Esta derrota política tiene varias causales. En primer lugar, la creciente pérdida de base social por la emergencia de problemas estructurales no resueltos y la aplicación de medidas de ajuste. Hay un quiebre político de vastos sectores con el gobierno expresados en el malhumor popular y en la conflictividad social. Es evidente que le ha costado retomar la iniciativa y por más que fabricó un clima casi apocalíptico con el “7D”, se diluyó en su propia impotencia.
Pero la derrota tiene su génesis también en que fueron quedando al descubierto las verdaderas intenciones del gobierno y su Ley K llevando a la desilusión a muchos que tuvieron expectativas en que dicha norma abría una oportunidad para la necesaria democratización de los medios.
La letra chica al descubierto
Quedó en claro que intentó polarizar contra el grupo Clarín, al que años atrás incluso había beneficiado, no solamente para apuntalar su verso de “combatir a la derecha”, sino para achicar un competidor político de hoy, como lo es dicho multimedio opositor al servicio de fortalecer un multimedios pro-oficialista.
Quedó en claro que la “supuesta” desmonopolización o “plan de desinversión” es una gran mentira: se trata de la división en empresas más chicas, pero con dueños amigos y familiares. Una tendencia que se viene repitiendo en los “planes de adecuación” que se presentaron hasta el momento. El caso paradigmático y más escandaloso es el del Grupo Uno, de Daniel Vila y José Luis Manzano. Reconocido por el propio Sabbatella, el grupo se dividirá en 4 empresas independientes que se repartirán las licencias y zafarán de las “incompatibilidades”. Y se encaminan a salidas similares conocidos grupos oficialistas como el de Néstor Ick en Santiago del Estero, Indalo (de Cristóbal López) y Telecentro (de Pierri, ex funcionario menemista).
Quedó en claro tambien que todo este montaje no sólo supone una fachada para desarrollar un gran monopolio oficialista beneficiando a sus capitalistas amigos, llegando a habilitar un nuevo marco para el ingreso de Telefónica al negocio comunicacional. Demostrando que las multinacionales que operan las privatizadas, son sus amigos, sectores que se han beneficiado largamente, recogiendo fabulosas ganancias -a decir de CFK “en pala”- durante el período kirchnerista.
Y también quedó en claro, que no había ningún efecto democratizador como el que prometió a muchos sectores que genuinamente pensaron que era un avance y que las organizaciones comunitarias iban a poder disponer de frecuencias. El colmo de la mentira y la defraudación es que ni siquiera aplicó la letra de la ley cediendo el tan mentado 33% del espacio a las organizaciones, cuando nada, ni siquiera la cautelar se lo impedía. Por el contrario, no solamente le entregó frecuencia a Gerardo Martínez (UOCRA), burócrata amigo y denunciado por genocida, sino que a las organizaciones comunitarios y medios alternativos que se presentaron a licitaciones, le aplicaron pautas empresariales leoninas, impidiéndoles acceder a cualquier medio.
Por el contrario, tal como denuncia la Red Nacional de Medios Alternativos, el gobierno “no garantiza la democratización de los medios de comunicación” a la par que exige: “Sí a la multiplicidad de voces y discursos, no a la concentración privada o gubernamental”. En este sentido también quedó en claro que, además de todo lo dicho y, con la autoridad de aplicación controlada por el Poder Ejecutivo, este gobierno que despliega un creciente autoritarismo, también pretende controlar los medios, la prensa y manipular a la opinión pública.
Necesitamos un nuevo modelo comunicacional democrático
Aunque el gobierno va a insistir en sus objetivos pese a esta derrota y más allá del fallo de la Corte que se viene, el sainete de Sabatella frente a Clarín y los dimes y diretes jurídicos, la democratización de los medios es una asignatura pendiente. Se necesita una ley que sea verdaderamente superadora de la vigente desde la dictadura y sostenida por los sucesivos gobiernos radicales, del PJ y de la Alianza. Discutida ampliamente con las organizaciones obreras, populares y de la cultura y que ponga en pie un nuevo modelo comunicacional, de información y acceso democrático a la cultura.
Hace falta una ley que termine verdaderamente con el poder de las grandes empresas capitalistas de la prensa, colocando la mayoría de los medios de gran alcance en manos del Estado, bajo control de los trabajadores de los medios y la cultura, y con su participación directa en la planificación, diseño de contenidos y gestión. Que considere que el espacio radioeléctrico, y todas sus frecuencias son un bien público, propiedad del conjunto de la sociedad, que debería ser distribuido entre toda la diversidad de organizaciones sociales, culturales, gremiales, políticas, universitarias y populares en general para que todas ellas puedan expresarse libremente, sin ningún tipo de condicionamientos.
Deja una respuesta