La postal que dejó el año saliente fue la de un gobierno En las últimas semanas, la presidenta ha utilizado bastante el twitter. Según parece, a través de ese medio sus declaraciones generan menos rechazo entre la población. Igualmente, y en busca de recuperar un poco la iniciativa política después de un fin de año bastante complicado, Cristina volvió a utilizar la cadena nacional varias veces. Es que con el “efecto Fragata” no le alcanza para revertir el deterioro político que viene sufriendo el gobierno nacional.

Sin que el orden cronológico sea exacto, Cristina Kirchner anunció medidas sobre el mínimo del Impuesto a las Ganancias, la intervención estatal al ferrocarril Belgrano Cargas y las metas educativas hasta el 2016, y asimismo se refirió nuevamente a la necesidad de democratizar la justicia. Claro que en su discurso sobre este último tema de la justicia cometió, seguramente sin saberlo, una metida de pata importante con el ejemplo que utilizó.

Cristina criticó un acuerdo entre la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios (Adecua) con seis bancos y financieras, que les permitió a éstos librarse de pagar 367 millones en indemnizaciones a usuarios estafados. Sólo el 0,9% de los afectados logró cobrar. Afirmó: “Un millón setecientos mil usuarios fueron perjudicados por esos bancos y los abogados de esa ONG, que dicen defender a los consumidores; lograron un acuerdo homologado por un juez. Me gustaría saber el nombre de ese juez… Los abogados, que deberían defender a los consumidores, cobraron por su maravilloso trabajo 15 millones de pesos, pagados obviamente por los bancos”. El papelón lo sufrió Cristina al otro día, cuando se supo que los tres abogados que criticó… ¡son todos funcionarios del gobierno K!

Si bien se explayó sobre el caso de Adecua -cuya titular Sandra González es cercana al ministro Julio De Vido-, la presidenta insistió con su objetivo de democratizar la justicia pero sin dar mayores precisiones: “Ya tenemos varios proyectos en mente y lo vamos a dar a conocer oportunamente”. Luego apenas mencionó al pasar “la designación y elección de jueces” y su “enjuiciamiento”. Aunque todavía Cristina no mandó ningún proyecto de ley al Congreso sobre reformas a la Justicia, cuando en diciembre lanzó el tema se rumoreaban algunas variantes: establecer el juicio por jurados, tomar examen cada tanto a los jueces o reformar el Consejo de la Magistratura, el organismo que interviene en la designación y remoción de los jueces.

Lo primero a decir es que democratizar la justicia es una tarea democrática pendiente desde hace largo rato. El juicio por jurados significa que un grupo de ciudadanos y ciudadanas, designados por sorteo dentro del padrón electoral, se encargan de establecer si el acusado es inocente o culpable y en ese caso luego el juez dicta la pena. Es una forma parcial de participación popular en la tarea de hacer justicia, en el caso de los juicios penales, ya vigente en numerosos países del mundo. Miren si estará demorada la Argentina, que todavía no ha puesto en práctica este mecanismo básico si bien está planteado… en la Constitución nacional de 1853. ¡Ciento sesenta años de retraso llevamos al respecto!

Pero si bien resulta imprescindible, la principal medida de democratización no es ésa. El mayor de los problemas del sistema judicial argentino es que, a diferencia de lo que nos enseñan desde chicos en la escuela, no es un poder independiente sino que depende en muy alto grado del poder político y sus pactos. Al presidente y vice (Poder Ejecutivo) y a los diputados (Poder Legislativo) los elige el pueblo, pero el Judicial es el único poder no electo por la ciudadanía.

Los jueces son nombrados y removidos mediante un complejo mecanismo a través de los Consejos de la Magistratura, integrados en su mayoría por representantes del poder político. ¿Cómo no van a ser “sensibles” a las presiones y los intercambios de favores, incluida la impunidad, con quienes los nombraron? ¿Cómo no van a sentirse todopoderosos si ejercen sus cargos de por vida, ganan sueldos de privilegio y sin pagar Ganancias, y encima tiene poder de decisión sobre la libertad y los bienes de todos los habitantes del país? No es casual que siempre castiguen a los ladrones de gallinas, pero jamás a los poderosos.

Para tener una justicia realmente independiente del poder político, los jueces deben ser elegidos mediante el voto popular, como en cualquier otra elección. Y lógicamente, también deben poder ser revocables por el mismo método: el sufragio universal. En general, los partidos de oposición al gobierno K no quieren oír ni hablar de esta propuesta. Critican al gobierno por derecha: cuando Cristina habla de “democratizar la justicia”, se quejan de intromisión y de aprietes. Es una posición reaccionaria, que omite concientemente una herramienta insustituible de democratización: la decisión del pueblo a través de su voto.

Este mecanismo se aplica en varios países. En Bolivia, por ejemplo, desde la reforma constitucional de 2009. Primero la Asamblea Legislativa elige a los precandidatos a jueces. Una vez aprobados por la Cámara, los candidatos hacen una “campaña” informativa. Así se votan los miembros de los principales tribunales. En los EE.UU., la mayoría de los Estados tiene alguna forma de selección popular de jueces, incluso los de la Corte Suprema en 12 Estados. En otros 21 Estados, los jueces se votan en elecciones simultáneas con las generales o separadas. En otros 16 Estados a los jueces los nombran el gobernador o la Legislatura y cada 12 años la población vota si siguen o no. En Japón, los jueces de la Corte son sometidos a plebiscito para ratificarlos o no. En la ex URSS se votan los jueces de los tribunales inferiores, así como en algunos cantones de Suiza y municipios de Francia. En Colombia, Perú y Venezuela se votan los jueces de paz. ¿Por qué no acá, desde la Corte Suprema hasta el último juez penal?

Como parte de democratizar más que limitada democracia, y como un paso hacia un cambio total del actual sistema, desde el MST sostenemos que es urgente democratizar la justicia mediante el juicio por jurados y la designación de los jueces por voto popular.