En un contexto de ataques a la educación pública, el 7º Plenario Provincial de Delegados de los SUTEBA combativos resolvió -por unanimidad- «rechazar las nuevas manifestaciones de la reforma educativa, hoy concentradas en el Régimen de Primaria y el ataque al nivel inicial de la mano de la ley de jardines comunales» o ley de ‘maestros sin título’ como se la difundió.

Vergonzosamente esa ley tuvo el voto positivo del diputado bonaerense del FIT (Castillo-PTS). Una nueva capitulación en materia «educativa» del FIT. Para defender tal voto hecho a espaldas de la docencia, el PTS argumenta: «Esta ley no es una salida de fondo a la carencia de jardines maternales ni iguala completamente con los demás docentes la situación de quienes vienen trabajando precariamente en los jardines ‘comunitarios’, sino un parche, aunque contiene algunas mejoras laborales para quienes allí se desempeñan…» (7/10/14).
Luego de haber callado durante meses y ante la difusión de la ley y el rechazo que generó, PO salió a criticar. Aunque reconocen que «en junio, en su tratamiento en el recinto, Christian Castillo, diputado del FIT, votó a favor de esta ley». Pero es recién ahora cuando PO dice oponerse «porque precariza la educación» y denuncia que «el PTS reivindica los programas kirchne-ristas autogestionarios de los barrios» con ese voto…
Si lo consensuaron o no dentro del FIT no es lo que importa. Lo grave es que no consultaran ni informaran ni pusieran a consideración de la docencia, mostrando su concepción supra estructural de «políticos» o legisladores que se ven por encima de los trabajadores y sus necesidades.
A esa ley la votaron todos: desde el sciolismo y los K a la oposición conservadora (Massa, PRO, UNEN-FAP, UCR, GEN). Porque responde a la política de precari-zación laboral y privatización educativa de los ’90 que la Ley de Educación K profundiza al fijar que al Sistema Educativo lo integran «los servicios de gestión estatal y privada y de gestión cooperativa y social» (art 62º y 63º). Servicios que pueden prestarlos la Iglesia y «las sociedades, cooperativas, organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones, fundaciones, empresas y las personas físicas».
Estamos ante otra grave claudicación del FIT a las leyes burguesas contra la escuela pública como fue antes el ataque de PO hacia el PTS en Neuquén por un proyecto para anular los subsidios a las privadas que PO rechazó.
Si hay más de mil ‘jardines comunitarios’ es porque el gobierno desliga en los padres y las organizaciones sociales su obligación de garantizar la escuela pública, estatal. Por eso llamamos a derogar esa ley, a estatizar esos establecimientos, reacondicionarlos con presupuesto y personal docente e integrar al sistema formal a quienes vinieron asumiendo esa carencia. Para que se capaciten, tengan los derechos del Estatuto Docente y se acabe con la precarización laboral, la otra cara de la privatización educativa oficial.

Francisco Torres