Quieren avanzar contra la protesta. El gobierno del Frente de Todos, como todo gobierno provincial independientemente del color o coalición que sea, busca demonizar la protesta social. Hay una ley general, cuando hace falta más ajuste, en este caso para contentar al FMI y las grandes patronales, los gobiernos buscan chivos expiatorios a quienes apuntar como culpables de todos los dramas. Por eso vemos discursos que apuntan contra los piqueteros, los trabajadores que salen a reclamar aumentos de salarios o contra los despidos, ambientalistas y pueblos originarios que piden por el fin del saqueo de nuestros bienes comunes, entre otros. Un intento por aplacar las luchas que van creciendo al calor de las políticas regresivas, de saqueo y sometimiento que ya tienen como saldo 19 millones de pobres.
Una forma de adiestrar la bronca. Los casos de criminalización, si hacemos un racconto, van creciendo. Podemos mencionar a los colectiveros de la Línea 620, que tras los hechos en la General Paz y Avenida Juan Manuel de Rosas donde tuvieron que soportar a Berni en modo “Rambo”, comenzaron a ser investigados por el gobierno de Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. Al punto de detener a dos trabajadores y secuestrar todos los legajos de los choferes de la línea en un allanamiento a la empresa. Lorena Torres y Martín Rodríguez en Mendoza son otro ejemplo. Militantes sociales de la Unidad Piquetera que fueron apresados en una acción por reclamar contra el ajuste a los programas sociales y la falta de alimento en los comedores que provoca la Ministra Tolosa Paz. Una muestra de que la falsa grieta tampoco existe en esta materia.
Justicia cómplice. Además de lo dicho, hay que sumar el accionar de la justicia clasista, cómplice en la demonización de la lucha social. Una muestra de esto es el caso de César Arakaki y Daniel Ruiz, dos militantes procesados y con condena de prisión por haber participado de las jornadas de 2017 contra la reforma anti-jubilatoria del macrismo. El fiscal Juan García Elorrio busca adjudicarles un crimen que no cometieron para dejar en claro que reclamar por una jubilación digna es un delito tipificado. Un hito de 1983 a esta parte, que el sistema judicial sancione a luchadores por la figura penal de intimidación pública. Otro ejemplo del accionar de la justicia es el que sucedió durante el mes de marzo, en Chubut, donde el juez federal Guillermo Lleral citó a 23 procesados por el corte de la ruta nacional Nº 3 del pasado 6 de mayo de 2021, quienes estuvieron luchando en defensa del agua y el territorio. Todo el andamiaje judicial se demuestra servil, dispuesto a defender los intereses de clases de los personajes con los que se reúne en el sur del país. Su carácter funcional es tal, que también aprueba la existencia de presos políticos como Milagro Sala, Betiana Colhuan Nahuel, Romina Rosas, Luciana Jaramillo, Celeste Huenumil y sus hijes, Facundo Jones Huala, a las presas mapuches y petroleros de Las Heras. De quienes exigimos la inmediata liberación.
Se arman para la represión. Los discursos de mano dura promovidos por Javier Milei, Espert, Patricia Bullrich y Sergio Berni, por poner algunos nombres, también vienen acompañados de políticas de militarización que se dan en todos los gobiernos y geografías del país. El caso emblemático es el de los barrios de Rosario y Provincia de Buenos Aires para combatir el narcotráfico y el crimen organizado que las mismas fuerzas represivas administran. También el gobierno nacional, personificado por Jorge Taiana, ministro de Defensa de la Nación, acepta la militarización fiscalizada por Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, de los espacios donde existen las reservas de litio en el país para garantizarles el saqueo a los capitales extranjeros y reprimir a quien se imponga ante el mismo. De forma paralela, Eugenio Burzaco, ministro de Seguridad de CABA, aseguró el desembarco de las pistolas Taser y afirmó que “para junio o julio, cuando la gente esté entrenada y capacitada las vamos a tener operativas”.
Los demonios somos todos. Mientras vivimos en un país donde los grandes empresarios fugan capitales a troche y moche, arman empresas off-shore evadiendo impuestos, otros desinvierten y vacían empresas que presentan servicios público, desfinanciando todo, y nunca son castigados por estas maniobras, las grandes mayorías somos las apuntadas por el cuerpo político y judicial que le administra el negocio a los primeros. Así, con el respaldo de grandes empresas mediáticas, buscan apuntar contra los piquetes por falta de luz, protestas por un compañero de trabajo asesinado, por el recorte en planes sociales y la falta de comida en los comedores, como por impedir que nos contaminen y rifen nuestro territorio. Se ocultan las razones justas de la luchas de los piqueteros, trabajadores, ambientalistas, feministas, etc. Y siempre se hace el acento en la demonización de las protestas de los mismos, sin discutir las causa que provocan las protestas sociales que se recrudecen en nuestro país.
Un derecho que funciona como motor de la historia. Pronto estaremos ante un nuevo aniversario del 1° de mayo, fecha que en 1886 llevó a la historia a los mártires de Chicago. Aquellos trabajadores y activistas que, en pelea por la jornada laboral de ocho horas, hicieron uso de la protesta para echar por tierra la superexplotación capitalista. Sólo por esa vía conquistaron lo que todos pensaban que era imposible. Lo mismo, más cercano en el tiempo, podemos decir de la última ola feminista en Argentina, donde por medio de la protesta se conquistó el aborto. Hoy, como ayer, frente a un ajuste fondomonetarista recargado bajo la administración del ministro Massa y el silencio cómplice de los Fernández y contra las variantes propatronales que se alistan a querer tomar el mando bajo el mismo rumbo, hay que reivindicar y practicar el derecho a la protesta. La única herramienta que tenemos los trabajadores y mayorías sociales para cambiar el rumbo de la crisis, para hacer nuestra propia historia, para pelear por un mundo donde la explotación y la represión hacia los de abajo no sea regla.
