El kirchnerismo, tanto durante Néstor Kirchner como con Cristina Fernán-dez ahora, insiste en que su gobierno tiene como «política de Estado» la defensa de los derechos humanos.
Primero hay que decir que la política de juzgar y castigar el genocidio cometido por la dictadura militar es una causa popular que se inició con la dictadura misma y que tuvo su vanguardia en las organizaciones de derechos humanos, sobre todo Madres, Abuelas y Familiares de Desaparecidos y Detenidos.
Durante la dictadura y los gobiernos posteriores, la actividad de los Kirchner en derechos humanos fue nula. En realidad, mientras amasaban una fortuna actuando como abogados de empresas financieras, hacían de cortesanos del general Oscar Enrique Guerrero, representante de la dictadura en Santa Cruz, y discípulo de Ramón Camps. En 7 años de dictadura no firmaron ningún hábeas corpus por un desaparecido y luego en 20 años de democracia no fueron a ninguna marcha de derechos humanos.
Sin embargo, en 2003, Kirchner, el que nunca había querido recibir a Hebe de Bonafini ni como intendente de Río Gallegos ni como gobernador de Santa Cruz, decidió, hábilmente y empujado por los reclamos populares, ampliar su escasa base social propia, apoderándose de una bandera prestigiada frente a las masas como lo era la de la lucha por el juicio y castigo de los genocidas.
Para lograrlo fue fundamental su política de cooptación de las dirigentes de Madres, Hebe de Bonafini, y de Abuelas, Estela de Carlotto. Así, con aportes materiales a esas organizaciones y colocando a esas dirigentes en el centro de la escena nacional, logró que las mismas encolumnaran detrás del gobierno K a las dos organizaciones de derechos humanos con más prestigio en Argentina y a nivel internacional.
En el marco de esa especulación, y empujado por las movilizaciones y reclamos derivados del Argentinazo del 2001 -entre los cuales estaba obviamente la exigencia del juicio y castigo a los genocidas de la dictadura-, el kirchnerismo decidió apoyar en el Congreso los proyectos de nulidad de esas leyes de impunidad que había presentado nuestra entonces diputada por Izquierda Unida Patricia Walsh.
A partir de allí comenzaron a avanzar más rápidamente los juicios que, en la mayor parte de los casos, ya estaban abiertos y en los cuales se había planteado la nulidad de las leyes de impunidad por inconstitucionales, El kirchnerismo, apoyado por los organismos cooptados, pretende presentarse como el único responsable de la celebración de los juicios, cuando la historia demuestra que solamente se montó en una larga y dramática lucha iniciada en 1976 por los familiares de las víctimas. Pero la política de derechos humanos del kirchnerismo se agota en el juzgamiento y castigo de los crímenes cometidos por la dictadura. Eso, en realidad, no es una política integral de defensa de los derechos humanos sino cumplir con la tarea que impuso el pueblo argentino y su lucha para sancionar crímenes ya perpetrados.
Una verdadera política de derechos humanos debe respetar los derechos y garantías democráticos del presente y ampliarlos día a día. El kirchnerismo, en cambio, desde que asumió el poder, reprimió luchas populares, sociales y de trabajadores en conflicto con un saldo de muertos, encarcelados y procesados. A ello se suma la sanción de la denominada «Ley Antiterrorista», una agravante generalizada de los delitos del Código Penal destinada a reprimir luchas populares y sociales.
El gobierno utiliza la cuestión de los derechos humanos como negocio político. Lo hace para encubrir su política de derecha en lo económico y social, mientras gobierna de la mano de la Barrick Gold, Monsanto, Chevron y los grandes grupos concentrados de la economía, tratando de reprimir de manera creciente las luchas que se dan en todo el país en resistencia a esas políticas.
Por eso debemos mantener la movilización y la denuncia contra este gobierno, también en el terreno de los derechos humanos, oponiéndonos a que usurpen y desprestigien esa bandera y esa causa, y para evitar que avance la represión contra los luchadores.

Marcelo Parrilli, abogado de derechos humanos, ex diputado porteño y presidente del CADHU