemista, de la cual esta privatización fue una condición necesaria.

Escribe: Carlos Carcione

El consorcio integrado por la belga Jan de Nul y la local Emepa factura anualmente por sus prestaciones más de 200 millones de dólares. Lo hace cobrando peajes de acuerdo a una TRN (Tonelada de Registro Neto) en dólares que desde la firma del contrato en 1995 y hasta 2014 se multiplicó por tres en términos absolutos, pasando de 0,98 a 3,06 dólares por TRN. Según el Ministerio de Transporte, Meoni, transitan anualmente por esa vía 4600 embarcaciones que transportan más del 75% de las exportaciones y el 90% de las importaciones del país.

La promesa de Alberto Fernández de no prorrogar el contrato y hacer una nueva licitación nacional e internacional ratifica la voluntad de mantener bajo control privado y sin vigilancia ninguna por parte del Estado la navegación de carga en los 820 km. que atiende la empresa Hidrovía S.A. entre el Río de la Plata hasta Confluencia en Corrientes.

La estructura del despojo en el comercio internacional

La privatización de uno de los cursos de agua más importantes del mundo como es el Rio Paraná para convertirla en una vía privada para transporte de mercancías, es una condición necesaria del modelo de despojo que sufre el país, aunque no es la única.
La relación del país con el mercado mundial desde el menemismo está marcada, al menos en su sector exportador y sin mencionar en este artículo otros aspectos, por tres pilares: la siembre directa y la sojización de la producción agrícola, con la dependencia de agrotóxicos y semillas genéticamente modificadas. Que han llevado a que el comercio de esta producción se concentre en manos de seis grandes multinacionales de exportación, poniendo también en sus manos el manejo, sin control estatal, de los dólares que ese comercio representa. Esto también requirió la eliminación de los organismos de control estatales, de administración y regulación de la producción y comercialización y fijación de precios de granos y carnes.

Un segundo elemento clave de este modelo es la privatización de los puertos, todos los puertos comerciales del país y en especial los que están sobre el Río Paraná están en manos de las mismas multinacionales que concentran la compra de lo producido y exportan ya sea en granos o en productos industrializados básicos como pellets de harinas o aceites, biocombustibles y otros derivados.

En tercer lugar la eliminación y el desmantelamiento, de la Marina Mercante Nacional, la flota de Bandera que garantizaba el transporte de una parte fundamental de las exportaciones argentinas y que más allá de obligar a la dependencia de buques de bandera extranjera en todo el comercio internacional, provocó entre otros efectos colaterales el casi total desmantelamiento de la industria de los astilleros en el país.
Pero la privatización del río es una necesidad para este esquema porque garantiza la fluidez de los negocios de las corporaciones del agronegocio y del resto de los exportadores e importa-dores. Convierte la soberanía argentina sobre el río en un papel mojado cuando el estado no sabe ni puede controlar más allá de las declaraciones juradas de la empresa que opera la hidrovía, ni cantidad ni características ni volumen de los bienes transportados, además de ser uno de los pocos negocios que se desarrollan en la geografía del país que realizan directamente en dólares, sobre los que el estado no tiene tampoco control. El esquema de despojo se complicaría con el fin de la concesión del Rio Paraná como una simple plataforma de extracción de mercancías.

Extractivismo y destrucción ambiental

Pero no es solo soberanía lo que cede el gobierno de Fernández y Cristina al volver a privatizar la hidrovía una vez vencida la concesión, hay además consecuencias económicas y ambientales graves.

Anualmente circulan por el canal 70.000 millones de dólares del comercio internacional de la Argentina, lo que significa un 60% del total de ese comercio. Pero esto surge de los informes de las corporaciones. Hay estudios que indican que también todos los años el país pierde, sin necesidad de nuevas obras, más de 10.000 millones de dólares (para otros como la ex diputada Alcira Argumedo, sería muy superior a esa cifra) y esto sin contar la evasión y el contrabando, que como está demostrando la investigación sobre la quebrada Vicentin sería también cuantioso. Esto surge si se toma en cuenta los sobrecostos por flete, los pagos por servicios a Montevideo al no estar habilitado el canal Magdalena que desembocaría al Río de la Plata por Argentina y por falta de control pesquero. Además del trafico proveniente de Paraguay y Brasil que circulan libremente por el Paraná hasta Palmira sin pagar peaje ni ser controlado, con producción agrícola y minera, exportada de ese país por las mismas corporaciones que saquean al nuestro.

Desde el punto de vista ambiental, la depredación no es menor que la económica o la de pérdida de soberanía. Como explica en una entrevista reciente para Periodismo de Izquierda la investigadora del CONICET Gisela Rauch, la hidrovía depreda el ambiente en dos sentidos relacionados. Uno específico de la obras que ésta supuestamente requeriría como la profundización de cauce de 33 a 38 metros, para que los buques transoceánicos que, en la actualidad cargan media bodega o el 60% de las mismas, puedan cargar el 100%, esto destruye sin posibilidad de recuperación la biodiversidad del río. Pero, al mismo tiempo, incentiva una ampliación todavía mayor de la frontera agrícola, con su secuela de desmonte, inundaciones, contaminación por agrotóxicos de suelos y aguas y agotamiento irreversible de las ventajas de esos suelos. Y, por otra parte, el costo que asumen las comunidades que viven en esos territorios como enfermedades incurables y destrucción de su hábitat y de sus prácticas productivas.

La defensa del Río, que han empezado a levantar movimientos ambientalistas y la defensa de la soberanía y contra el saqueo económico del país que denuncia otro sector de organizaciones, deben unirse en una sola lucha, que al tiempo que evite una nueva entrega de del Paraná, debata, se organice y pelee para poner en pie un modelo productivo verdaderamente alternativo.

Un proyecto anticapitalista y ecosocialista

Como ocurre con la minería a cielo abierto, con la cementación bestial de las ciudades en detrimento de los espacios verdes y públicos, con la agroindustria asentada en la expansión de la frontera agrícola a base de agrotóxicos, desforestación salvaje y concentración de la tierra, con la matriz energética a base de combustibles fósiles, también sucede con la manipulación y agotamiento de los cursos de agua como el caso de la hidrovía. Estos efectos ambientales son una cara de la moneda del capitalismo imperialista en su versión decadente, senil. La otra es el saqueo económico de los países, la superexplotación de los trabajadores, la opresión y miseria de los pueblos. Por esto un verdadero proyecto alternativo debe ser anticapitalista, ecosocialista.

La lucha por recuperar plenamente la soberanía y el dominio sobre el Río Paraná, parte en primer lugar por rechazar una nueva licitación para reprivatizar la hidrovía, pero debe estar acompañada por la lucha el control y el monopolio estatal del comercio internacional, la recuperación de flota mercante de Bandera y los medios estatales de circulación de bienes como los ferrocarriles y una verdadera reforma agraria al servicio de la producción de alimentos sanos.

En la construcción de este nuevo modelo productivo deben participar democrática y activamente los trabajadores con sus organizaciones, las comunidades que habitan esos territorios y los militantes y organizaciones ambientales.