Se aproxima el 7 de diciembre, fecha en la cual, según la decisión que adopte la justicia, tendría que comenzar el proceso de desinversión del grupo Clarín que apeló el artículo 161 de la Ley de Medios. El gobierno nacional, que viene ejerciendo una fuerte presión sobre la justicia para lograr que se materialice esta decisión, presenta este hecho como el inicio del fin de la mayoría de los males que aquejan al conjunto del pueblo. En realidad, se trata de una construcción de táctica política orientada a montar una polarización contra el grupo Clarín y lograr así recuperar la iniciativa y también -por supuesto- achicar un competidor político hoy como es el multimedios opositor.
Para empezar queremos señalar que el gobierno K impulsó la aprobación de la ley de medios con un único y exclusivo objetivo. tal como en su momento nosotros denunciamos oponiéndonos desde el principio: construir su propio monopolio comunicacional al servicio de propagandizar su gestión, encubrir la realidad de los problemas estructurales y manipular la opinión pública. Por eso, criticamos duramente la aprobación de esta ley planteando en su momento que hacía falta para superar la ley de la dictadura -y de los gobiernos patronales que se sucedieron del 83 a la fecha- una verdadera ley de democratización profunda de la comunicación en Argentina. No sembramos nunca la más mínima expectativa en la vocación “democrático-mediática” de este gobierno. De hecho, la esencia de la ley es que la autoridad de aplicación está controlada por el poder ejecutivo. Esto fue así desde el principio. También dijimos hace tres años que el gobierno se proponía habilitar con el nuevo marco y su absoluto control el ingreso Telefónica al negocio comunicacional. La realidad actual nos da la razón.
Por supuesto, del otro lado el grupo capitalista Clarín no expresa la voluntad popular, ni ningún interés progresivo desde el punto de vista de los trabajadores y el conjunto del pueblo postergado. Como empresa capitalista defiende el derecho al lucro. Por otra parte, lo que el kirchnerismo le garantizó hasta el 2007. Por lo tanto, ni el gobierno ni Clarín defienden en esencia la pluralidad de voces ni mucho menos.
Sin embargo, la realidad del campo mediático y de la propia aplicación de la tan mentada ley es bien distinta. Por eso, lo primero para aproximarnos a un comprensión política de lo que sucede hay que arrancar despojando el debate de la apariencia de doble discurso, chicanas y falsas polémicas.
El gobierno nacional hay que decir que miente cuando pretende instalar que la medida cautelar que favorece a Clarín sobre el artículo 161 de la ley impide la aplicación global de la misma. De hecho, desde hace tres años los medios alternativos y las organizaciones populares esperan la aplicación del articulado legal referido al otorgamiento del 33 % del espectro radioeléctrico a este sector que no está impedido por la cautelar de Clarín y que en los hechos supondría una expresión concreta de democratización comunicacional. Pero hay más para decir. No se hizo nada hasta ahora en relación a la legalización de los medios alternativos y peor todavía, cuando se los convoca se les exige pautas de sustentabilidad empresaria que no tienen nada que ver con su estrategia de construcción mediática. Como contracara se habilitaron plataformas digitales a la UOCRA -del buchón de la dictadura Martínez- y se amplía la privatización de las señales otorgando licencias a grupos tales como el que encabezan los empresarios Vila y Manzano, a Cristóbal López y otros capitalistas oficialistas sin trámite ni concurso, con completa discrecionalidad y un torrente millonario de pauta oficial que financia el negocio de los voceros mediáticos K.
Al mismo tiempo creemos que la política que hace falta para los medios de comunicación audiovisuales y para el objetivo de lograr la mayor democracia y participación popular en el camino de un real cumplimiento de la estrategia de pluralidad de voces en el espectro comunicacional es discutir un modelo verdaderamente democrático, donde no existan monopolios mediáticos privados ni tampoco oficialistas destinados todos a mercantilizar la información y a acallar las voces críticas e invisibilizar los reclamos obreros, populares, estudiantiles y de sectores medios que hoy existen y van en ascenso. Para ello planteamos la necesidad de avanzar en la propiedad estatal bajo control social de los medios fundamentales en el país.
Pero el objetivo de este gobierno está muy lejos de todo eso. Por eso, si logra imponer su ofensiva después del 7-D -y con independencia de nuestra valoración del grupo Clarín- se va a tender a consolidar un aparato mediático hegemónico oficialista que va a recortar más todavía la libertad de expresión y el ocultamiento de los reclamos populares. Hace falta discutir y luchar por otro modelo comunicacional al margen de los monopolios en pugna. En esto, resulta oportuno citar a León Trotsky que en 1938, durante su exilio en México y ante una campaña de la burocracia sindical controlada por el PC contra la prensa reaccionaria, escribió un texto que todavía hoy tiene vigencia. Allí sostenía:”Tanto la experiencia histórica como teórica prueban que cualquier restricción de la democracia en la sociedad burguesa, es, en último análisis, invariablemente dirigida contra el proletariado… Consecuentemente, cualquier ‘dirigente’ de la clase obrera que arma al gobierno burgués con medios especiales para controlar a la opinión pública en general y a la prensa en particular, es, precisamente, un traidor.(…) “Sólo los ciegos o los débiles mentales podrían pensar que como resultado de la prohibición de la prensa reaccionaria los obreros y campesinos se librarán de la influencia de ideas reaccionarias. En realidad, sólo la mayor libertad de expresión, de prensa y de reunión pueden crear las condiciones favorables para el avance del movimiento revolucionario de la clase obrera. (…) Es esencial emprender una incansable lucha contra la prensa reaccionaria. Pero los obreros no pueden permitir que el puño represivo del estado burgués sustituya la lucha que ellos libran mediante sus propias organizaciones y su propia prensa… El modo más efectivo de combatir la prensa burguesa es extender la prensa de la clase obrera.”
Por todas estas consideraciones desde el MST convocamos a toda la población a rechazar la política oficial en materia mediática no en defensa de tal o cual monopolio, sino para impedir que este gobierno antipopular siga concentrando en sus manos recursos mediáticos que utiliza contra los trabajadores y el conjunto de la población pobre.
Por esa razón, una vez más llamamos a impulsar con más fuerza todavía todos nuestros reclamos y a fortalecer una herramienta política amplia, unitaria y con propuestas verdaderamente transformadoras, como las que estamos construyendo junto al Movimiento Proyecto Sur, a nuestros compañeros de la CTA y a tantos otros con quienes apostamos a converger en pos de otro modelo de país sin monopolios de ningún tipo y con una verdadera democracia de los de abajo que incluya a fondo la pluralidad mediática ajena a los intereses capitalistas de toda naturaleza.