En su discurso de apertura de las sesiones del Congreso, la presidenta dedicó importantes párrafos a su propuesta de «democratizar la justicia». Luego se conoció un proyecto del gobierno sobre dicho tema, en donde se evidencia que quieren más control sobre los jueces. Referentes de la oposición llamaron a defender la justicia tal y como está hoy. En cambio, desde el MST somos categóricos: mientras dependan del poder político, seguiremos sufriendo un sistema judicial corrupto.

Cuando fracasó en su intento por imponer una Ley de Medios que está muy lejos de democratizar la comunicación, el gobierno utilizó su acto del 7D para iniciar a su campaña por la «democratización de la justicia».
A partir de allí, en varias apariciones, la presidenta insistió con ese concepto, criticando a la «justicia corporativa». Sus voceros en el Congreso y los medios oficialistas repitieron esos calificativos hacia los jueces.
Atrás quedaron los elogios a la «Corte independiente» de los primeros años de Néstor…
El análisis de los puntos centrales del proyecto K para la justicia muestra, una vez más, que entre sus dichos y sus hechos hay una tremenda distancia.

Los seguirá poniendo el poder

Si queremos encontrar la explicación a la corrupción que se extiende por todos los tribunales del país, hay que buscar la relación que tienen los jueces con el poder de turno.
La «familia judicial» es partícipe necesaria de negocios corruptos, amparando bandas criminales, narcotrafican-tes y tratantes de personas; y limpiando de culpa y cargo a los funcionarios gubernamentales que se benefician de las actividades de estos grupos.
Los casos de Marita Verón en Tucumán o Cromañón y Once en Capital -por nombrar sólo algunos- son la inocultable prueba de esa complicidad que se lleva puesta la vida de muchos.
Antes los jueces eran nombrados por decreto. Luego se resolvió crear Consejos de la Magistratura, donde entre jueces, abogados, senadores y diputados negocian y canjean los nombramientos, que se terminan convalidando en el Parlamento.
El proyecto kirchnerista propone que los miembros de ese Consejo sean elegidos por el voto popular. Y aunque no explique mucho más que eso, hay algo que queda bien claro: la gente podrá quizás elegir a los miembros de ese Consejo, pero seguirá sin elegir a los jueces y fiscales. Los candidatos electos terminarán decidiendo por su cuenta -o por cuenta de los poderosos- a los magistrados.
En resumen, a los jueces los ponía, los pone y con el proyecto de Cristina los seguirá poniendo el poder político mediante componendas. Por eso después los jueces les devuelven los favores con sus fallos de impunidad.

Los de abajo, de adorno

Con el argumento de que sólo ellos están preparados, desde los juzgados se defienden de toda participación popular en el funcionamiento y la administración de justicia.
Insultantes privilegios son justificados y ante cualquier debate sobre la participación del pueblo en juicios e investigaciones, las altas esferas se escandalizan y hablan de la «destrucción» de la justicia.
Junto a otras medidas, los juicios por jurados populares -cuyos miembros son vecinos comunes elegidos por sorteo dentro del padrón electoral- serían un espacio de participación con el que la sociedad iría siendo protagonista y además podría impedir fallos escandalosos como los que vemos todos los días.
Sin embargo dichos jurados casi no existen y allí donde los implementan, como en Córdoba, sólo son para algunos casos del fuero penal.
El gobierno y los referentes opositores por derecha rechazan la participación del pueblo en los juicios y se suman a la custodia de este sistema judicial medieval, que persigue ladrones de gallinas pero nunca encarcela a los entregadores del país.

Democracia es que el pueblo elija y pueda revocar a los jueces

Compartimos la bronca de enormes sectores frente a una justicia que siempre le da la espalda al pueblo trabajador. Y consideramos profundamente equivocada la posición de referentes políticos que, escudándose en las malas intenciones del gobierno K, proponen que sigamos soportando esta justicia para ricos y poderosos.
A la vez, afirmamos que el proyecto del kirchnerismo es un engaño más, cuyo objetivo es tener una justicia más adicta mientras hacen campaña electoral desvirtuando un reclamo legítimo.
Si queremos una democratización real, hay que darle plena participación al pueblo. En muchos países hay ejemplos de mecanismos democráticos, incluso para la Corte Suprema. Hay que elegir y poder remover a los jueces y fiscales por voto popular. Los magistrados deben tener un mandato limitado en vez de ser vitalicios y se deben terminar los privilegios, como no pagar Ganancias. A la vez, hace falta establecer los jurados populares en todos los fueros y a nivel nacional.
Sólo la participación popular puede abrir las puertas de un cambio democrático real en el Poder Judicial. Lo demás es demagogia electoralera.

Ignacio Tedesco