Bolivia. La reforma constitucional de 2009 incluyó el voto popular para elegir jueces. Primero, la Asamblea Legislativa elige una lista de precandidatos entre los de mayor mérito profesional; el 50% deben ser mujeres y debe haber candidatos de los pueblos originarios. Una vez aprobados por dos tercios de la Cámara, los candidatos hacen una «campaña» informativa que excluye todo compromiso ideológico o partidario. Luego se someten al voto ciudadano. Así se eligieron los miembros del Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo de Justicia, los de mayor relevancia política. Este mecanismo no incluye a los jueces penales y de primera instancia.
Estados Unidos. La mayoría de los Estados tiene algún tipo de selección popular de jueces, incluidos los de la Corte Suprema en 12 casos. En 7 Estados los jueces se votan en elecciones partidarias, junto con las de presidente o diputados. En otros 14, la elección es separada y los candidatos no exponen su pertenencia política. Otros 16 Estados aplican las elecciones de retención: a los jueces los nombran el gobernador o la Cámara legislativa y cada tantos años (en general 12) la población vota en un referéndum si el juez sigue o no. Además, como se ve en las películas, existen los jurados formados por vecinos sorteados: el jurado popular resuelve si el procesado es culpable o inocente y luego el juez dicta la pena.
Otros casos. En Japón, los jueces de la Corte son sometidos a plebiscito para ratificarlos o no. En la mayoría de los países de la ex URSS se votan los jueces de los tribunales inferiores, así como en algunos cantones de Suiza y municipios de Francia. En Colombia, Perú y Venezuela la población vota a los jueces de paz. También hay jurados populares o mixtos (escabinados) en Inglaterra, España, Francia, Alemania, Italia, Austria, Portugal, Bélgica, Suecia, Dinamarca, Noruega, Suiza, Brasil, Bulgaria, Rumania, Grecia, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Ceilán, México, Honduras, Malta, Costa Rica, Puerto Rico y Cuba, entre otros. Todo modelo tiene sus falencias, pero aun en países tan distintos la justicia es mucho más democrática que en la Argentina.