La marcha del 10 de marzo a Plaza Congreso contra el acuerdo gobierno-FMI incluyó incidentes, represión policial y una serie de detenciones que continúa hasta hoy. Antes hubo hechos similares en Jujuy y otras provincias. Esto confirma que, aparte de ajuste y entrega, los pactos con el Fondo Monetario siempre traen un apriete represivo.

Escribe: Pablo Vasco, CADHU-MST

El pasado lunes 21, en la sede porteña del SerPaJ, se realizó una conferencia de prensa unitaria convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia para repudiar la represión y exigir la libertad de los detenidos y el cese de la persecución política, ya que hasta hoy la justicia sigue librando órdenes de captura. Entre otros referentes sociales, políticos y de derechos humanos, participamos Cele Fierro y quien escribe.

Los compañeros detenidos hasta el momento son tres: Oscar Santillán, defendido por Rosario Fernández y Gustavo Franquet, de la Gremial de Abogadxs; Jaru Rodríguez Carrero, defendido por Martín Alderete, de CADEP, y Julián Lazarte, defendido por María del Carmen Verdú, de CORREPI. Intervienen un juzgado federal y otro porteño, que se disputan las causas entre sí.

Más allá de las particularidades de cada caso, los cargos que les imputan son daños, lesiones y atentado y resistencia a la autoridad, así como intento de homicidio, intimidación pública agravada y asociación ilícita. La novedad política, que el mismo día 21 anunció el abogado Gregorio Dalbón, es que Cristina Fernández se presentará como querellante «ante el atentado artero y premeditado ocurrido en su despacho». Así, el ala «progre» de la coalición gobernante se suma a la persecución.

Aparte de lo burdo y absurdo que resulta considerar atentado artero y premeditado a un vidrio roto que por azar resultó ser de la oficina de la vicepresidenta, y de acusar de intento de homicidio a alguien por una botella que cayó al pie de un policía, el uso arbitrario de las figuras jurídicas de intimidación pública agravada y asociación ilícita es una señal muy preocupante.

Ambos tipos penales tienen una pena de tres a diez años de prisión. O sea que no son excarcelables, ya que el límite para ello es de tres años. Pero además, la justicia federal y la porteña, al imputar a una persona, pretenden criminalizar a la organización. Ése es el verdadero objetivo político. ¿Hubo una protesta con incidentes y se rompió algún vidrio? Pues bien: se castiga a la organización, sin más prueba que el vidrio roto.

Encima, disciplinar por hambre

El 16 de marzo, el ministro nacional de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, el mismo que hace un par de semanas anunció que el gobierno le ponía fin a las altas de planes sociales (como si la pobreza y el desempleo no crecieran), tuiteó sin vergüenza alguna: «Supimos que uno de los detenidos por el ataque al despacho de @CFKArgentina era beneficiario de Potenciar Trabajo desde noviembre de 2018. Ya lo dimos de baja. La sociedad argentina los ayuda para que puedan trabajar, no para que atenten contra la vicepresidenta.»

Es decir, el gobierno «nacional y popular» del Frente de Todos, no conforme con que el compañero ya está bajo un injusto proceso penal, decidió quitarle la ayuda social de un día para el otro. Por si no está al tanto nuestro público lector, dicho plan Potenciar Trabajo es de 16.500 pesos al mes, 550 pesos por día. O sea tiene un carácter alimentario, apenas para sobrevivir malamente el beneficiario, y ni hablar si tiene esposa e hijos.

Es un mensaje político de advertencia, en sintonía ya no sólo con Patricia Bullrich y el macrismo sino directamente con Milei y Espert, que quieren liquidar todos y cada uno de los programas de ayuda social. De esta manera el gobierno busca intimidar a todos los movimientos sociales combativos, e inclusive a los que son afines al gobierno: si te movilizás para pedir trabajo genuino o un aumento del mísero monto del plan social, te reprimimos, te hacemos procesar por el atentado a las Torres Gemelas o por la guerra Rusia-Ucrania y encima te quitamos de un saque el (poco) pan de la boca a vos y tu familia.

Es una barbaridad autoritaria intolerable, digna de patrones de estancia de hace dos siglos, que castiga con el hambre el derecho democrático elemental a peticionar a las autoridades, consagrado en el artículo 14 de la Constitución nacional y en tratados internacionales que la Argentina debe respetar.

Defender los derechos democráticos

Junto con resistir y enfrentar el acuerdo gobierno-FMI y todas sus consecuencias de ajuste al pueblo y entrega del país, es parte importante de las tareas cotidianas de todas y todos los luchadores del país defender también los derechos democráticos: que no repriman los reclamos sociales, que no detengan, que no enjuicien ni encarcelen a presas y presos políticos o por luchar.

Ninguno de los derechos que conseguimos, sean un aumento salarial, derechos sindicales, sociales, de género o ambientales, fue un regalo del poder. Ésa es la verdadera historia, más allá de los relatos políticos oficiales. Todo avance, absolutamente todo, es el fruto de la organización obrera y popular y de la fuerza de la movilización en las calles.
Por eso decimos una vez más: basta de persecución política y de criminalizar las luchas, cierre de las causas contra activistas y anulación de las llamadas leyes antiterroristas, votadas de 2003 a 2010 bajo el gobierno K, que agravaron las penas. Libertad a Milagro Sala, Sebastián Romero, Oscar Santillán, Jaru Rodríguez, Julián Lazarte, Facundo Molares y demás presas y presos políticos y/o por luchar.