Hay que expropiar a los piratas
Luego del fracaso del intento del canciller Héctor Timerman para reunirse con su par británico William Hage, ya que los ingleses habían exigido que los representantes de los Kelpers estén presentes. Maniobra que ya conocía el canciller y contra la que protestó públicamente. Y luego de las brutales declaraciones de los colonos británicos que, respondiendo a los dichos del ministro de relaciones exteriores argentino, señalaron que era más probable que los argentinos plantaran su bandera en la Luna que en las Islas Malvinas, Timerman señaló que el gobierno argentino… por fin… iba a sancionar a las empresas petroleras que extraen petróleo del mar que rodea las Islas.
Hace ya casi dos años fue sancionada y promulgada por el Congreso por el voto unánime de sus miembros, el proyecto presentado por el diputado de Proyecto Sur Pino Solanas y luego convertido en la ley 26.659 “De exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina”. Esta ley prohíbe a las empresas que tengan actividad en nuestro país, o que estén asociadas a otras empresas que intervengan en la explotación petrolera en las Islas Malvinas, so pena de perder todo contrato, concesión o permiso para trabajar en el país y que sus bienes pasen al Estado Nacional. Lamentablemente esta ley no ha sido reglamentada aún por Cristina Kirchner.
Nueva mentira K
Durante la estadía de Timerman en Inglaterra, varios medios británicos dijeron, sin ningún pelo en la lengua, que en realidad el canciller argentino no tenía ninguna estrategia de confrontación para recuperar las Islas Malvinas, sino que su accionar era solo puro ruido para ocultar la grave crisis económica que atraviesa la Argentina con una inflación descontrolada.
Lamentablemente el accionar de los Kirchners en materia de soberanía hasta el momento les da la razón. Hagamos un breve repaso:
Si se quisiera defender nuestra soberanía, las grandes empresas de la megaminería contaminante en nuestra cordillera tendrían que dejar de operar en nuestro país, ya que los dueños de la Barrick Gold (que extrae oro en San Juan), de Gold Corp (que explota oro en La Alumbrera en Catamarca y en Cerro Negro en Santa Cruz) y de Anglo Gold Asanthi (que extrae oro en Cerro Vanguardia en Santa Cruz) son a su vez propietarios de grandes porciones del paquete accionario de las tres empresas que están extrayendo nuestro petróleo en Malvinas: la Rockhopper Exploration Borders & Southern Petroleum, la Desire Petroleum y la Falkland Oil and Gas.
Estos fondos financieros son el Bank of América, el fondo de inversión estadounidense TD Asset Management y el Banco Barclays, que aparte de poseer acciones de la Desire Petroleum, fue el banco designado por el entonces Ministro de Economía Amado Boudou, para negociar el canje de bonos de la deuda realizada en el 2010 por el Estado Argentino.
Estas son las razones por la que el gobierno argentino no reglamentó ni aplicó la ley 26.959 votada a mano alzada por todos los diputados y senadores K.
Cuando se cae el discurso y aflora la entrega
A estos hechos podemos sumarles muchos más, como la prorroga a la inglesa Panamerican Energy, que explota los yacimientos petroleros más ricos de nuestro país, de su concesión por 30 años, sin ninguna necesidad, ya que faltaban varios años para la renovación de la misma. Tampoco se denunció los vergonzosos acuerdos de Madrid firmados por el canciller de Menem, Guido Di Tella, el autor de las “relaciones carnales”, y que pese a ser totalmente funcionales a la perpetuación británica en las Islas Malvinas, han sido constantemente violados por los piratas ingleses, con la depredación de nuestra riqueza petrolera e ictícola.
Y si faltara algo a semejante entrega, la presidenta Cristina Kirchner alquiló para su reciente viaje a Cuba y al Sudeste asiático un avión a la empresa británica Chapman Freeborn, que tiene contratos con las tres empresas que extraen nuestro petróleo de Malvinas. ¡No tienen cara!
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